La Ciudad de Buenos Aires se vio envuelta el 5 de febrero en una tragedia: un incendio en un galpón de la empresa Iron Mountain que es de origen estadounidense, tiene cerca de 100.000 clientes y 900 plantas en diversos países y ciudades. Y se dedica al almacenamiento y protección de archivos y documentos, con una clientela de grandes entidades financieras, petroleras, consultoras, aseguradoras de riesgo, etc. El viejo galpón donde funciona que tiene más de 100 años sufrió un incendio y un posterior derrumbe con el lamentable salto de 9 muertos y varios heridos de diversa gravedad. En primer lugar les hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares de los bomberos que dieron su vida por intentar apagar el incendio en condiciones muy difíciles.
A su vez, ante una tragedia semejante, se merece saber de verdad que pasó y porqué causas. Poder investigar hasta el final, en primer lugar para confirmar si estamos ante una tragedia que era evitable, hipótesis por demás probable. No podemos perder de vista que la empresa Iron Mountain ya tuvo varios incendios, lo cual en sí mismo es un motivo de investigación exhaustiva. En EEUU en 1997 su planta se incendió y periodistas hablaron de un misterioso incendio. También tuvo episodios similares en Italia y Canadá con destrucción masiva de documentación de empresas. Por todo esto, ya han surgido voces que plantean la intencionalidad del incendio, lo cual también deberá ser aclarado por la empresa y el gobierno, ya que genera una importante incógnita la velocidad que tomó el incendio. Con este prontuario no está de más recordar que, además de Barracas, tiene plantas en Lugano, Parque Patricios y La Boca. Y que Macri viene elogiando a esta empresa, como parte de las que conforman sus polos tecnológicos. Los trabajadores y vecinos de esas zonas merecen también que se investigue hasta el final.
Viendo la documentación fílmica surge con claridad que el establecimiento no cumplía con las condiciones de seguridad contra incendios. Esto lo afirmamos desde una condición técnica muy básica: en función del material acumulado el edificio debería haber resistido por lo menos sin derrumbes estructurales 180 minutos. Y soportó menos de una hora. Al mismo tiempo, las primeras declaraciones efectuadas hoy por cinco trabajadores dan cuenta de un hecho grave: cuando comenzó el fuego la alarma de incendio sonó pero los aspersores de agua no se accionaron. Lo cual confirma las condiciones de inseguridad, está claro que si los aspersores automáticos no funcionaron no hay seguridad alguna en el lugar.
Junto con esto y como otra muestra del grado de inseguridad reinante en el lugar, es que ante el incendio el edificio se colapsa cayendo sus muros hacia el exterior, cuando las normas básicas de seguridad es que sus paredes deberían resistir o caer hacia el interior.
Al mismo tiempo una profunda investigación tiene que sacar a la luz también si las condiciones generales del galpón estaban conforme a norma. Sabemos por tristes experiencias que las empresas se la pasan ahorrando dinero incumpliendo normas de seguridad ¿Es este un nuevo caso? Creemos que sí. Y tiene que ser la empresa y el gobierno que le otorgó la posibilidad de funcionar quienes demuestren si esto no es así. Hoy en día no existe ninguna excusa técnica que haga que un edificio de seguridad sea inseguro.
No habiendo condiciones edilicias seguras ni un efectivo dispositivo anti incendios, surge claramente la responsabilidad de la empresa y de quienes autorizaron el funcionamiento del galpón; es decir del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Quien tendrá que explicar, existiendo antecedentes de clausura en dicho lugar, quien, cómo y porqué lo habilitó para tal fin. Los familiares de las víctimas, los trabajadores del lugar y toda la población merecen saber la respuesta a estas preguntas. Hay responsables y deben ser castigados. Partiendo de que la responsabilidad general es de la voracidad empresaria y de la complicidad del gobierno y sus funcionarios que miran para otro lado en vez de efectuar severos y efectivos controles.
Para avanzar en todo esto, creemos muy importante que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias. Y que se forme una comisión independiente conformada por trabajadores, familiares de las víctimas y especialistas para investigar hasta el final. En nuestro caso, como trabajadores y profesionales especializados en estos temas, nos ponemos a disposición de lo que haga falta para que se sepa toda la verdad. Y que paguen los que tengan que pagar.
Ingeniero Edgardo Castro,
ex docente en la Cátedra de incendio, carrera Higiene y seguridad. Inspector del Trabajo en Higiene y Seguridad. Delegado General de ATE, Subsecretaría de Trabajo
