En barrios porteños como Constitución y Balvanera se pasean en jeans ajustados y tacos altísimos chicas a quienes, sin maquillaje, no daríamos más de 14 ó 15 años. A veces menores, a veces mayores, son mujeres con rostros siempre marcados por desesperanza; a pocos metros, sus proxenetas las vigilan. En la última década la trata para explotación sexual se ha vuelto una realidad cotidiana y palpable en todo el país, que llena los bolsillos de tratantes, policías y políticos asociados, y amenaza la seguridad general, en especial de las mujeres más jóvenes y pobres. En la Capital, Mauricio Macri no está exento de responsabilidad política al respecto.
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Según el Protocolo de la ONU, trata es la «captación, traslado y acogida mediante coacción, engañoso abuso de situación de vulnerabilidad, con fines de explotación». Esa explotación puede ser laboral, como en los talleres textiles clandestinos o la reducción a la servidumbre en zonas rurales, o sexual.
En un mundo donde los límites entre la precarización laboral «legal» y la «ilegal» reducción a la servidumbre son cada vez más difusos, la trata de personas se ha vuelto la otra cara de la globalización. Junto al tráfico de drogas y de armas, es uno de los principales negocios ilegales del mundo y se cobra cada año unos seis millones de víctimas.
En la Argentina no hay estadísticas sobre la cantidad de víctimas. En las causas presentadas, tampoco se desglosa el tipo de explotación, laboral o sexual. No obstante, hay informes internacionales que alertan sobre el aumento local de ambos fenómenos.
Las situaciones de trata se visibilizaron con el incendio de un taller textil de Flores, en 2006, y con el caso de Marita Verón, gracias al trabajo incansable de su madre, Susana Trimarco, y de la Fundación María de los Ángeles. Según una reciente investigación de la periodista Lydia Cacho, en nuestro país funcionan cerca de ocho mil prostíbulos. Tan sólo en la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación La Alameda ha verificado la existencia de unos mil.
Las víctimas
El 98% de las victimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, mayormente argentinas, paraguayas y en menor medida dominicanas. Según el informe La trata sexual en Argentina, elaborado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), casi todas provienen de hogares muy pobres, a veces con varios hijos a cargo, con antecedentes de abuso o maltrato familiar, y sobre todo de pueblos chicos, con poca o ninguna perspectiva laboral.
Ante esa falta de opciones, muchas aceptan propuestas laborales engañosas y que las alejan de sus familias y redes de contención. Así, y a fuerza de drogas y violencia física, sexual, psicológica, quiebran a la victima. Esto demuestra la relación del delito con el control que la sexualidad femenina tiene en nuestra sociedad, en donde los hombres pueden acceder a los cuerpos de mujeres y niñas en el “mercado” del sexo; también confirma que la pobreza y la desigualdad social implican mayor vulnerabilidad frente a la trata.
La trata es un delito que genera alta renta con poca inversión. Eso permite que, en la Argentina, estas redes sean relativamente poco «profesionalizadas» y organizadas, sin autonomía operacional respecto del Estado, en especial de las fuerzas policiales y de seguridad. Quienes deberían prevenir y perseguir el delito lo amparan y hacen parte de su estructura: no toman las denuncias, avisan los allanamientos o hasta funcionan como “seguridad” de los locales de trata. Esos vínculos naturalizan la actividad, desdibujan los límites entre lo legal y lo ilegal e incluso distorsionan la percepción de las propias victimas sobre su situación.
Al amparo del poder
En 2008, el creciente activismo y denuncia social llevaron a la sanción de una ley nacional, que tipificó el delito según el Protocolo de la ONU y lo incorporó al Código Penal. Sin embargo, presenta varios problemas. Los operativos de intervención en denuncias de explotación sexual son deficientes, las mujeres que ejercen la prostitución -por trata o por voluntad- se sienten violentadas y el Estado no les ofrece luego protección y reinserción. En no pocos casos, eso las empuja de vuelta a las mismas redes.
Además, ONGs y la propia UFASE denuncian vinculación entre jueces, fiscales locales, comisarías y los lugares de explotación. Esto se traduce en dilación de los allanamientos y descarte arbitrario de posibles situaciones de trata. Hace poco AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina) denunció que últimamente, a causa de supuestos procedimientos anti-trata, la no discriminación entre explotación sexual y prostitución voluntaria ha empujado a muchas mujeres a las manos de proxenetas y redes. AMMAR denuncia también haber perdido el rastro de muchas mujeres ligadas a esa asociación, que trabajaban en locales bonaerenses allanados y fueron “liberadas” por la policía…
La responsabilidad de Macri
Así como las inspecciones contra talleres clandestinos son discrecionales, el Gobierno de la Ciudad encubre el funcionamiento de locales porteños en donde hay explotación sexual y probablemente trata. En 2009, por la denuncia que presentaron lox compañeros de La Alameda, la UFASE inició la investigación de 41 locales nocturnos con antecedentes. El gobierno porteño los habilita como whiskería, boliche bailable o cervecería.
La megacausa penal la lleva la jueza Servini de Cubría e involucra a 90 policías de la Federal, entre ellos 6 comisarios y 15 subcomisarios, de 12 comisarías, que hicieron incontables actas falsas: hay algunos pasados a disponibilidad, pero ninguno preso. Mientras Gendarmería y Prefectura confirmaron la existencia de explotación sexual, la vergonzosa respuesta de la Agencia Gubernamental de Control es que sus inspectores «no encontraron infracciones» y que no pueden actuar hasta que no finalice la causa penal…
La solución no son leyes cosméticas, carentes de fuerza y recursos reales. Junto a denunciar las complicidades del poder, es preciso exigir la puesta en marcha de un verdadero plan de acción, que reste poder a las fuerzas policiales cómplices y ponga todos sus operativos bajo el control de las organizaciones sociales de lucha contra la trata y de derechos humanos.
Hacen falta también servicios adecuados de refugio y programas de contención protección y rehabilitación física y psicológica, y de reinserción social, habitacional y laboral para las víctimas.
Sólo la lucha popular contra la trata logrará que las víctimas de la trata y la explotación sexual dejen de ser mercancías y vuelvan a ser mujeres y niñas con todos sus derechos.
