El 29 de junio, una mujer con un aborto en curso llegó al hospital. Dos médicas la atendieron y terminaron la práctica. Otra doctora de guardia, Rosana Buffa, le dio el alta a menos de 24 horas de la intervención y la denunció. La pobre mujer terminó presa en un calabozo por más de diez horas, luego fue a juicio y después de un mes y medio fue sobreseída.
Es un nuevo caso aberrante de violencia contra las mujeres, que aún no tenemos el derecho al aborto seguro y gratuito. En vez de ayudar a la mujer en su penosa situación, se buscó castigarla y criminalizarla.
El Estado debería dar garantías a las mujeres y a los profesionales de la salud para realizar la interrupción del embarazo y brindar la atención posterior sin condicionamientos. Los criterios acusatorios y retrógrados no cuidan la vida de nadie.
Varias organizaciones de mujeres nos convocamos a la puerta del hospital para expresar nuestro repudio a estas barbaridades, que deben ser desterradas.

Jueves 14, a las 12 hs – Cerviño 3354