Silvio León, Secretario CTA San Isidro
La apacible actividad de San Isidro se vió alterada por una noticia propia de la trama de una película de terror: niños de dos y tres años que concurrían al Jardín materno infantil «Tribilín», eran maltratados por las maestras que debían protegerlos y en cambio, los disciplinaban mediante gritos, amenazas y tormentos de todo tipo. Esta irregularidad fue comprobada por padres de los pequeños mediante grabadores colocados en sus mochilas. La noticia provocó la movilización inmediata de padres y abuelos y la conmoción general de los vecinos.
Obviamente compartimos y nos solidarizamos con la lucha de la comunidad contra el maltrato, y estuvimos presentes en las marchas y acciones que se realizaron, pero sería un error limitar la responsabilidad a las maestras, cuando ellas también son víctimas de la degradación de la educación argentina que, en detrimento de escuela pública, permite la proliferación de la educación privada hasta límites insoportables (en San Isidro existen 380 institutos privados contra 90 establecimientos públicos), con su carga de sobornos y coimas, que permite la proliferación de jardines truchos que captan clientes con precios inferiores y que tiene en los políticos y funcionarios municipales y provinciales a los verdaderos culpables.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, salió a condenar a las maestras tratando de despegarse con el pueril argumento de que el establecimiento «no tenía habilitación». Pero lo ocurrido constituye un hecho grave, y no sólo para los familiares de los chicos que repudian una conducta inhumana y deleznable, sino para la comunidad entera. Porque pone al desnudo la verdadera profundidad de la crisis de la educación. Este hecho es al sistema educativo, lo que los apagones al sistema energético, o la tragedia de Once al sistema ferroviario. Y pone en evidencia una cadena de responsabilidades que van desde la dirección del jardín y las inspectoras del Consejo Escolar, al Intendente y hasta las autoridades de educación de la provincia de Bs As.
Posse pretende instalar la idea del «yo no fui», pese a ser la cabeza de una gestión casi vitalicia, que si algo no puede argumentar es el desconocimiento de la situación de establecimientos sometidos a la voracidad de sus recaudadores y a su contralor y poder de policía. Por eso es correcto el primer paso que inicia un grupo de padres, acusando al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La misma imputación les cabe a las autoridades provinciales.
Pero esto no es producto de una casualidad sino de decisiones políticas. Esas que en el Congreso Pedagógico de 1984 permitió a la Iglesia a través de su CONSUDEC imponer al Estado la obligación de subsidiar a la escuela privada. Tarea que continuó en los 90 el menemismo cumpliendo el mandato del Banco Mundial y el neoliberalismo con la aplicación de la Ley Federal de Educación (24195/93), que culminó la tarea iniciada por la dictadura militar de descentralización y transferencia de escuelas de nación a provincia y dejando las manos libres a la empresas educativas privadas, o eliminando la educación técnica. En 2006 y luego de reconocer el fracaso de la LFE, el gobierno de Kirchner sanciona la Ley Educación Nacional que no solo no se transformó en herramienta de inclusión social sino que preservó los privilegios de la educación privada y acentuó la anarquía pedagógica, la violencia escolar y la existencia de una escuela privada de distinción y una escuela pública de contención social.
Es necesario crear espacios de participación y elaboración para la construcción colectiva de un proyecto educativo nacional, que con la participación de docentes, padres, intelectuales, partidos, centrales de trabajadores y centros de estudiantes, y partiendo del quite de subsidios a la escuela privada y estatización con control de la comunidad de toda escuela que cierre, garantizando estabilidad laboral de los trabajadores, siente las bases de la educación del siglo XXI.
