El anuncio del gobierno uruguayo de permitir mayor producción de la papelera UPM (Botnia) reactivó el conflicto.
La respuesta del gobierno K a través del canciller Timerman y el gobernador Urribarri confirmó las denuncias de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú que el gobierno venía negando.
Cinismo de los gobiernos y lucha de los pueblos
En el 2003 se da la primera movilización conjunta de asam-bleístas uruguayos y argentinos. A partir de 2004, con el Frente Amplio gobernando Uruguay y apoyando las pasteras, se agudiza el conflicto. El 30 de abril de 2005 se realiza una multitudinaria marcha sobre el puente internacional que une Gualeguaychú y Fray Bentos. En diciembre de ese año comienzan los bloqueos de los pasos internacionales al Uruguay, que se extendieron durante todo enero del 2006. Los años siguientes estuvieron marcados por triunfos, como la salida de la empresa española ENCE, y continuidad de la lucha con marchas, escraches y cortes de ruta. En estos años, el gobierno argentino pasó de declarar la lucha como «causa nacional» a perseguir y procesar a los asambleístas. En 2010, la Corte de La Haya sostuvo que no había pruebas de contaminación y dio luz verde a la planta. Así, el gobierno argentino dio por cerrado el conflicto y se dedicó a ocultar la información sobre la contaminación. Para el pueblo, la lucha estaba lejos de haber terminado.
La situación actual
Ante la amenaza de un aumento en la producción de UPM, fijada en un millón de toneladas, y la posible instalación de una nueva pastera, el domingo 1º de setiembre la Asamblea de Guale-guaychú realizó una caravana al puente, que reunió más de 250 vehículos. El 2 de octubre el presidente Mujica autorizó el aumento en la producción de la pastera. El gobierno argentino, por boca de Timerman y Urribarri respondió con una conferencia de prensa en la que dio a conocer las cifras de contaminación producida por la pastera y su intención de llevar el conflicto de nuevo a la Corte de La Haya. Así, el gobierno confirmó lo que el pueblo ya sabía y venía denunciando hace una década, mientras el gobierno ocultaba la información y procesaba a miembros de la asamblea. Una muestra más del cinismo gubernamental. La respuesta de la asamblea fue contundente. El domingo 6, más de 900 vehículos se sumaron a la caravana que intentó llegar hasta Fray Bentos para leer una proclama, pero fue detenida por la presencia de la gendar-mería uruguaya. En la proclama no sólo se criticó la actitud del gobierno uruguayo. Del gobierno argentino se dijo: «Condenamos la actitud de haber ocultado información durante tanto tiempo, bajo excusas absolutamente injustificadas y pretendiendo ignorar que Botnia-UPM contaminaba. Nos solidarizamos con los asambleístas denunciados y querellados injustamente por el gobierno ante la justicia federal». Así, los asambleístas dejaron en claro que el doble discurso del gobierno K ya no convence en Gualeguaychú.
Capitalismo, extractivismo y soberanía de los pueblos
El conflicto por las pasteras se ha convertido en una referencia nacional e internacional de la lucha ambiental. Junto con otros, instaló con fuerza la temática ambiental en la agenda política y mediática. En Gualeguaychú se libra una dura pelea entre quienes defienden la vida y los empresarios y gobiernos que sólo piensan en sus ganancias. Por eso entendemos que la lucha por justicia ambiental es una parte integral de las lucha anticapitalis-tas. No solo pone en primer plano la disyuntiva entre la vida de los pueblos y las ganancias empresariales, sino que además enfrenta directamente a grandes corporaciones internacionales. En ese sentido, cuestiona al modelo extractivista y al sistema capitalista.
Otro aspecto central de la lucha es su carácter democrático. Las asambleas cuestionan la forma en que se toman las decisiones políticas en nuestro país. Se debate a quiénes representan los gobiernos que deciden medidas que benefician a los empresarios y perjudican a los pueblos. Frente a esto, es necesario luchar por una democracia real donde los pueblos decidan a través de consultas populares y se democraticen los órganos de control como la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para que deje de ser una sucursal de los gobiernos y las corporaciones y defienda los intereses populares.
No creemos que salida al conflicto sea a través de La Haya. Los antecedentes de 2010 muestran que esa Corte está lejos de los pueblos y cerca de los gobiernos y corporaciones. La única solución es fortalecer la solidaridad de los pueblos y apoyar la lucha de Gualeguaychú. Como bien dice la proclama de la asamblea: «Este conflicto solamente terminará cuando se erradique la planta de Botnia-UPM y desaparezca la causa que perjudica la unión de dos pueblos hermanos».
Luis Meiners
