El lunes 9 de junio, Cristina Fernández de Kirchner se reunió con los gobernadores de las 10 provincias productoras de petróleo para presentarles su nuevo proyecto de ley. El mismo día también se reunieron Mauricio Macri y Miguel Galuccio, el titular de YPF Sociedad Anónima. Más allá de algún leve tironeo, todos ellos coinciden en profundizar el actual régimen petrolero, que incluye privilegios colosales a las multinacionales y la extensión del fracking contaminante.
Después de haber recorrido el yacimiento Vaca Muerta en Neuquén, la semana pasada estuve en Mendoza. En esos días ya Galuccio anticipaba este nuevo proyecto de ley que Cristina acaba de presentarles a los gobernadores de la OFEPHI1.
En verdad, este es el segundo capítulo de la historia. El año pasado, Chevron le pidió a Cristina que le habilite la explotación de hidrocarburos no convencionales (shale oil y shale gas) mediante el uso del fracking contaminante. Ella le cumplió y firmó el Decreto 929/13, que permitió el acuerdo Chevron-YPF S.A. Como ese decreto es ilegal porque viola dos leyes nacionales y no pasó por el Congreso, en junio de 2013 presenté la denuncia penal por la cual la jueza Servini de Cubría y la Cámara Federal resolvieron que se investigue a la presidenta. Ahora, como Chevron y todas las otras petroleras piden más “seguridad jurídica”, en un reconocimiento implícito de que con el decreto no alcanza, para encubrir el delito Cristina apura una nueva ley de hidrocarburos.
La Ley Chevron
“Una ley petrolera a medida de las empresas”. Así tituló la noticia La Nación, un diario tradicional si los hay. La web mendocina www.mdzol.com fue más directa: “Petróleo: el modelo ‘Chevron’ será ley nacional”.
¿Cómo es? Las 10 provincias productoras seguirán siendo “dueñas” del petróleo y el gas, como erradamente se impuso con la privatización menemista vía la llamada ley corta (26.197) y la reforma constitucional de 1994. Pero la participación de las empresas provinciales -o acarreo- y las licitaciones se deberán adecuar a lo que marque la Nación. Más allá de algún debate por las migajas de las regalías e impuestos, lo que trascendió de la nueva ley les amplía a las multinacionales petroleras todas las ventajas ya otorgadas a Chevron por el pacto con YPF:
A los cinco años pueden exportar el 20% de su producción sin pagar ni un peso por retenciones.
Pueden disponer libremente del 100% de las divisas obtenidas por exportación. Si el pacto con Chevron obligaba a “invertir” al menos mil millones de dólares, ahora lo reducen a 250 millones.
Si la producción no cubre las necesidades de abastecimiento interno, ese petróleo o gas que las empresas vendan en el país se les paga a precio internacional.
Además, se conceden las áreas por 35 años o lo que decida Nación, rebajan o incluso anulan el pago de derechos para importar equipos y sólo ponen algunos “estándares mínimos” para el cuidado ambiental.
Como vemos, este régimen petrolero que tanto elogia Macri sería el sueño de Carlos Menem o de Domingo Cavallo: entrega, saqueo y contaminación. El problema es que viene de la mano de un gobierno que se jacta de ser “nacional y popular”.
Según Cristina y los funcionarios K, sin estas “inversiones” extranjeras no lograríamos autoabastecimiento ni soberanía energética. No es así. La única inversión soberana sería anular el Decreto 939, prohibir el fracking, reestatizar YPF bajo control social e invertir en explorar nuevos pozos convencionales y en energías alternativas no contaminantes.
A todos los compañeros y compañeras que en su momento honradamente confiaron en el modelo K y que hoy quieren defender los bienes comunes y el medio ambiente, los convoco a unir fuerzas para resistir juntos esta nefasta Ley Chevron.
1. Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, integrada por Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Alejandro Bodart
