La semana pasada en el congreso nacional el kirchnerismo aprobó una ley nefasta: la exención de responsabilidad civil del estado –y por ende, de sus funcionarios- ante situaciones como las de Once, Cromañón u otras. Se trata de proteger con un andamiaje legal de impunidad a los emergentes corruptos y criminales de un sistema esencialmente corrupto y criminal. Se trata en principio de la “cobertura patrimonial” del estado y sus funcionarios, aunque es vox populi que se avanzaría también en el mismo sentido en términos penales. Por supuesto: el kirchnerismo hace los deberes en la transición hacia un nuevo gobierno y la oposición tradicional apenas si protesta tibiamente. En esto también tiene acuerdo estratégico. Reproducimos a continuación extractos del documento elaborado por los familiares de las víctimas de Once que resume categóricamente una caracterización aguda de esta nueva vergüenza política.

“(…) los representantes del Frente para la Victoria, y sus fuerzas aliadas, sancionaron una ley que deja al ciudadano de a pie indefenso para reclamar en un futuro al Estado civilmente por daños que resulten de la mala gestión, la impericia y la falta de control de sus funcionarios (…) han dejado a los futuros damnificados por la ineficiencia y corrupción de los funcionarios de turno, sin aval jurídico para reclamar lo que les corresponde por derecho propio contra el Estado. Se han tomado el trabajo de cuidar a la corporación política-contratista, dejando al ciudadano común en una clara desigualdad ante la ley.
Los causantes de los desastres son amparados mientras las víctimas quedan sin resguardo legal de ninguna clase (…) Si bien este atropello sobre los derechos de todos se refieren a acciones de orden civil dejando a las penales de lado, tenemos el legítimo derecho de dudar si no van a intentar avanzar también sobre estas últimas.
La corrupción crece si no se la ataca, no se detiene ante nada, y en lugar de crear nuevos instrumentos jurídicos que la combatan, nos encontramos con una votación que genera un marco de inseguridad para futuras víctimas de la ineficiencia estatal. En su artículo 6 la ley señala que “el Estado no debe ser responsable, ni aún de manera subsidiaria por los perjuicios causados por los concesionarios a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”. Al leer este artículo nos queda muy claro que la tragedia del 22 de febrero de 2012 es una de las razones fundamentales que justifican este avance.
Inentendible, inexcusable, inexplicable.

Sabemos que la posibilidad de que esta ley sea vetada por el Poder Ejecutivo es prácticamente nula ya que es el mismo gobierno, que de la mano del autoproclamado candidato presidencial Florencio Randazzo, presenta la compra de vagones para el Sarmiento como política de Estado y no como la resultante de la muerte de 52 inocentes sobre las vías, víctimas de 10 años de abandono.
Y, como si con esto no alcanzara, en un spot institucional lo presenta como uno de los “goles” de este Gobierno, que deberíamos celebrar todos.
Solo quienes hemos perdido a un ser querido esa mañana de febrero, o quienes resultaron heridos, sabemos cómo se nos estruja el corazón cuando vemos en la pantalla semejante cosa”