Un nuevo episodio de la farsa y la injusticia
El 9 de octubre la jueza Janine Ríos decidió enviar a juicio a doce campesinos/as, en el marco de un proceso viciado por la masacre de Marina Cué, Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012. En connivencia con el fiscal Jalil Rachid, determinó continuar con esta farsa que sostiene y perpetúa un entramado funcional a la expulsión del presidente constitucional Fernando Lugo.
Por si fuera poco, el 10 de octubre de 2013 se trasladaron a 4 de los presos enviados a juicio que se encontraban en el penal de La Esperanza al de Tacumbú, lugar que se conoce por ser la cárcel con las peores condiciones del país. El procedimiento se realizó de manera inconsulta y con violento apuro.
La decisión de la jueza Janine Ríos marca la consolidación de la injusticia en un proceso que no ofrece garantías para las víctimas y las convierte en “criminales”, por otro lado, resulta una muestra de impunidad y de violación de los derechos constitucionales que materializan la vigencia del stronismo en el poder judicial.
Este episodio en el caso Curuguaty forma parte de una nefasta historia respecto de la concentración de la tierra. El poder político paraguayo tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de tierras malhabidas. Para convertirse en latifundistas, los stronistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta.
Los campesinos tenían y tienen razón, a pesar de ello fueron enviados a juicio. La acción de los funcionarios de la justicia demostró desprecio por dos puntos fundamentales: la falta de titulación a nombre de Riquelme y la propiedad estatal.
Paralelamente se lleva a cabo en Paraguay un fuerte proceso de estigmatización de los campesinos. Tal como lo explicó Juan Martens, abogado criminólogo, en una charla organizada por Movimiento 138 en la UBA cuando se habla de criminalización de la protesta social se está haciendo referencia al mecanismo por el cual el Estado despliega su aparato jurídico, policial y/o militar hacia determinados grupos sociales que llevan a cabo manifestaciones públicas de protesta o reclamos de acceso a derechos. De esta forma, el Estado desoye las reivindicaciones de los manifestantes y a su vez sanciona determinadas conductas desde el aparato judicial punitivo. El objetivo final de la criminalización es la desarticulación de las organizaciones sociales en general y del movimiento campesino en particular. En Paraguay, el movimiento campesino es el único grupo social con capacidad de presionar al Estado en base a los reclamos de acceso a derechos humanos fundamentales.
El gobierno de Horacio Cartes, por su parte, amparado en la ley antiterrorista y en las modificaciones a la Ley de Defensa, avanza con un proceso de militarización de todo el territorio paraguayo. Días atrás, Fabricio Arnella, integrante de la articulación Curuguaty y secretario de la juventud del PC paraguayo, en su paso por Buenos Aires, sostuvo que el gobierno de Cartes combina la “maquila mexicana, con la represión del uribismo colombiano y las reformas neoliberales del menemismo argentino”. Asimismo advirtió sobre la presencia norteamericana en este proceso de descomposición política y económica. Respecto del caso Curuguaty Arnella llamó a prestar atención con “el caso de los 6” que representa un aberrante antecedente de condena en clara violación a las leyes paraguayas.
Movimiento 138. Colectivo de resistencia cultural
