Una vez más la desigualdad de género y clase social se mostró hoy en nuestro país. Los titulares matutinos desnudaron la vulneración de derechos de una joven tucumana de 16 años, quien embarazada luego de ser violada solicitó la realización de un aborto no punible en el hospital público y el mismo le fue negado.
Vulnerados sus derechos por las/los profesionales objetores de conciencia que la recibieron en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes y por la dirección de la misma en la figura de su directora, que judicializó el caso. A quienes trabajamos en salud esta situación nos indigna.
Como resultado de años de luchas feministas se aprobó la Ley 26.485 de Protección Integral contra todo tipo de Violencia hacia las Mujeres. También el país cuenta con la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el Protocolo para la Atención de Personas Víctimas de Violaciones Sexuales y la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral. La Corte Suprema de la Nación en marzo del 2012, a través de su fallo, interpretó el artículo 86 del Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial.
A pesar de tantas leyes la realidad golpea duro y las mujeres que menos tienen, que son las que llegan al sistema público de salud, no siempre tienen garantizados sus derechos.
Hay personas que trabajamos en salud que en el día de hoy sentimos un profundo dolor ante semejante realidad.
Para que la joven accediera a sus derechos fueron necesarias redes de sostén; su madre, su abuela, una psicóloga, una organización de mujeres: la Casa Norma Nassiff, la referente del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva de su provincia, quienes lograron que la adolescente llegara al Hospital Argerich en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aborto no punible fue realizado.
Hay muchas cosas que revisar en el sistema público de salud para avanzar hacia uno más igualitario, universal y de calidad, y el no ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva es uno de los temas que urge solucionar.
Para progresar, las y los profesionales de la Salud debemos involucrarnos activamente y accionar junto a la comunidad. Esto nos obliga a cambios de pensamientos y conductas. Debemos reflexionar sobre las distintas formas de violencia que se ejercen a diario en los diferentes espacios de la salud. Es violencia no respetar los derechos humanos de las mujeres. Es violencia no cumplir con las leyes que permiten el acceso al aborto no punible.
Consejo Directivo Provincial de CICOP
