La situación legal del actual vicepresidente pone de manifiesto varias aristas del modelo económico, del régimen político y del gobierno K. La corrupción aparece endémica a un modelo basado en la entrega y el despojo. El doble estándar de la oposición patronal. La responsabilidad de Néstor y Cristina detrás del funcionario cuestionado. Medidas de fondo contra la corrupción estructural desde la izquierda
El caso Ciccone es un botón de muestra y Boudou un eslabón de la cadena general de descomposición del modelo económico y el régimen político. Negocios personales con testaferros al amparo del poder que otorga ser funcionario. Enriquecimiento exponencial con fondos públicos. Y como remate: estatización trucha presentada como medida antimonopólica para alimentar un alicaído doble discurso progresista cuando en realidad se trata de una maniobra de encubrimiento para intentar evitar que se evidencie la verdad. El kirchnerismo que tanto utilizó la década menemista para su propia autoconstrucción política intentando presentarse como antítesis superadora en todos los sentidos, en materia de corrupción es realmente la “etapa superior” del proyecto del riojano. En los 90´ dominaba una lógica en la relación del partido de gobierno con los capitalistas que usufructuaban con el patrimonio estatal a partir de las coimas. En síntesis: los funcionarios del más variado rango hasta llegar al gabinete y el presidente Menem, fundaron su enriquecimiento en cobrar “comisiones” a las empresas para habilitarles contratos de privatización y otros negociados. Bajo el kirchnerismo la esencia de participar del negocio capitalista de saqueo estatal se expresa no ya solamente en las coimas – y el festival millonario de subsidios estatales sin control- sino también en el usufructo compartido de dichos negocios. Néstor y Cristina no solamente entregaron territorio y recursos a grandes transnacionales como Benetton o la Panamerican Energy. A través de testaferros como Cristóbal López o Lázaro Baez se quedaron con partes de esos frentes de negocios capitalistas. Por eso, también en esto la estafa ideológica-política del kirchnerismo como proyecto “opuesto” al menemismo queda de manifiesto.
La oposición burguesa: ¿y por casa cómo andamos?
Todo el grupo Clarín y el conjunto de la oposición tradicional al kirchnerismo están haciendo del caso Boudou una causa nacional. Sin embargo, aunque este personaje seguramente tiene que ir preso –y con él toda la cadena de responsabilidades- la realidad es que unos y otros son lo mismo como gerenciadores políticos de los negocios capitalistas con el estado. El kirchnerismo se victimiza denunciando conspiraciones destituyentes. Y en realidad el ataque a Boudou es parte de una línea destinada a erosionar al gobierno en la transición electoral hacia el 2015, pero de ninguna manera aparece la decisión de sector alguno de la oposición tradicional de ir hasta el final con el juicio político y la renuncia del vicepresidente. Entre otras razones, porque para el caso del PRO tiene a Macri judicialmente mucho más complicado que el funcionario K y sin embargo sigue al frente del gobierno de la CABA. Sin contar con los sobreprecios en la obra pública y la asociación orgánica con empresarios como Roggio –en Metrovías- o IRSA para el negocio inmobiliario que también aparecen vinculados al gobierno nacional. En suma: se pelean y disputan para la tribuna pero de fondo representan intereses económicos similares
Un programa anticorrupción real: reformar el sistema político, la justicia y democratizar para las mayorías
La causa Boudou tendría que avanzar y asegurar que el vice pague por sus delitos. Sin embargo, desde una posición independiente de los intereses capitalistas y del régimen decadente de esta democracia para las corporaciones las medidas que hace falta tomar para combatir en serio la corrupción son muy profundas y distan de estar en la agenda de gobierno u oposición.
Primero, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de cohecho cometidos por funcionarios. Tiene que ser durísima la ley con ellos incluyendo el reparar patrimonialmente el desfalco económico producido. Pero además hay que implementar una reforma política estructural: que todo funcionario electo por el voto popular gane un salario equivalente al de una directora de escuela y que además tenga que rendir cuentas año a año y su mandato sea revocable. A esto tendríamos que agregar que se atiendan ellos y sus familias en hospitales públicos y utilicen la escuela y el transporte públicos. Se necesita una clase política consustanciada materialmente con la realidad de la mayoría de la población. Como se explica en el recuadro que acompaña este artículo es clave además una reforma integral del sistema de justicia. Y finalmente, en todos los casos es crucial que existan mecanismos de control social sobre todo. Los resortes fundamentales de la vida económico-social y política tienen que estar en manos de un estado caracterizado por la intervención directa y democrática de las grandes mayorías de trabajadores y usuarios: el transporte, la salud, la educación, la energía, la justicia, el espacio público, todo.
Cortar la relación orgánica del capital con los funcionarios de los partidos de gobierno y oposición que secuestran el gobierno y utilizan el aparato estatal para enriquecerse al margen de la mayoría trabajadora. Indudablemente esa salida programática es de izquierda. El MST-Nueva Izquierda la formula como parte de su proyecto alternativo de país. Hace falta entonces sobre la base de una nueva mayoría y la unidad de toda la izquierda política y social encarar estas medidas como base de un verdadero programa anticorrupción radical para gobernar el país en una transición hacia otro sistema y régimen político.
Mariano Rosa
El caso Campagnoli
Como es sabido públicamente, el gobierno nacional viene acosando sin tregua al fiscal federal José María Campagnoli, logró que sea suspendido y busca someterlo a juicio político. ¿Por qué? Porque Campagnoli investigó, entre otras causas, al corrupto empresario K Lázaro Báez. A su vez el PRO y UNEN ensalzan al fiscal como si fuera un paladín de la justicia “independiente”. Ni una cosa ni la otra: como lamentablemente sucede en tantos otros casos, unos y otros cuestionan o defienden a los jueces y los fiscales, los ponen o los sacan según su propia conveniencia política.
En la Legislatura porteña, días atrás la diputada Graciela Ocaña, el PRO y UNEN aprobaron designar a Campagnoli como personalidad destacada de las ciencias jurídicas. Los K se fueron de la sesión. De inmediato, los bloques anteriores también nombraron a Campagnoli como ciudadano ilustre de la Ciudad. Nuestro diputado Alejandro Bodart -que se abstuvo en ambas votaciones- destacó la necesidad de lograr una justicia realmente independiente del poder político, lo que sólo será posible cuando los jueces y fiscales sean elegidos y revocables mediante el voto popular.
