El jueves 21 se prevé que la Legislatura porteña debata y vote una ley de evaluación educativa. Parece que el macrismo lleva las de ganar, ya que a sus 28 votos propios les suma dos del bloque de Graciela Ocaña. Y si empata 30 a 30 con la oposición desempata el vicepresidente 1º, que es del PRO. Pero hay una fuerte resistencia de la docencia porteña. Todos los sindicatos rechazan el proyecto macrista y hay movilización. Son parte de este rechazo los trabajadores de las áreas de evaluación del Ministerio de Educación, cuya postura reproducimos abajo. En cuanto a los bloques políticos, hay centralmente cuatro posturas:
1. El PRO. En vez de un instituto autárquico ahora proponen un ente descentralizado y con personería jurídica propia en el ámbito del Ministerio. Es casi lo mismo. Lo consideran una “entidad del sector público”, igualándolo al Poder Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia y las Comunas. Si bien ya no mencionan las subvenciones privadas el nuevo ente las puede recibir y, vista la política privatista de Macri, así ocurrirá. Hablan de “un proceso de diálogo”, pero no incluyen ninguna consulta a la comunidad educativa. Y como parte de su ataque al Estatuto Docente, omiten el sistema de evaluación docente allí ya establecido.
2. UNEN. Coincide en casi toda la propuesta del PRO, salvo algunos detalles de redacción y dos diferencias de forma: 1) Retroceden de su proyecto original de una unidad dependiente del Ministerio y proponen que sea desconcentrada, similar al ente descentralizado del PRO. 2) Plantean aceptar “sólo” los fondos del Presupuesto y las herencias, legados y donaciones, pero estas últimas incluyen las del sector privado. Tampoco proponen ninguna participación de la comunidad educativa. E incorporan al Consejo de Universidades Privadas entre los jurados para el concurso del director del ente de evaluación.
3. Los K. Si bien hablan de “incluir las visiones y las voces de todos/as los implicados/as” y de una “elaboración participativa” de la evaluación, tampoco plantean ninguna forma de participación real de los docentes, alumnos y padres. De su proyecto original donde el gobierno tenía minoría en el consejo e incluían a los estudiantes, ahora proponen que el oficialismo tenga mayoría y no haya estudiantes. Mencionan al Estatuto Docente en los considerandos, pero lamentablemente también lo omiten en el articulado de la ley.
4. El diputado Alejandro Bodart. Ante estas evaluaciones desde arriba, propone una ley alternativa: que sea la comunidad educativa quien evalúe las políticas del Ministerio y sus resultados. Entre los puntos a evaluar incluye el presupuesto, la infraestructura, la demanda de vacantes y la política salarial y de capacitación docente, que también hacen a la calidad educativa. Reafirma el Estatuto Docente y rechaza toda injerencia privada. A su vez, si se vota la ley macrista, propone incluir en el Estatuto Docente al personal contratado de las áreas que sean transferidas al nuevo ente. Como bien dice Bodart, “los docentes, alumnos y padres son los que mejor conocer los problemas de la educación y tienen propuestas para resolverlos.”
Pablo Vasco
Gerencia Operativa de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad
Pronunciamiento de los trabajadores
Los trabajadores de los Equipos de Evaluación Institucional, Evaluación de Programas y Proyectos, Evaluación de Aprendizajes, de Desempeño Docente y de Estadísticas manifestamos nuestro desacuerdo con las características del Instituto de Evaluación que se quiere imponer en la Ciudad y señalamos tres disidencias clave:
1. Promovemos y sostenemos una evaluación para y dentro del sistema educativo. La evaluación es una herramienta más dentro del sistema educativo, junto con el planeamiento, el diseño curricular, la formación docente, etc. y su función es brindar información para la mejora del sistema. Esta información per se no produce ningún cambio: el cambio, la mejora, lo producen las políticas educativas que se implementan a partir del conocimiento profundo del sistema y el uso de la información provista por una evaluación participativa.
2. Estamos convencidos de que la vinculación con el sistema educativo es fundamental y determina la credibilidad y legitimidad de la información producida. La propuesta del gobierno es evaluar a través de una entidad autárquica; entonces quedan varias preguntas sin responder:
¿Cómo se prevé vincular el instituto con las distintas dependencias del Ministerio para que el diseño de la evaluación responda a las necesidades del sistema?
¿Cómo serán los procedimientos de trabajo articulado con las instituciones educativas para el desarrollo de las evaluaciones?
¿Con qué criterios se analizará la información? Si las próximas evaluaciones se elaborarán por fuera del sistema, ¿qué grado de validez y confiabilidad tendrán?
¿Se prevé trabajar en un sistema de intercambio y socialización de los resultados con las escuelas?
¿Cuál es el presupuesto asignado a este instituto para realizar las mismas tareas de evaluación que hoy en día y desde hace años se realizan desde la Gerencia Operativa de Evaluación en la órbita del Ministerio?
Esta evaluación impuesta desde afuera por una entidad autárquica no contempla cómo se va a relacionar con las escuelas ni con las distintas dependencias del Ministerio, tanto en la etapa de la elaboración de las evaluaciones como en la de análisis de los datos obtenidos y en el intercambio y uso de la información producida.
3. Nos preocupa la modalidad de contratación para los trabajadores del instituto que se propone. Consideramos que frente al sistema educativo nos legitima el hecho de ser trabajadores de la educación, al igual que nuestros compañeros que están en las escuelas y en otras áreas del Ministerio. No entendemos por qué no está contemplado el pase al Estatuto del Docente, legitimando el hecho de que la mayoría de nosotros somos docentes en ejercicio y que por nuestra tarea necesitamos estar amparados por esa ley, que es una forma de garantizar la continuidad laboral y de sostener derechos adquiridos.
