Las noticias de políticos corruptos asaltan la vida diaria del estado español, al mismo tiempo que los efectos devastadores de las políticas neoliberales aumentan el desempleo, la deuda, la presión a la baja sobre los salarios, la emigración juvenil…

Jesús Rodríguez, Izquierda Anticapitalista de España

Los sobresaltos mediáticos no parecen tener límites después de descubrir las cuentas millonarias en Suiza del ex-tesorero del Partido Popular (PP), Luis Bárcenas, acusado de delitos contra la Hacienda Pública y cohecho. Bárcenas ya había estado en el centro de la discusión pública en varios escándalos de corrupción asociados con altos dirigentes del PP. Tras dicho descubrimiento han salido a la luz los sobresueldos en negro a dirigentes de este partido, incluido el actual presidente del gobierno Mariano Rajoy. La indignación recorre las calles del estado, rodeando las sedes del Partido Popular. Pero aún más, la reducción de servicios públicos ha acompañado a las noticias de empresas privadas ligadas a hombres del PP que se benefician de las privatizaciones. Igual fenómeno aparece en aquellos lugares gobernados por el PSOE, donde empresas ligadas a figuras y familias de militantes de este partido acaban gestionando la subcontratación de servicios por parte de la administración pública. Además los enormes rescates bancarios se han combinado con amnistías fiscales para las rentas altas. La corrupción no es más que una pieza en este puzzle de privilegios, donde se fusionan fracciones de la burguesía financiera e industrial y la casta política.
La acumulación por desposesión, sustentada en la expropiación constante a las clases trabajadoras de la que habla David Harvey, tuvo algunas características particulares en el estado español antes de la crisis. Entre otras la de un modelo urbanístico especulador y depredador del medioambiente que generó enormes consensos. Ese modelo dio prestigio al enriquecimiento personal y la venta del patrimonio natural constituyó la principal fuente de ingresos de ayuntamientos y redes de constructores, promotores inmobiliarios, bancos y partidos políticos. La expansión del crédito potenció la hegemonía cultural de la burguesía a través de una especie de “capitalismo popular” ficticio. Ese “enriqueceos” conllevó una corrupción política legalizada, a través del expolio de patrimonio natural, pero ocultó ganancias aún mayores fuera del control legal.
No bastaría, por tanto, con denunciar la moralidad de algunos dirigentes políticos, dejando así la puerta abierta a un retorno a los falsos “buenos viejos tiempos”. Ni tampoco con pedir la dimisión y nuevas elecciones. Hay que denunciar toda la lógica parasitaria de las políticas neoliberales y su matriz cultural, que son indisociables del uso de lo público para el enriquecimiento privado. Hay que decir también que tanto en la corrupción institucional, como en la gestión de la deuda, como en los despidos o en los servicios públicos está la cuestión de “quien decide”. Hace falta una izquierda que ponga en el centro la cuestión de la ruptura pero venimos de muy atrás en los niveles de conciencia. De hecho ante esta ofensiva neoliberal, el sentimiento defensivo de la clase trabajadora es muy fuerte y el desarrollo de la conciencia política es muy limitado, ofreciendo ventajas y crecimientos electorales a la izquierda reformista (Izquierda Unida) y a opciones populistas como UpyD. IU (coalición en torno al Partido Comunista, uno de los artífices del régimen del 78) viene participando en numerosos gobiernos municipales y autónomicos (Cataluña en su momento y ahora Andalucía) de alianzas con el PSOE, aplicando políticas de austeridad, con un discurso posibilista que bloquea el desarrollo de conciencia anticapitalista.
Aún así el bipartidismo del PSOE-PP, artífice de la arquitectura económica de la burbuja especulativa se erosiona en las encuestas. Los consensos institucionales se resquebrajan, así como la legitimidad de todas las instituciones salidas de la reforma del régimen franquista y la constitución del 78, desde la judicatura a la corona. Esta crisis institucional se acelera por la cuestión nacional en Euskadi y Cataluña, donde la reducción de servicios públicos acelera las tensiones del modelo territorial. Toca partir de las luchas para tejer alianzas con sectores desde los cuales levantar una alternativa política capaz de poner como una de las consignas fundamentales derribar toda la arquitectura institucional al servicio de la oligarquía política y económica.