Algunos datos para no olvidar
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue el principal activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre 1922 y 1992, logrando expandir la oferta y la producción de energía en todas sus formas (combustibles derivados del crudo, gas natural y electricidad), diversificando el suministro eléctrico (sobre la base del gas natural que distribuía Gas del Estado, más la hidroelectricidad y en menor medida la nucleoelec-tricidad).
La privatización de YPF comenzó junto con el proceso de reformas que el gobierno de Carlos Menem llevó adelante durante su gestión de diez años entre 1989 y 1999. Su Decreto 2.778 del 31 de diciembre de 1990, reglamentario de la Ley 23.696, transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima. De esta manera, pasaba a dominio privado todo el capital social de la empresa, asumiendo el Estado nacional la deuda que existiera a esa fecha. El proceso de venta siguió en octubre de 1992 cuando, por la Ley 24.145, se privatizó el resto del capital social disponible de YPF S.A. y se transfirió a las provincias el dominio de los yacimientos de los hidrocarburos. El 24 de diciembre de 1992 YPF llegaba a su fin.
La presidenta, en aquellos momentos era diputada provincial en Santa Cruz y peleó fuertemente para que los legisladores santacruceños en el Congreso apoyaran la entrega de la empresa estatal más importante del país.
El proceso de extranjeri-zación continuó durante toda la década del ’90 para llegar al punto culminante en 1999, cuando se terminó de vender el paquete accionario del Estado. Antes de 1998, los activos de Repsol estaban repartidos de la siguiente manera: Industrialización y Comercialización 42 %, Gas 27 %, Exploración y Producción 23% (de los que la mayor parte corresponde a Producción). Los activos de YPF se componían así: Exploración y Producción 64 %, Industrialización y Comercialización 32 %. Se trataba de un negocio redondo para Repsol, ya que sus activos y los de YPF se complementaban perfectamente para llegar a ser una de las petroleras más grandes del mundo. YPF se reorganiza para servir a la rentabilidad de los accionistas de la petrolera española.
Por otra parte, si se comparan los esfuerzos exploratorios de los años ’80 con los correspondientes a la gestión privada, se observa una enorme brecha. La gestión estatal de YPF realizó en los años ’80 un promedio anual de 117 pozos exploratorios. La gestión privada entre 1999 y 2005 registra un promedio anual de apenas 26 pozos exploratorios, según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Los datos de la década de 1990 han sido falseados por las compañías petroleras, a sabiendas de los secretarios de Energía “menemistas”, para justificar el supuesto aumento de reservas inmediatamente tras la privatización de YPF.
El Grupo Petersen (Eskenazi) se mantiene con el 25% de las acciones de YPF. Ingresó a la empresa a instancias del gobierno kirchnerista. Para adquirir esas acciones recibió préstamos de la propia Repsol y de un grupo de bancos extranjeros, que Eskenazi acordó devolver con las utilidades futuras de YPF.
Aunque se ha hecho más evidente en los últimos años, la política de la multinacional española y también de su socio local Eskenazi ha convertido todo el dinero que obtuvieron de la producción en ganancias para los accionistas.
Repartieron ganancias por casi 1.000 millones de dólares, mientras la producción promedio de petróleo disminuyó un 4.9% y la de gas natural un 4.7% en 2008. Entre diciembre de 2007 y el mismo mes de 2010, la baja en las reservas fue del 15% en crudo y del 32% en gas, tendencia que continuó en 2011.
Lo mismo pasó con la producción promedio de las refinerías en 2009, que disminuyó un 5.4%.
A causa de toda esta política de entrega, después de 22 años de autoabastecimiento de combustibles, el año pasado nuestro país se vio obligado a tener que importar petróleo. Se estima que este año dicha importación insumirá alrededor de 12.000 millones de dólares.
Martín Torres