El 14 de marzo un joven chofer de colectivos murió al ser baleado por dos ladrones que intentaron asaltar el ómnibus de la línea 56 en el partido bonaerense de La Matanza. Tras el hecho, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizó un paro de doce horas desde las 12 hasta la medianoche de ese día en reclamo de mayor seguridad al gobierno bonaerense. La medida se sintió con fuerza, pero a pesar de ser sorpresiva y de coincidir con la caída de una fuerte lluvia en la Capital tuvo la solidaridad de la población. Es que millones sintieron como suya esa muerte. Y suya es la sensación de que estos problemas seguirán creciendo.
No se puede perder de vista el interés con que algunos medios de comunicación y sectores políticos tratan el tema. Sería una torpe ingenuidad hacerlo. Los sectores conservadores y de derecha siempre han hecho de la inseguridad un caballito de batalla desde el cual tratar de fortalecerse política y electoralmente. Sobre todo cuando los conflictos sociales ganan el centro de la escena, como ocurre ahora con los docentes.
Pero esta afirmación no puede ocultar que la violencia urbana está creciendo. Y se lleva la vida de trabajadores/as, jubilados/as y jóvenes todos los días.
La nación y las provincias siempre ensayan las mismas recetas. Más gendarmes, más policías, más represión, más cámaras. Así se ha vuelto a resolver para la provincia de Buenos Aires. Pero las cosas, lejos de mejorar, empeoran. Es que se sigue evitando atacar las causas de estos problemas.
Si se quiere dar una salida al problema, hay que empezar por combatir la tremenda desigualdad social. En este país los más ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Muchos que sí lo hacen no observan ninguna perspectiva para su vida, mientras los que gobiernan y sus amigos viven rodeados de privilegios que no pueden explicar cómo pudieron conseguir. Hay franjas enteras en las que son dos o tres las generaciones que no han conseguido nunca un trabajo genuino.
Y falta vivienda, ayuda social, hospitales y atención primaria de la salud,etcétera.
Son innumerables los estudios que comprueban que la llamada “inseguridad” aumenta cuando los indicadores sociales retroceden. Pero persisten las políticas que ignoran la decadente realidad social.
Por otra parte, se debe terminar con el triángulo de impunidad que está detrás del crímen organizado. Hay una verdadera red de políticos, jueces y policías sosteniendo (o directamente integrando) redes de narcotráfico, trata de personas, desarmaderos o piratería del asfalto. Son muchos los jóvenes humildes reclutados para servir a estas bandas, que sin esa complicidad del poder político no existirían.
Se tiene que desmantelar el aparato represivo, depurando a las policías de los represores, corruptos y criminales que aún siguen en sus filas. Jueces y comisarios deben ser electos por el voto popular y ejercer sus funciones en mandatos periódicos, pudiendo ser revocados de sus puestos si no cumplieran con sus funciones. Los funcionarios corruptos tienen que ser inhabilitados permanentemente para ejercer cargos públicos, embargados sus bienes y pagar con la cárcel sus delitos.
Y mientras peleamos por eso, hay que organizarse en los barrios para cuidarnos entre nosotros, haciendo recorridas, poniendo alarmas comunitarias, elaborando entre todos los mejores dispositivos de prevención que podamos.
Las que proponemos son medidas duras, también difíciles. Pero no imposibles. Lo imposible es esperar que las cosas mejoren con este modelo capitalista, que profundiza la desigualdad y mantiene intacta la impunidad. Cristina no las va a tomar, tampoco los Massa, Macri, Binner o Cobos. Para pelear por un país donde nosotros y nuestros hijos podamos vivir dignamente, hay que “dar vuelta la tortilla”. Por ese rumbo batallamos desde el MST. Llamamos a todos los que compartan estas propuestas a que las impulsemos juntos.
