Que los últimos meses del año terminen con movilizaciones, paros y cacerolazos no es ninguna casualidad. Expresa la ruptura de millones de trabajadores y sectores medios y populares contra la política del gobierno de Cristina de ajustarlos con el objetivo de pagar la Deuda Externa por un lado y seguir beneficiando a los grandes grupos económicos por otro.
Las intenciones del Gobierno, más allá de los discursos sobre “justicia y redistribución de la riqueza”, fue desde el primer momento descargar la crisis económica que día a día se instala con más fuerza. Así fue como a poco de asumir en octubre del 2011, anunció la quita de los subsidios para las tarifas de servicios y transportes, lo que hubiera elevado las mismas un 200% o más, y el boleto a más de $ 4. La masacre de Once, con sus muertos y el fuerte rechazo popular la hizo retroceder. Pero la política siguió intacta en esa dirección, a de pesar los reclamos de la CGT siguió sin elevar el mínimo no imponible para la aplicación del impuesto a las ganancias ni para el cobro de las asignaciones por hijo. Esto trajo el primer paro llamado por Moyano allá por el 27 de junio de este año.
El impuesto es regresivo y afecta a millones
Al revés de lo que dice la Presidente, de que este es el más progresivo de los impuestos porque pagarían más los que más tienen; al no haber actualizado la base a partir del cual se paga en la misma proporción que aumentó la inflación (incluso hubo 3 años en los que ni siquiera se lo aumentó un peso) el impuesto ha pasado a ser pagado por una proporción creciente de trabajadores (la propia Cristina reconoció en junio que lo pagaba el 20% de los trabajadores, y con los arreglos paritarios cobrados en cuotas, hoy ese porcentaje es mayor).
Así las cosas, el impuesto al salario pasó de ser pagado por unos 400.000 trabajadores hace 6 años, a más de 2.000.000 hoy. Con el agravante que al aumentar los ingresos aumenta también el porcentaje que se paga, por lo que hoy cobramos cada vez menos (en poder adquisitivo) pero pagamos cada vez más.
Es también una mentira que pagarían más los que más tienen: Si fuera así ¿por qué los bancarios pagan impuesto a las ganancias y los banqueros no? ¿Por qué los empleados judiciales pagan impuesto y los jueces no? ¿Por qué los trabajadores mineros lo pagan y las grandes mineras no?
Son los sectores más bajos y los medios los que más pagan impuestos
También es mentira que esa plata que pagan los supuestos “privilegiados” se distribuye entre los que menos tienen y no pagan impuesto. Es mentira en primer lugar porque el principal impuesto y el principal ingreso que tiene el gobierno es el IVA que pagamos todos por igual (el más regresivo de todos). Pero ni siquiera eso es cierto ya en los sectores populares más bajos, el 80-90% de sus magros ingresos va a parar al consumo de alimentos y artículos de primera necesidad, que tienen una inflación el doble o el triple de la inflación general, por lo que en estos sectores prácticamente la totalidad de sus consumos va aumentando mes a mes, semana a semana muy por encima del incremento sufrido por otros sectores mejor remunerados. Pero además, estos sectores de menores recursos, en general trabajan en negro o “changuean” con sueldos que son el 50% del sector formal. Lo que también implica que tienen menor defensa para actualizar sus salarios (no tienen paritarias, o los despiden si se quejan), es decir para ellos la inflación es doblemente gravativa: porque se gastan todo en comida y porque no logran recuperar el salario ni siquiera en parte. Y también, al revés de lo que dice Cristina ¡estos sectores son el 40% de los trabajadores!
Es decir que en el “gobierno de la redistribución” son los trabajadores los que más pagan, ya sea a través del impuesto a las ganancias, ya sea porque no les pagan las asignaciones por hijo (plata que se “guarda” el gobierno para otros fines) o bien con el IVA y el bien llamado “impuesto inflacionario” que pagamos todos pero sobre todo los de menores ingresos. Por eso no hay otra salida para los trabajadores que luchar y movilizarnos por la derogación total del impuesto, cosa que no sólo reclaman los propios trabajadores, la CGT Moyano y la CTA Micheli, sino hasta la propia CGT de Caló, adicta al gobierno K.