En 1852, el Estado nacional confiscó esa propiedad de Juan Manuel de Rosas. En 1875 lo entregó por 20 años a la Sociedad Rural Argentina, gratis. Luego hubo sucesivas prórrogas, por leyes del Congreso o decretos de los gobiernos de facto. En 1946 se cedió por ley a la Fundación Eva Perón, pero en 1955 se restituyó a la Rural. En 1991, Menem presidente se lo vendió ilegalmente por decreto a la SRA como «un inmueble de dominio privado del Estado nacional innecesario para su gestión». El precio fue vil, arreglado con los funcionarios cómplices, y ni siquiera se terminó de pagar. En el ’97/98, De la Rúa intendente autorizó allí obras ilegales. Y en 2004, Ibarra jefe de gobierno hizo lo mismo. ¿Hay que revocar el nefasto decreto menemista de venta? Sí. Pero la Constitución nacional ordena que debe ser por ley del Congreso, ya que la Rural es un predio de dominio público. Con su reciente Decreto 2552/12, Cristina omitió esa definición clave y le abre la puerta a nuevas operaciones y negocios privados, como los que pretende hacer en la Isla Demarchi y los terrenos ferroviarios.