A la medianoche del 1 de octubre el gobierno federal de los EEUU cerró la persiana, entró en parálisis de gobierno o «shut down» porque el Congreso no votó el presupuesto para el nuevo año fiscal. Cerraron los parques y museos, y se interrumpieron servicios críticos como los cupones de alimentos. 800.000 trabajadores estatales pasaron a licencia sin goce de sueldo. Un millón más siguen trabajando, porque cumplen funciones «esenciales» pero sin cobrar.
¿Cómo se llegó a esto?
Sucede que el Partido Republicano opositor, impulsado por su ala más reaccionaria, el Tea Party, ha elegido este momento para plantarse en su batalla por voltear la Ley de Salud Accesible (ACA), popularmente conocida como «Obamacare». Pretenden extorsionar al gobierno, exigiendo el desfinanciamiento de la ley o la postergación de su aplicación por un año, a cambio de aprobar el presupuesto en la Cámara baja, donde tienen mayoría.
La táctica no es nueva y le ha dado buenos resultados a los republicanos anteriormente. A mediados de 2011 el gobierno de Obama necesitaba una ley que incrementara el techo de la deuda federal para que el estado no entrara en default. En aquella ocasión Obama ofreció un «gran acuerdo» que triplicaba los recortes ajustando los presupuestos de la Seguridad Social (jubilaciones) y Medicare (obra social de jubilados). Increíblemente los republicanos rechazaron la oferta por insuficiente y Obama terminó aceptando aún más ajustes.
Pero esta vez los republicanos van por la ley insignia del gobierno de Obama, y los demócratas no están dispuestos a perder la que consideran su medida más exitosa.
Aunque Obamacare está lejos de ser el sistema de salud público que la mayoría de los estadounidenses favorecen (ver nota), para los fundamentalistas del Tea Party es una medida «socialista» inaceptable. Desde que se aprobó la ACA en 2010, llevan adelante una guerra sin cuartel contra la misma. La cámara baja revocó la ley 42 veces, pero la medida fracasó cada vez en el Senado dominado por el Partido Demócrata. La vía judicial para declararla inconstitucional no genera mucha expectativa. Ahora el Tea Party ha convencido o presionado al resto del bloque republicano a adoptar la actual política extorsiva.
La semana que lleva clausurado el gobierno ha golpeado más a los republicanos que a Obama, que viene ganando la batalla en la opinión pública. Una encuesta de CNN revela que 7 de cada 10 estadounidenses consideran que los republicanos están actuando como «niños caprichosos». Sin embargo, es difícil saber hasta donde llegarán los republicanos, dirigidos por su ala más reaccionaria.
De hecho, han adelantado que es posible que redoblen la apuesta, llevando la extorsión a un terreno más peligroso a partir del 17 de octubre. Para esa fecha el Congreso tiene que aprobar un nuevo incremento en el techo de la deuda federal o el gobierno entrará en default por primera vez en su historia, con graves consecuencias para el sistema financiero mundial.
El trasfondo de esta lucha parlamentaria es la crisis económica que sacude al gigante del norte. Su deuda asciende al 120% de su PBI, solo superada por las de Grecia, Italia y Japón y pese a la leve «recuperación» de los últimos años, no logran controlar el déficit. En este terreno, ambos partidos parten de un importante acuerdo, que es ajustar los cinturones de los trabajadores para salvaguardar las ganancias corporativas. Diver-gen sólo en cómo hacerlo.
Ambos proponen ajustar la mayoría de los programas sociales, pero mantener el colosal presupuesto militar. Ambos defienden un sistema de salud regido por los intereses de la industria farmacéutica y las aseguradoras privadas. Ambos buscan una salida de la crisis favorable a las ganancias a cuesta del nivel de vida de los trabajadores.
Aunque amplios sectores hoy defienden la limitada ACA contra el ataque reaccionario de los republicanos, muchos van haciendo la experiencia con ese biparti-dismo, hecho que se viene reflejando en procesos como los «Occupy» o las heroicas huelgas docentes que vienen enfrentando el ajuste.
Salud insalubre
Según el censo de 2010, 49,9 millones de estadounidenses (16,3%) no tiene cobertura médica de ningún tipo.
El 62% de las declaraciones de bancarrota individuales citan altos costos de servicios de salud en las razones de la bancarrota. 25% de todos los jubilados están en bancarrota y el 43% hipotecan o venden su casa por los costos medicinales.
Dos tercios de la población estadounidense requieren un sistema de salud único y estatal.
La promesa central de campaña de Obama fue la creación de tal sistema. Finalmente, en 2010 firmó la Ley de Protección al Paciente y Salud Accesible (ACA), popularmente conocida como «Oba-macare». Sin embargo, la ley establece un sistema de salud muy lejano del sistema estatal prometido.
La ley fue elaborada con la colaboración y al servicio de las principales empresas farmacéuticas, médicas y de seguros médicos. El ACA contiene un par de cambios progresivos, como la ampliación del Medicaid (prestador estatal para algunos sectores de bajos recursos), y algunas regulaciones como prohibir que las aseguradoras rechacen gente por «problemas de salud pre-existentes». Pero en esencia mantiene y profundiza el carácter privado del sistema de salud con medidas regresivas, en particular el «mandato individual» que obliga todos a comprar un seguro privado.
En síntesis, Obamacare crea un «mercado de seguros» donde algunos serían más económicos al reducir la elección de médicos y centros de salud y aumentar los pre-mium (cantidad de dinero anual que el paciente paga antes de que la aseguradora empiece a cubrirlo) y co-pagos (porcentaje de cada servicio que el paciente debe abonar).
Para las empresas de salud significa millones de clientes nuevos. Para los trabajadores de EEUU implica un gasto más por un pésimo servicio de salud.
Federico Moreno
