Por encargo de Cristina, una comisión especial preparó un anteproyecto de reforma del Código Penal: el juez Zaffaroni (cercano a los K), el ex juez y funcionario Arslanián (antes menemista, luego K), Pinedo (PRO), Barbagelata (PS) y Gil Lavedra (UCR).
Aunque Cristina aún no mandó el proyecto al Congreso y no se sabe cuándo lo hará, el debate ya arde. Según Massa y otros dirigentes de derecha que piden más mano dura, la reforma “beneficia a los delincuentes”. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo combatir el delito? ¿Qué pasa con los derechos sociales y de la mujer?

Algunos cambios que propone esta reforma del CP son formales. Por ejemplo eliminar la prisión perpetua: por tratados internacionales firmados por nuestro país, ya hoy la pena máxima es de 30 años.
Lo mismo con la responsabilidad penal de las personas jurídicas: aunque el director de una empresa pueda ser penado por un delito cometido en favor de ésta, todo el sistema penal y judicial está organizado al servicio de la clase capitalista y sus intereses. ¿O acaso en este país algún gran empresario va preso por estafa al Estado, quiebra fraudulenta u otro delito de guante blanco? Y esa misma impunidad tienen los políticos que gobiernan para ellos, como Menem, De la Rua o Boudou.

Algunos puntos positivos 

Uno es incorporar el delito de genocidio, un viejo reclamo del movimiento de derechos humanos. Igual, más que reformar el texto, lo que hace falta es avanzar en el juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices, sean militares o civiles.
Otro es reemplazar la libertad condicional por penas alternativas a la prisión, en caso de penas menores a tres años (1). Hoy en las cárceles el 70% de los detenidos son jóvenes, pobres y están sin condena. Lejos de servir para la reinserción social son “universidades” del delito, del que a menudo es cómplice el propio sistema carcelario. Es preferible un control periódico por inspectores y asistentes, que cárceles inhumanas y “libertades condicionales” dudosas.
Se incluyen el criterio de insignificancia para delitos de ínfima trascendencia y la posibilidad de cerrar algunas causas penales por acuerdo o conciliación entre las partes.
La despenalización de la tenencia y el cultivo de marihuana para consumo personal y la inclusión de delitos contra el trabajo esclavo e inseguro y contra el medio ambiente (2).
También es correcto cambiar la aplicación de la reincidencia (3). Es falso que se anule: en vez de aplicarla automáticamente, lo que castiga más a la persona que al delito, si hay antecedentes el juez deberá valorarlos en cada caso. Es burdo que le den libertad condicional, prisión domiciliaria o permisos de salida a un homicida o hasta a un genocida, pero se los nieguen a quien cometió dos delitos de poca monta.
Ante estos puntos y las bajas para algunas penas -aunque hay más aumentos que bajas- saltaron los defensores de la “mano dura”, como Massa y otros. Lo que no pueden explicar es por qué crecen los delitos si desde 2004 rigen las “leyes Blumberg”, que agravaron un montón de penas. En el CP actual, un robo agravado por uso de arma puede tener mayor pena que un homicidio simple. La propiedad privada vale más que la vida…

Cómo combatir el delito 

El CP y sus condenas actúan después de cometido el delito. Por eso lo primero a debatir es cómo prevenirlo y eso implica atacar las causas de fondo. Si no, es verso. Está probado que el delito aumenta cuando crece la desigualdad social, no la pobreza. Si desde los ’90 para acá sigue la brecha social, hay más marginalidad y menos educación y salud, si la corrupción del poder sigue impune, y si un millón de jóvenes no acceden a estudiar ni trabajar, ¿no hay ahí un caldo de cultivo propicio?
Por eso no sirve seguir con el ajuste, reprimir las luchas y bajar la edad de imputabilidad de los menores, como pide Berni. Para mejorar la seguridad hace falta un plan económico opuesto al actual, que garantice inclusión y dignidad social, así como urbanizar las villas, poner iluminación y otras medidas preventivas.
A la vez, en todo gran delito hay connivencia del Estado. Los circuitos de narcotráfico, trata de personas, secuestros extorsivos, desarmaderos y piratería del asfalto -delitos económicamente organizados- no podrían funcionar ni un minuto sin aval o complicidad de comisarios, jueces y punteros políticos. Sobran jefes policiales como los de Córdoba y Santa Fe, y jueces como los Oyarbide y los que dejaron libres a los secuestradores de Marita Verón. ¿O detrás de cada pibe que chorea un auto no hay un desarmadero protegido por un funcionario?
Por eso planteamos una reforma policial y judicial total, con comisarios, jueces y fiscales elegidos por voto popular y cargos revocables; depuración de las cúpulas y de todo policía ligado a corrupción o represión; control social de las comisarías; derecho a la sindicalización policial; derecho de los vecinos a organizar su autodefensa, y juicios por jurados populares. Con medidas así, también bajaría el delito.

