El pasado viernes el juez Bonadío dicto un fallo muy importante en la causa de la masacre de once donde murieron 51 pasajeros y más de 800 resultaron heridos producto de la desinversión criminal de la empresa TBA en el ferrocarril Sarmiento.
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El fallo demuestra que no hubo falla humana, se sobreseyó al compañero maquinista Córdoba, sino una trilogía siniestra compuesta por TBA, el gobierno y dirigentes sindicales.
Es decir, da por tierra la política K de los últimos 9 años, rechaza la teoría empresarial y de los funcionarios detrás de cada accidente donde siempre había falla humana o ante las rebeliones populares donde se quemaban trenes y estaciones se acusaba de sabotaje para ocultar el mal funcionamiento de los trenes. Todo esto, ahora, no lo dice la izquierda u otras organizaciones de oposición sino un juez amigo del poder. Esta es la contundencia del fallo.
Afirma, entre otras cosas, que los directivos de TBA, “por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado Nacional, generaron una ‘cadena de la felicidad’ destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas”.
Es decir el fallo afirma que TBA se robó los subsidios y los destino a la conformación de otras empresas, se prueba el robo de 50 millones de dólares de subsidios según los asientos contables de la propia TBA. Es una muestra de lo que paso con los más de 3000 millones que recibieron de subsidios y como se formo entre otros, el poderoso grupo Plaza. Por otro lado estos 50 millones hubieran servido por ejemplo para hacer un ramal diesel, hoy al borde del cierre, como el de Merlo-Lobos a nuevo.
Por este motivo procesó al clan Cirgiliano por el delito de malversación de caudales públicos y como jefes de una asociación ilícita fijando una fianza de 600 millones de pesos, asimismo proceso como organizadores a Carlos Ferrari, Carlos Lluch y Sergio Tempane, junto al vicepresidente de Cometrans Jorge de los Reyes y 6 directores.
Por la falta de control proceso a Ricardo Jaime, Pablo Schiavi y Ricardo Luna, entre otros de la Secretaría de Transporte. Y en el mismo fallo sobreseyó al maquinista Córdoba por considerar que lo comprobable fue la falta de seguridad en la formación que llevaba 2500 pasajeros.
Este fallo es un primer paso en la exposición de lo ocurrido, pero que como denunciaron los familiares de las víctimas es leve para los funcionarios públicos sin los cuales no se podría haber consumado el delito, deberían tener la misma caratula de asociación ilícita que los Cirigliano.
Son los responsables de que el estado hoy sólo sea dueño de chatarra y vías dobladas, en vez de cuidar la inversión fueron parte fundamental de la trilogía siniestra para lograr, como dice Bonadío, la “cadena de felicidad“ que enriqueció a los Cirgiliano y los funcionarios, pero asesino a los usuarios. Deben pagar con la cárcel y sus bienes.
Este primer paso fue producto de la consecuente lucha de los familiares de las víctimas, trabajadores y usuarios para que salga a la luz el verdadero motivo que provocó la masacre en once y que desnuda un accionar que no se limita al Sarmiento ya que se repite en todos los ferrocarriles y en todas las concesiones, como intentaron explicar los Cirgiliano en su defensa.
El fallo demuestra lo que siempre sostuvimos: las consecionarias no vienen a mejorar el servicio, mientras estén, continua la política de destrucción del ferrocarril. El gobierno rescinde el contrato de TBA, pero se los da a sus socios, la UGOMS, que hacen lo mismo. Hay que anular todas las concesionarias y reestatizar. Formar una comisión nacional de notables y personalidades, que inicie una gran campaña nacional por la recuperación de los ferrocarriles y fundamentalmente se debe avanzar en que sean controlados por los trabajadores y los usuarios. Hay que continuar presionando al gobierno para obligarlo a cambiar la situación de los ferrocarriles. Basta de concesiones que se enriquecen a costillas del pueblo.