Al contrario de lo dicho por el gobierno para lavar responsabilidades, no hubo ninguna catástrofe “natural”. Ni un terremoto, huracán o tsunami. Llovió más, sí, pero salieron a flote las secuelas de un modelo capitalista en decadencia. Faltaron obras e inversión en infraestructura. La capacidad logística para responder a la emergencia es pobrísima. El servicio meteorológico tiene capacidad reducida. Cristina redujo a menos de la mitad el presupuesto de los 3 programas de prevención de inundaciones urbanas entre 2007 y 2012 (de $861 millones lo bajó a $411 millones, IDESA).
Esto y el avance descontrolado del negocio inmobiliario quitando espacios verdes y permeabilidad al suelo están en las causas de tanta muerte y devastación. No fueron sólo los alertas de informes anteriores del Departamento de Hidráulica de Ingeniería o la Corte Suprema bonaerense. Pasada la tormenta, hubo un lapidario informe de la Facultad de Arquitectura de la UNLP, señalando que este drama podía evitarse.
La Secretaría de Extensión de la FAU asegura que es “inadmisible atribuir a la fatalidad lo ocurrido”. Y responsabiliza a los gobiernos nacional, provincial y municipal por “los déficits acumulados por décadas de desinversión” y la falta de “obras de infraestructura que en la última década, quedaron a mitad de camino o sólo en meros anuncios”.
Agregando: “la impericia y la responsabilidad de los que tienen la representación técnica y política de gobierno, se hizo presente con la carencia de planes de contingencia. Hubo respuestas desestructuradas y contradictorias, que causaron la pérdida de muchísimas vidas, al igual que incalculables daños”. Concluyendo que “las pérdidas causadas por la inundación” no se resuelven “sólo con donaciones” por lo que “si en el corto y mediano plazo nada de lo sustancial cambia, nos encontremos esperando una nueva tragedia”.

Francisco Torres, La Plata