Para las mujeres, más retroceso que avance

Violencia: El anteproyecto plantea “reconocer el contexto de violencia doméstica en situaciones de legítima defensa de la víctima” e incluye como delito incumplir las órdenes judiciales de no acercamiento. Es positivo. Pero ante los casos de femicidio, elimina la reforma de 2012 que incluyó como agravante matar “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
Trata y prostitución: Se retrocede respecto de la reforma de 2012 a la Ley de Trata. Si bien mantiene eliminado el “consentimiento” para las mujeres víctimas de trata mayores de edad, lo reintroduce en caso de explotación sexual. O sea: si una mujer explotada sexualmente dice que “consintió” al proxeneta, no hay delito: una barbaridad. Tampoco incluye el delito de administración de prostíbulos, clave para combatir las redes de trata y prostitución ajena.
Aborto: Se reconoce el fallo de la Corte de que no será punible “si el embarazo proviene de una violación”. Pero no sólo sigue penalizando el derecho al aborto por decisión de la mujer sino que incluye nuevos delitos, como los de aborto culposo y lesiones al feto dolosas o culposas. Más persecución a los profesionales y más obstáculos a los abortos, incluso los no punibles, es más perjuicio a la mujer.
Igual que la reforma del Código Civil, para las mujeres este proyecto implica más retroceso que avance.

Basta de criminalizar el reclamo social

• Para ir contra las luchas y los luchadores, además de represión los gobernantes y jueces utilizan varias figuras del CP: interrupción del tránsito, lesiones, daños, atentado y resistencia a la autoridad, coacción y otras. El proyecto modificaría algunas:
• Se quitaría la figura de prepotencia ideológica (integrar organizaciones que busquen imponer sus ideas por la fuerza). Es correcto eliminar ese resabio de la dictadura de Onganía.
• La coacción agravada hoy incluye amenazar a un gobernante para obtener alguna medida. Con la reforma sólo habría delito si la amenaza es para obligarlo a irse de su ciudad, su provincia o del país. Es una moderación.
• El mayor problema es con el artículo 194, el “corte de ruta”, figura penal muy usada contra las marchas y piquetes. Con la reforma, si hay intimación judicial cortar una ruta o una calle es delito. ¡Con la simple orden de un juez convertirían en delito el derecho constitucional a reclamar, habilitando la represión policial!
• Más allá de algunos cambios progresivos que pueda incluir esta reforma, lo que vemos todos los días es una criminalización cada vez mayor de los reclamos sociales.
• Ante la lucha docente, a tono con el discurso acusatorio de Cristina en el Congreso, el vicegobernador bonaerense Mariotto amenazó con declarar la educación como «servicio esencial» para coartar el derecho de huelga. Otro tanto intentó el gobierno mendocino ante un paro de la salud pública. Y tres obreros petroleros de Las Heras -Cortez, Rosales y González-, han sido injustamente condenados a perpetua en un juicio fraguado.
• La detención de dirigentes y delegados petroleros por una huelga en Santa Cruz, y la represión a los docentes de Misiones en lucha y la detención del dirigente de la CTA Rubén Ortiz son los ejemplos más recientes. Necesitamos la mayor unidad obrera y popular para parar esta política persecutoria, de la que el Código Penal es un instrumento privilegiado.

Dr. Pablo Vicente (CADHU) y Pablo Vasco

 1.Detención domiciliaria o en fines de semana, obligación o prohibición de residencia y tránsito, trabajos comunitarios, multa reparatoria. Si la condena es de 3 a 10 años, se impondrían una vez cumplida la mitad; si es más de 10 años, cumplidos dos tercios.
2. Por contaminar aguas, aire o suelo; alterar o destruir bosques, etc.
3. El criterio de reincidencia viola el principio de que nadie debe ser castigado dos veces por el mismo hecho.