Por estos días uno de los temas que sigue colocado en la agenda política es el procesamiento del vicepresidente. Al mismo tiempo, Macri intentó despegarse del ejemplo de Boudou argumentando falsamente que él “demostró ser inocente” en el caso de las escuchas ilegales que lo tuvo como imputado. Toda la política tradicional manipula y falsea estas cuestiones para confundir a la opinión pública. Con este artículo queremos sintetizar una posición independiente desde la izquierda frente al debate de “la corrupción y la impunidad”.
Lo primero que tenemos que afirmar es que la corrupción o la impunidad no son problemáticas individuales. Es decir: los corruptos o delincuentes impunes con cargo de funcionario público no son expresiones accidentales de un sistema transparente y justo. Esto que parece una obviedad no lo es tanto cuando vemos la manera en que se da difusión mediática al caso Boudou o al procesamiento de Macri. Los funcionarios del estado, los dirigentes de los partidos tradicionales que gobiernan el país gerencian intereses económicos capitalistas que les pagan por sus servicios con coimas, le retribuyen favores con participación en sus negocios o bien al amparo de la impunidad del poder se enriquecen personalmente con recursos públicos. Pero es la normalidad esencial de un sistema basado en el beneficio del 1 % de la sociedad en perjuicio del 99 % restante. Cambian las formas pero el contenido es el mismo: con el menemismo los funcionarios se enriquecían con coimas por privatizaciones o concesiones aprobadas en tiempo récord. Bajo el kirchnerismo además de la coima los gerentes políticos de corporaciones petroleras, megamineras, inmobiliarias, etcétera, participan como socios de esos negocios. Utilizan testaferros: Lázaro Báez, Cristóbal López o Vandenbroele. Y se transforman en multimillonarios. Así funciona el sistema.
Macri miente: a él también lo salvó un pacto de impunidad
Intentando aprovechar la coyuntura para delimitarse del caso Boudou, Macri explicó que “él se sometió al juicio político y demostró ser inocente”. Falso. Macri miente, porque él también trabó su juicio político. La comisión investigadora legislativa no lo descartó, sino que concluyó que Macri «es el principal responsable del diseño, instalación y gestión de este sistema» (las escuchas ilegales) y dejó «el camino expedito» (abierto) para el juicio político. Luego sólo nuestro bloque propuso iniciarlo, pero casi toda la oposición pactó con el PRO cajonearlo.
Macri descalifica su procesamiento judicial por espionaje y trabó su juicio político. Actúa igual que el vicepresidente: ambos niegan su responsabilidad penal y política, buscando impunidad con tal de seguir en el cargo. En este caso –el de Macri- también se expresa un rasgo estructural del sistema: todos los partidos tradicionales están a favor del espionaje político y la criminalización de las luchas. Por eso, más allá de la puesta en escena mediática todos jugaron para evitar la sanción y caída en desgracia de Macri, porque ninguna fuerza tradicional quiere sentar un precedente que a posteriori la pueda complicar en un caso similar. Una vez más: Macri o Boudou, corrupción e impunidad criminal son emergentes de un sistema que beneficia al 1 % capitalista contra el 99 % restante. Por eso, todo se articula para proteger a los gerenciadores políticos de esos intereses económicos.
Un programa anticorrupción y anti-impunidad desde la izquierda
Por todo lo dicho las causas de fondo de la corrupción y la impunidad hay que atacarlas en su raíz profunda. Primero, hay que recuperar todos los resortes fundamentales de la economía para un estado –no como éste- sino con directa intervención de trabajadores y usuarios en la planificación, gestión y control de todo. A la vez, es imprescindible provocar un cambio radical en el sistema político: todo funcionario debe tener un salario equivalente a un trabajador calificado, tiene que ser revocable en su mandato por mecanismos directos y ágiles, y también debe tener obligaciones legales superiores a cualquier ciudadano individual.
Por ejemplo: los casos de corrupción cometidos por funcionarios deben ser imprescriptibles y además tener sanción patrimonial para el que lo cometa. Pero eso no alcanza. Junto a esos cambios en el sistema político, hay que transformar la justicia. Jueces electos por el voto popular, con salarios equivalentes al de un trabajador calificado, revocabilidad y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
Así, controlados desde “el bolsillo” y sometidos a una permanente vigilancia social, todo el funcionariado cambiaría estructuralmente su naturaleza, la política expresaría una cultura distinta y por tanto al servicio del 99 % y no del 1 % parasitario como ahora.
La izquierda tiene salida también frente al problema de la corrupción y la impunidad.
Mariano Rosa
