La corte suprema emitió un fallo en el mes de mayo de este año que fija como límite para el 7 de diciembre como plazo para que el grupo Clarín “complete el proceso de adecuación” a la ley de medios desprendiéndose de licencias que hoy tiene en propiedad. Esta fecha ha sido elegida por el oficialismo para construir una nueva iniciativa seudoprogresista de polarización contra “la cadena del desánimo”. Es fundamental analizar en qué escenario político se llega a esa fecha y volver a poner blanco sobre negro el significado de la ley de medios aprobada en 2009
.
.
.
.
.
.
.
Lo primero para repasar es el conjunto de eslóganes con los cuales el kirchnerismo “vendió” socialmente la nueva ley de medios: “que era su ley o la de la dictadura”; “que venía a democratizar la palabra”; “que iba a garantizar la pluralidad de voces”; etc.
Un breve repaso a modo de balance arroja conclusiones opuestas a la estrategia que decía perseguir la nueva legislación:
*Primero, que se construyó un verdadero monopolio oficial de medios de escala incluso superior a Clarín. Para graficar esta afirmación digamos que entre el canal estatal y los medios privados oficialistas el kirchnerismo controla el 80 % por lo menos del espectro audiovisual (C5N, América 24, Crónica, Canal 26, CN23, Telefé, Canal 9). En esos medios se escucha la voz del oficialismo casi exclusivamente.
*Segundo, la normativa de la ley estipulaba “que tendía a evitar la discrecionalidad en el manejo de la pauta oficial” y la realidad es concentra en los medios K más del 90% de la publicidad oficial que se reparte por decenas de millones pesos anualmente
*Tercero, la autoridad de aplicación de la ley, del otorgamiento de licencias y de pauta oficial, está sujeta al poder ejecutivo sin control social de ningún tipo
El kirchnerismo no cumple ni siquiera con su propia ley
Aplicada a rajatabla, esta la ley de medios dejaría fuera de carrera a importantes aliados mediáticos del gobierno nacional. La hipocresía y el doble discurso son escandalosos: Telefé por ejemplo, cuyo accionista es Telefónica, por la incompatibilidad de tener un accionista mayoritario extranjero, que además es licenciatario de servicios públicos tendría que “desinvertir”. O Canal 9, cuyo dueño Remigio González González es extranjero o el caso de América TV, cuyo accionista mayoritario tiene participación en una empresa de energía provincial, y eso también está prohibido por la ley de medios. Ocurre que el gobierno nacional, después de haber construido una sólida alianza con el grupo Clarín –recordemos que hasta poco antes de las elecciones del 2007 Néstor Kirchner autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal- con el conflicto agrario se distanció políticamente y le hizo la cruz. A partir, la batalla es por reducirlo a su más mínima expresión y seguir fortaleciendo su propio monopolio mediático
Cristina llega al 7 D en un muy mal momento
La coyuntura que atraviesa el gobierno nacional es de crisis aguda. Desde hace semanas francamente no da pie con bola. Ya en otros artículos de esta prensa explicamos las causas. Pero a los efectos del tema que estamos abordando, la realidad es que redoblar la apuesta contra Clarín es levantar un opositor de envergadura –ausente entre los partidos de la oposición reaccionaria- y que puede terminar canalizando una enorme simpatía social como contracara del hartazgo frente al cristinismo en el poder. Está claro que Clarín no expresa la democracia ni los intereses populares. Es una empresa capitalista cuya ubicación política depende de qué esquema de alianzas le garantice la continuidad de sus negocios. El gobierno apuesta a construir polarización contra Clarín hacia el 7 D y volver a entusiasmar a propios y extraños. Clarín buscará ganar tiempo hasta el 2015 apostando al cambio de escenario político en el terreno electoral. La resolución de la corte suprema es ambigua y expresa que esa institución políticamente no quiere quedar enfrentando a nadie “por si las moscas”.
Hace falta otro modelo comunicacional, de información y acceso democrático a la cultura
Un proyecto de verdad democrático en el terreno comunica-cional tendría que terminar con el poder de las grandes empresas capitalistas de la prensa colocando la mayoría de los medios de gran alcance en manos del Estado, bajo control de los trabajadores de los medios y la cultura, y con su participación directa en la planificación, diseño de contenidos y gestión. Ese modelo tendría que contemplar además presupuesto para créditos y subsidios que incentiven el desarrollo de miles de medios y emprendimientos independientes del gobierno y las empresas. Garantizar el paso a la digitalización, asumiendo los costos y readecuaciones técnicas, ya que de no ser así se vuelve dificultoso o inviable para muchas iniciativas independientes. Invertir recursos y un plan coherente para el desarrollo de la cultura y el cine nacional, a la altura de las necesidades socioculturales del país, y sin persecuciones contra artistas críticos del gobierno de turno. Y, si bien excede al debate de este proyecto, también modificar la cadena de producción y comercio de papel en serio e invertir en imprentas de alta capacidad, bajo planificación estatal, en favor de las publicaciones gremiales, estudiantiles, barriales y populares garantizando el acceso a todas las corrientes de pensamiento al beneficio de las mismas. Indudablemente, para avanzar en ese camino hace falta integrar esta propuesta a un programa integral de reorganización general del país sobre nuevas bases económicas, sociales, políticas y culturales. Esa es nuestra perspectiva de lucha