La decisión de declarar al 28 de Mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer fue tomada en la reunión de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos, realizada al terminar el Vº Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer, en Costa Rica, en mayo de 1987. Desde entonces, se conmemora el 28M con el propósito de reafirmar el derecho a la salud como un derecho humano de las mujeres al que deben acceder sin ninguna restricción ni exclusión y a través de todo su ciclo de vida.
¿Qué dirán nuestros legisladores nacionales, que se niegan a una ley por el aborto legal, seguro y gratuito? ¿Y la no reglamentación de la Ley 25.929 sobre Parto Respetado? ¿Y la no disminución de la mortalidad materna, que se torna escandalosa en algunos lugares del país y del conurbano donde las condiciones de salud de mujeres y niños deberían dar vergüenza a propios y ajenos?
Nuestra cultura relaciona a la mujer con la sumisión, la ternura, el cuidado, la reproducción. Y asocia al varón con la valentía, la fortaleza, la provisión, el poder, el mando. El sistema patriarcal conforma una estructura social de jerarquías en las ideas, costumbres, derechos y apropiación de recursos, donde lo masculino domina lo femenino. El hombre detenta el poder. Domina, en el ámbito privado y en el público. Tiene la decisión sobre nuestros cuerpos, nuestra vida.
Como dice Michelle Perrot: «la relación de las mujeres con el poder se inscribe en el propio juego de palabras. ‘Poder’ es un término polisémico. En singular, tiene una connotación política y designa la figura central, cardinal del Estado sobre lo que convenimos es masculino. En plural, se desmenuza en fragmentos múltiples, equivalentes a ‘influencias’ difusas y periféricas, en las que las mujeres tienen una amplia participación. Decimos que la mujer no tiene poder, tiene poderes. En occidente las mujeres representan lo privado, lo familiar, la sociedad civil. Reinan sobre el imaginario de los hombres, invaden sus noches y sus sueños». Esa constante remite a la división entre público y privado.
¿Qué hacer? ¿Cómo establecemos las relaciones de las mujeres con el poder, los poderes público y privado, los que nos excluyen y los que nos incluyen? ¿Cómo plantearnos, desde las instituciones, sindicatos, barrios, las vías para que las mujeres nos apropiemos de los espacios de toma de decisiones, nos apropiemos de nuestros cuerpos, de nuestra libertad para decidir?
Es a través de las organizaciones sociales, movimientos de mujeres, sindicatos, Estado, donde tenemos que entrar en las fisuras del modelo. Meternos en los espacios de la micropolítica de la vida cotidiana, laboral, y replantear nuevas formas colectivas de disputa del ejercicio del poder, la igualdad y nuestros plenos derechos. Meternos en el corazón mismo de las propias mujeres para desterrar una cultura milenaria de culpas, de pecado original.
Hemos avanzado, pero no lo suficiente: Una mujer en el poder no nos garantizó ni nos garantizará derechos y libertad. Hay cambios en la legislación, leyes en concreto, avanzamos, pero el camino de la transformación todavía está lejos.
Desde nuestro sindicato, la CICOP, venimos peleando por esos espacios. Primero desde la discriminación positiva del cupo. Hoy más del 50% de las mujeres profesionales ocupamos cargos ejecutivos y de decisión en todos los niveles del sindicato. Desde la visibilización, creamos la Secretaría de Género, que funciona con un equipo de formación teórica y capacitación en terreno, llevando nuestras políticas de igualdad. Trabajamos con los colectivos de mujeres, sin diferencias políticas. Con la CTA, el Encuentro Nacional de Mujeres, la Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito. Contra la violencia de género, el acoso, la trata, la violencia obstétrica.
En violencia de género, la secretaría de CICOP confeccionó un Recursero, accesible en nuestra web. Le exigimos al Estado cambiar las políticas de educación, incluyendo en todos los niveles educativos la educación sexual. Y acordamos con la despenalización del aborto porque:

• Las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo, en condiciones seguras y gratuitas en los hospitales públicos.
• La mortalidad materna es un problema sanitario grave y es un deber del Estado solucionarlo.
• La legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo.
• Despenalizar y legalizar el aborto es reconocer que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado.
• El derecho a decidir no sólo se circunscribe al derecho a la interrupción del embarazo, sino también a decidir sobre la maternidad.
• La despenalización del aborto implica una clara medida de justicia social dándole a las mujeres pobres la posibilidad de decidir.
• La penalización del aborto habla del desconocimiento de la libertad y autonomía de las mujeres, y no incide sobre la decisión de abortar.

Viviana García, presidenta de la CICOP, y  Área de Género de la Secr. de Capacitación