Pluralidad de voces… K

La aprobación de la «ley de medios», allá por 2009, generó sinceras expectativas en una importante franja de la población que asistió durante años al crecimiento y la concentración, cada vez mayor, de los monopolios mediáticos. Numerosas organizaciones y personalidades que fueron parte de la confección de los llamados «21 puntos básicos por el derecho a la comunicación» apostaron a que esta ley abriera un nuevo camino en la radiodifusión argentina. Lamentablemente hoy, a 4 años de la aprobación de la misma, y fallo de la corte de por medio, podemos decir sin miedo a equivocarnos que el gobierno K se encargo de defraudar la mayor parte de esos puntos.

¿Enfrentando a los monopolios o construyendo uno propio?

Desde el MST, en innumerables artículos, sostuvimos que el objetivo central del gobierno, al impulsar esta ley, tenía que ver con la construcción y el fortalecimiento de un nuevo monopolio mediático adicto a la Casa Rosada.
Los discursos con los que construyeron un relato épico de enfrentamiento a los monopolios, democratización y pluralidad de voces, se chocaron de frente con la realidad de estos años.
Por eso mientras que la medida cautelar de Clarín, solo frenaba la aplicación de 4 artículos a este multimedio en particular, el gobierno no avanzó en la aplicación de la ley a ningún multimedio. Y no sólo esto, avaló la venta de licencias por parte de Daniel Adad al grupo Indalo del empresario K Cristóbal López, siguió permitiendo que Telefónica controle TELEFE y por supuesto el 33% de las licencias para las organizaciones no gubernamentales, medios alternativos, etc. no se concretó jamás. A este punto le podemos sumar, que tampoco se destinaron recursos a las adecuaciones para la mayoría de estos medios, que no cuentan con tecnología ni recursos. Es decir, de los principales puntos que inspiraron la ley, el Kirchnerismo no cumplió ninguno, e incluso, violó varios.
Lo que avanzó en estos años es la influencia mediática del gobierno, mediante el uso discrecional de los fondo para pauta oficial, la entrada de empresarios amigos, entre otras medidas, fue construyendo un verdadero multimedio oficialista que diariamente irradia propaganda, oculta los reclamos populares, los problemas estructurales y urgentes del país, en algunos casos de forma escandalosa.

El fallo de la Corte 

Luego de la derrota electoral del 27 de Octubre, la corte suprema de justicia emite un fallo que plantea la constitucionalidad de los 4 artículos cuestionados por Clarín. Pero la resolución de la corte, al mismo tiempo critica la legitimidad de la autoridad de aplicación y su falta de independencia. Y si la corte lo menciona, no es por que le preocupe la democratización de los medios, sino porque la utilización política de este organismo creado por la ley es tan burdo y direccionado que es imposible no mencionarlo y genera roces entre los propios kirchneristas.
Más allá de la organización de costosísimos actos con artistas populares, miles de comunicados de prensa con amenazas de todo tipo y teatrales notificaciones, no se conoce ninguna conquista concreta en post de la democratización de los medios que haya logrado Sabatella, titular de AFCA.

Y entonces… ¿cómo avanzamos en la democratización?

Los socialistas del MST, creemos que no hay posibilidades de garantizar una verdadera democratización de la comunicación si no se avanza en terminar con los monopolios mediáticos privados y oficialistas destinados todos a mercantilizar la información y a acallar las voces críticas e invisibilizar los reclamos obreros, populares, estudiantiles y de sectores medios que hoy existen y van en ascenso. Por ello, como lo desarrollamos en la edición 506 de Alternativa socialista «creemos que la única forma de que efectivamente haya diversidad cultural, pluralismo comunicacional e igualdad de oportunidades para el acceso de todos es terminar con el poder monopólico de las grandes empresas, nacionalizarlas preservando los puestos de trabajo y distribuir democráticamente las frecuencias a las organizaciones de la sociedad. Porque si las frecuencias son propiedad de la comunidad, a esas manos deben volver. El Estado tendrá su propio canal y radio, que por supuesto deberían ser oficiales y no oficialistas. Fuera de eso su único rol será el de nacionalizar los grandes grupos, no para administrar él las frecuencias sino para transferirlas a todos los medios comunitarios, populares y alternativos, y a todas aquellas organizaciones sociales (artísticas, culturales, científicas, deportivas, barriales, cooperativas, etc.), así como gremiales, estudiantiles y políticas que lo soliciten. Sólo si tras esta amplia adjudicación sobraran frecuencias se le podría autorizar al sector privado un acceso limitado. Para que haya garantías democráticas y evitar cualquier tipo de favoritismo, la distribución de frecuencias y toda la gestión se deben llevar adelante colectivamente con la participación de las propias organizaciones y bajo el control directo de los trabajadores de los medios y la cultura. El Estado, asimismo, deberá colaborar con subsidios y créditos baratos para incentivar el desarrollo de medios independientes y el paso a la digitalización. ¡Con estas medidas sí que habría una auténtica libertad de expresión!»
Estas medidas propuestas deben necesariamente incorporar en el debate a los medios gráficos y al papel prensa, que no se encuentran en el marco de la ley, y sin embargo tienen un peso enorme en el espectro comunicacional.
Avanzando en este sentido comenzaríamos a dar pasos firmes en el camino de provocar una verdadera revolución comunicacional y no la patética caricatura que pretende construir el kirchnerismo. Te invitamos a que impulsemos juntos esta perspectiva.

Martín Carcione