Este miércoles 5 de febrero, convocada por el Comité de por la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras, se realizó una importante y unitaria movilización a Plaza de Mayo, que contó con la presencia de numerosas organizaciones y dirigentes de DDHH, políticos, gremiales, sociales y estudiantiles. Entre ellos estuvieron presentes nuestro compañero diputado Alejandro Bodart y la dirigente del MST Nueva Izquierda Vilma Ripoll, que habló en el acto que se realizó en la Plaza.
El 12 de Diciembre de 2013 la Cámara Oral de Caleta Olivia condenó a penas de prisión perpetua a los trabajadores petroleros de la localidad santacruceña de Las Heras, Inocencio Cortez, José Rosales y Hugo González, acusados injustamente de la muerte del policía Sayago, fallecido en medio de la brutal represión a la pueblada desatada en la localidad en el año 2006 como consecuencia de la detención del dirigente petrolero Mario Navarro, en la larga huelga que contra el impuesto al salario y por la efectivización de los tercerizados se desarrolló ese mismo año. También fueron condenados a penas de cinco años los trabajadores Pablo Mansilla, Carlos Mansilla, Daniel Aguilar, Néstor Aguilar y Rubén Bach por coacción agravada. Darío Catrihuala, también condenado a cinco años, fue señalado como partícipe necesario de lesiones graves.
Se los condenó mediante un juicio fraudulento, sin ninguna prueba, en el cual se probó que fueron arrancadas confesiones en base a torturas y apremios ilegales.
La condena a los petroleros es quizás el punto más alto de la política de criminalización de la protesta llevada a cabo por un gobierno después del retorno de las libertades democráticas.
A través de la justicia cómplice de Santa Cruz la presidenta Cristina Kirchner pretende sentar un grave precedente para intimidar a miles y miles de trabajadores que están peleando contra su política de hambre y que van a salir a enfrentar el fuerte ajuste que la última devaluación y la estampida inflacionaria descarga sobre millones de trabajadores. Por eso también mantiene 5.000 procesos contra luchadores populares y amenaza con aplicar la ley antiterrorista que fija duras penas de prisión para aquellos que osen protestar contra la política de este gobierno.
Llamamos a redoblar la campaña por la absolución de los compañeros en cada fábrica y lugar de trabajo, en los colegios y facultades, en cada ciudad y rincón de nuestro país. La lucha por la absolución de los petroleros es la lucha de todos.
