El narco escándalo que involucra a altos funcionarios del gobierno de De la Sota, sacudió el escenario político cordobés en el medio de la campaña electoral y abrió una crisis de magnitud. La figura del gobernador transita su peor momento político de los últimos 15 años. La justicia, la policía y la UCR, también cómplices de los narcos, completan el lamentable panorama de un régimen descompuesto.

El periodista Tomás Méndez presentó una investigación periodística y generó un verdadero terremoto político. Ya nadie duda de que la impunidad con la que se mueven las redes de narcotráfico o de trata de personas, esté dada por la protección policial y política que compran a base de coimas. Sin embargo, lo sucedido en la Brigada de drogas peligrosas de la policía cordobesa es más escandaloso aún. Ya que saltaron de coimear jefes narcos a transformarse directamente en sus socios. Exigiéndoles que vendan la droga que ellos mismos secuestraban y no declaraban, bajo amenaza de armarles causas y encarcelarlos en caso de negarse. Para estas diligencias, como demostró el allanamiento a la jefatura de policía, contaban con armas limadas y reservas ilegales de cocaína y marihuana que no sólo eran utilizadas para coaccionar a narcos, sino para obligar a ciudadanos en general a cometer delitos en beneficio de los jefes policiales.

No es sólo la policía, es todo el régimen

Aprovechando el suicidio de uno de los policías involucrados en el escándalo, el gobernador y sus más altos funcionarios emprendieron una acalorada defensa de los policías implicados, de la cúpula policial y del ministro de seguridad. Esto sólo les sirvió para exponerse aún más, ya que todos sus defendidos debieron renunciar masivamente ante el avance de la investigación y actualmente todo parece indicar que el oficial. En realidad no se suicidó, sino que lo “suicidaron”.
La justicia, que había ocultado centenares de causas por desaparición de drogas en los últimos cuatro años, debió actuar pidiendo la detención de los policías sospechados.
La UCR que empezó defendiendo a la fuerza policial, pidiendo separar a los “elementos corruptos”, terminó haciendo malabares para explicar que Marcelo Cossar, vice intendente de Córdoba no protege a los narcos de la zona oeste como demuestra otra investigación y que su casa de 5 millones de pesos la compró con su sueldo de $20.000 mensuales.
Ya no quedan dudas de que los narco policías son sólo una pequeña parte, la más visible, de algo mucho más grande y peligroso: un régimen político mafioso, socio de las redes mafiosas.
El nerviosismo en el gobierno es generalizado, de allí surgen las amenazas de muerte que denunció Tomás Méndez o las que le hicieron al mismo Luis Juez días después de denunciar penalmente a De la Sota de estar al tanto de la sociedad narcos – policías.

Desmantelar la “Narco Policía” e investigación independiente 

La crisis policial marca el fracaso en toda la línea de la política represiva del gobierno de De la sota. Tras años de criminalizar la protesta social y de perseguir a la juventud con el código de faltas, queda al descubierto el rol que juega la policía como impulsora de las peores lacras que crecen en el capitalismo en crisis: las redes de narcotráfico y la trata de personas.
Frente a esto, los socialistas del MST como integrantes del Frente Cívico, opinamos que hay que desmantelar la policía de De la Sota, expulsando a todos los involucrados en hechos de corrupción. Creemos que las investigaciones las tiene que conducir una comisión independiente de vecinos y personalidades de trayectoria intachable y no la justicia o la policía, ya que ellos mismos son los que deben ser investigados. Tampoco opinamos que la legislatura, en manos del PJ pueda conducir a la verdad y solución de este flagelo, ya que tanto ellos como la UCR también deben ser investigados por las fuertes conexiones que mantienen con los narcos. Es necesario que los comisarios dejen de ser elegidos a dedo por los jefes policiales corruptos y pasemos a hacerlo a través del voto popular de los vecinos de cada barrio, aumentando cada vez más las instancias de control social sobre la policía.

Luciana Echevarría. Candidata a diputada nacional por Nueva Izquierda en el Frente Cívico