A pocos días de conocer el fallo de la Justicia que dá la razón a la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida en la Provincia de Córdoba, entrevistamos a Gastón Mazzalay, referente de los vecinos organizados:
¿Qué significa el fallo para la lucha de Malvinas Argentinas?
Para nosotros es muy positivo porque la Justicia es otra institución en la cual nosotros nunca confiamos, que no pudo pasar por alto las irregularidades con las cuales se venía manejando la empresa. Es una batalla ganada de la lucha, pero no toda la lucha. En relación a la opinión pública, con este fallo ganamos aún más la simpatía del pueblo, porque la empresa nos venía tildando de extremistas y con esto queda demostrado que la justicia nos dio la razón, y por lo tanto no somos extremistas. En todo caso ellos han sido los que han avanzado ilegalmente en complicidad con los gobiernos. De hecho es un fallo contra los gobiernos, porque ellos no han construido sino que el gobierno los ha habilitado a construir. El fallo desnuda la complicidad del gobierno de de la Sota y de Arzani con la empresa. El fallo desbarata la idea que la empresa siempre cumplió con la normativa estatal. La empresa se resguardaba en el respaldo de los gobiernos diciendo que tenía las autorizaciones y lo que sale a la luz con el fallo es que esas autorizaciones eran anticonstitu-cionales y arbitrarias.
¿Qué dice el fallo?
El fallo declara la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las ordenanzas emitidas por la municipalidad de Malvinas Argentinas mediante las cuales se autoriza la construcción previa al estudio de impacto ambiental, y ordena a la municipalidad abstenerse de emitir cualquier tipo de autorización hasta que se complete la evaluación de impacto ambiental y audiencia pública.
Entonces, ¿este fallo no menciona la posibilidad de realizar una Consulta Popular, que es el histórico reclamo que viene realizando la Asamblea?
La ley nacional prevé mecanismos de consulta. Lo que nosotros creemos es que la audiencia pública es un mecanismo donde se le facilita información a la gente, pero un verdadero mecanismo de consulta sería un referéndum o una consulta popular. La empresa y los gobiernos siempre se negaron a la consulta popular porque es un mecanismo que no es muy utilizado en Argentina por el hecho de que a los que gobiernan no les conviene consultar al pueblo. Dar una consulta en Malvinas Argentinas habilitaría a que muchos otros lugares con este tipo de conflicto socio-ambiental pidan la consulta, y eso es lo último que quieren tantos los gobernantes como los empresarios.
Ya se había logrado parar la construcción una vez y se volvió a habilitar, ¿qué les hace pensar que esta vez va a ser más duradera o más importante que la vez anterior?
El año pasado esta misma cámara había decidido lo mismo respecto de una medida cautelar que se había presentado desde la asamblea. Pero luego, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) falla a favor de la empresa, levantando nuestra medida cautelar, pero esto fue por el compromiso político, porque por ejemplo la esposa del presidente del TSJ fue senadora de de la Sota durante el primer mandato de este, y su marido -el presidente del TSJ- es declarado en AFIP como un gran productor sojero. En cambio ahora es muy difícil que el tribunal superior resuelva a favor de Monsanto porque la sentencia de ahora es una resolución sobre la cuestión de fondo, del amparo principal. Al municipio de Malvinas sólo le queda el recurso de casación. Sería escandaloso que el tribunal superior se comportara de la misma forma que la vez anterior y, teniendo en cuenta que cualquier casación para un hijo de vecino -incluso para una persona presa- dura de dos a cinco años, por lo que si el TSJ da vuelta el fallo en febrero, al terminar la feria judicial, en tiempo récord, quedaría en evidencia que en Córdoba gobierna Monsanto.
¿Cómo creen ustedes que va a continuar la lucha y el conflicto?
Hasta que esté lista la evaluación del estudio de impacto ambiental no va a haber muchas variables ni novedades (la evaluación va a salir en marzo). Sabemos que la empresa cuenta con el apoyo del gobierno provincial y nacional por lo que creemos que les va a salir positivo. Nosotros creemos que esto no se debe resolver entre técnicos -porque esto no se trata meramente de un problema técnico- sino que debe ser la consulta, la voz del pueblo, la que defina este tema, ya que se el futuro y la salud de los habitantes de la provincia el que está en juego.
Probablemente intenten avanzar con sus planes una vez terminada la evaluación del impacto ambiental, pero nosotros no dejaremos de reclamar nuestro legítimo derecho a decidir, a debatir y decidir sobre nuestro futuro como comunidad. Ningún gobierno tiene derecho a imponer una forma de desarrollo a los pueblos.
