Un programa de emergencia para la crisis que se viene

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Ni tarifazo ni subsidios

Frente a la crisis internacional y su refracción en nuestro país que nos afecta cada día con más evidencia, lo que hace falta es tener un plan económico alternativo que cambie las reglas de juego actuales y encamine el país hacia un modelo emancipador que privilegie las necesidades de los trabajadores y las mayorías populares y termine con los privilegios y el poder de los grandes grupos empresarios, sean o no amigos del gobierno.

En primer lugar, hay que constatar un diagnóstico real de la Argentina bajo el kirchne-rismo. Como bien dijo Pino Solanas: “La Argentina es hoy un país en buena medida entregado e invadido por todo tipo de corporaciones trasnacionales que se llevan las riquezas que produce el pueblo argentino, se llevan los recursos estratégicos no renovables y sin control público, a simple declaración jurada. Y tenemos 700 mil niños desnutridos, que para el resto de su vida tendrán una limitada formación neurológica e intelectual, porque esta fábrica de proteínas canalla e hipócrita hasta los tuétanos, les ha negado el alimento necesario”.

Ante esta realidad, hoy combinada con la amenaza concreta de aumento de tarifas y precios de boletos en el transporte, más el pedido que los salarios no aumenten más allá del 18% según la presidenta, necesitamos definir cual es el norte del plan económico que hace falta y cuales son los objetivos del mismo.

En primer lugar, planteamos que la quita de subsidios a un pequeño sector de las grandes empresas que lo recibían no alcanzan. Lo que hace falta es terminar con todos los subsidios a las grandes empresas y disponer de todo ese dinero para responder a las necesidades sociales del pueblo.

Por otro lado, en todos los servicios públicos como el agua, la luz, el gas o el transporte no se puede reducir el debate a si las empresas concesionarias tienen o no un subsidio del estado. Nuestra propuesta es que precisamente se revisen inmediatamente esos contratos, se constate que no han cumplido, y sobre todo, que se tenga como prioridad volver a poner los servicios públicos en manos del estado. Solo que a diferencia de otras épocas donde los funcionarios corrompieron las empresa estatales, esta vez se las reestatice bajo control de sus trabajadores y los usuarios. Y se mantengan precios populares para las tarifas y boletos de transporte.

Al mismo tiempo y como otra forma de que el estado tenga dinero para afrontar buenos servicios públicos sin necesidades de hacer ajustes ni tarifazos, hay que ponerles fuertes impuestos a los que más tienen. Terminar con esa injusticia que hace que quienes ganan fortunas estén eximidos de pagar impuestos.

Por último, para evitar la inflación necesitamos por un lado un salario igual al costo de la canasta familiar y reajustable trimestralmente. También aumentar los planes sociales, anular el IVA de los productos de primera necesidad alimentaria. Junto con eso fijar precios máximos y controlar desde el estado y junto a las asociaciones de vecinos, poniendo severas sanciones a quienes aumenten los precios.

Luchar por estas propuestas

Ningún aumento de tarifas. Prohibición inmediata de todo corte de servicios y embargo a toda empresa que corte servicios o aumente las tarifas.

Las tarifas actuales no responden al interés del pueblo, sino a la tasa de ganancias de las empresas. Recalcular las tarifas a un valor justo, abriendo los libros de las empresas, fijando su precio acorde al costo real de producción e implementando una Tarifa social. En ese marco, reducción progresiva de los subsidios a los empresarios para volcar ese dinero a las necesidades populares.

La Energía es un derecho humano, un bien social y el Estado debe garantizar un servicio universal y de calidad. Hace falta un plan energético para mejorar las reservas del país y no para que exporten y hagan negocio las multinacionales. Por ello los recursos naturales y servicios públicos deben recuperarse para el pueblo.

Reestatización de las empresas privatizadas, sin indemnización y con control de trabajadores y usuarios.

Estas medidas deben ser parte de un plan económico obrero y popular para que la crisis la paguen los de arriba.


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