El 18 de marzo empieza el juicio oral a los imputados por la muerte de 52 personas el 22 de febrero de 2012. Más de 300 testigos están convocados a dar testimonio y explicaciones en un proceso bisagra para el país. El 22 F representa una causa social, popular y profundamente política contra el crimen social provocado por un modelo de transporte capitalista que se paga en vidas humanas. Un compromiso impostergable: asumir la lucha por castigo a los culpables como una tarea de primer orden.
El 22 de febrero versión 2014 volvió a ser masivo y conmovedor. Otra vez la Plaza del Pueblo colmada de carteles exigiendo justicia. Otra vez los familiares de las víctimas desplegando una profunda clarificación política con un documento que deja definiciones categóricas:
“Acá estamos, denunciando una vez más el abandono del que fuimos víctimas desde febrero de 2012.Y que ya no tienen vuelta atrás, ni solución. Pero, eso sí, los lazos entre el Gobierno y los procesados permanecieron firmes como siempre. Para las víctimas, la desidia; para los responsables el amiguismo y la complicidad”
“Lo hemos dicho, y lo repetimos sin cansarnos: los procesados y este gobierno son parte de lo mismo. No sólo hay ex funcionarios y empresarios amigos y socios de esta gestión en el banquillo de los acusados, sino que además, son funcionales unos a otros, en un entramado cuyo único objetivo es la continuidad de la impunidad y de la corrupción”
“En 2013, desde el Poder Ejecutivo se impulsó una reforma al Código Civil (…) El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, incluye la inadmisible intención de anular la responsabilidad civil del estado. Su promulgación, en los términos que fue presentada, conlleva más puertas abiertas a la impunidad de los funcionarios, eludiendo el principio básico de igualdad ante la ley”
Un contraste que impacta: esa plaza llena de pueblo y el cuadro absurdo –aunque previsible – de un crimen social como Once. La fuerza autoorganizada de familiares y víctimas que exigen y no esperan sintoniza con una extendida simpatía popular y el acompañamiento de todo un país. Allí radica la clave de un pronóstico optimista –como el que nosotros tenemos- hacia una perspectiva de castigo a los culpables. Sin ninguna confianza en la justicia de este régimen, pero con toda la expectativa en un movimiento desde abajo que se consolidó y crece.
Once y Cromañón: el capitalismo y su estructural corrupción matan
Once y Cromañón son la resultante dramática de una causalidad común: los muertos inocentes de la corrupción capitalista. Este sistema mercantiliza todo y no repara en consecuencias sociales. Si la noche joven es un negocio rentable no importan las medidas de seguridad y si metemos 5000 personas donde tendrían que entrar 2000. No importa. La razón de ser es la rentabilidad empresaria. Si la ecuación económica que da tasa de ganancia en el sistema ferroviario implica desinversión en infraestructura, equipos obsoletos y medidas de seguridad nulas, entonces adelante: que viva el festival de subsidios, coimas a funcionarios públicos que debería controlar a las empresas y completa indefensión para los usuarios. Esta es la siniestra lógica indisociable del capitalismo: el sistema no cierra sin corrupción y ésta no es una expresión accidental del capitalismo “a la Argentina”. Es inherente a su condición de implacable búsqueda de rentabilidad. Por eso, para terminar con la corrupción criminal hay que tomar medidas que cuestionan el sistema capitalista.
Medidas de fondo para un sistema ferroviario estatal y contra la impunidad
Seguramente lo primero para encarar como objetivo político elemental frente al crimen del 22 F es lograr el castigo a todos los culpables: desde Jaime hasta Cirigliano y De Vido. Qué ninguno goce de impunidad. Pero también es crucial discutir el sistema ferroviario. Estamos con la afirmación de los familiares que reclaman “estatización con control social”. Y en este punto nos queremos detener para afirmar categóricamente: las privatizaciones fueron un desastre que hoy seguimos padeciendo, pero la salida no es la estatización capitalista burocrática y corrompida de la década del 80´ y el período anterior. El transporte es un servicio público y un derecho social en la misma escala que la educación o la salud. Por eso tienen que estar fuera de la órbita mercantil. Pero la estatización que los socialistas del MST planteamos incluye en la planificación, gestión y control del servicio la potestad de trabajadores y usuarios para decidir democráticamente qué se hace con los ferrocarriles. Es una concepción opuesta a la mercantilización capitalista pero también distinta a la estatización burocrática y coimera previa al desguace menemista. A la vez se impone defender políticamente una posición valiente y ejemplar que levantan familiares de víctimas de impunidad: hace falta una ley que estipule la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y la reparación patrimonial de lo robado al estado. Y podríamos agregar que se legisle además que todo funcionario tenga la obligación de utilizar el transporte público.
En lo inmediato tenemos una tarea que es la de contribuir a organizar un extendido movimiento por castigo a los responsables del crimen social de Once acompañando activamente el juicio que arranca el 18 de marzo. Sin duda, vamos a estar en tribunales y siempre con los familiares de las víctimas.
Mariano Rosa
