“Julio Miranda ex gobernador de Tucumán, era empleado de la mafia de los Ale.” Así definió la relación con el poder, las mafias de la droga y la trata en su alegato José Dantona, abogado de Susana Trimarco.
Luego de nueve meses, el juicio emblemático por Marita Verón, que conmueve al país, está terminando. Acompañando a Susana, participé en importantes audiencias.
Hay 13 imputados, acusados solo de privación ilegítima de la libertad y promoción a la prostitución, ya que la ley de trata se promulgó varios años después del secuestro.
A lo largo del juicio declararon 110 testigos. Se fueron destapando las redes de explotación sexual, la mafia de Rubén “la Chancha” Ale -dueño del imperio de remises 5 estrellas-, de la que son parte su ex esposa María Jesús Rivero y Víctor Rivero, amparado por los gobiernos, y su relación con el poder judicial y policial, así como la conexión con la mafia riojana de los prostíbulos de Irma Medina y sus hijos, los mellizos Gómez.
“María Jesús Rivero era el cerebro, Ale ponía la plata y Julio Miranda era el empleado.” Esta brutal síntesis desnuda el poder mafioso, que manejaba impunemente la droga, la prostitución, el PJ y hasta el propio gobernador. No hay trata de personas sin complicidad del poder.
“Los prostíbulos riojanos eran campos de concentración.” Esa frase retumbó en la sala, mostrando cómo las testigos, víctimas de trata, quedaron seriamente afectadas.
La fiscalía pidió penas de 25 años para María Jesús y Víctor Rivero, Daniela Milheim, Alejandro Gonzalez, Irma Medina y sus hijos “Chenga” y “Chenguita” Gómez (como partícipes necesarios), 12 años y 6 meses para los otros 6 imputados (como partícipes secundarios) y la detención inmediata de todos. Hasta ahora siguen todos libres salvo Medina, a la que hace meses encontraron traficando cocaína.
La querella pidió condenas que van de 23 a 25 años, que se reabra la investigación y se acuse al ex gobernador tucumano Julio Miranda, a su subsecretario de Seguridad el comisario Julio Díaz, al ex secretario de la fiscalía Ernesto Baaclini que instruyó la investigación, al ex juez riojano Daniel Moreno, y a “La Chancha” Ale, 5 policías de La Ramada y otros.
La investigación que tomó en sus manos Susana Trimarco desnudó la complicidad entre el poder con las mafias. A 10 años recién hoy se pide el procesamiento de los funcionarios claves. Como dijo la querella, “el Estado hace 10 años que no puede devolverle su hija a Susana Trimarco”.
Es que nada ha cambiado en Tucumán, sigue el PJ, hoy gobierna Alperovich -ex superministro de Economía de Miranda- y, aunque el kirchnerismo reciba a Susana, no se desmanteló la corrupción del poder y la trata.
En pocos días termina el juicio. Si de verdad se quiere terminar con estas mafias, la condena debe ser ejemplar y avanzar en un nuevo juicio para juzgar a todos los autores y cómplices… que fueron y son parte del poder.
Lita Alberstein