La muerte de Petracchi, el jerarca de la Corte avivó el debate. Zaffaronni anunció que a fin de octubre le mandará una carta con su renuncia a la presidenta, el 7 de enero próximo cuando cumpla 75 años. Al hacerlo dejaría al máximo órgano judicial con cuatro miembros (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt), uno por debajo de lo que indica la ley.
Aunque lo negó, si Zaffaronni quisiera seguir en esa función, el poder ejecutivo tendría que enviar sus pliegos como juez al senado y si consiguiera los dos tercios de los votos podría continuar en su puesto cinco años más.

Eternos y privilegiados

Estos señores feudales, puestos por el poder político de turno, envejecen y hasta se mueren en sus sillones. No pagan ganancias y tienen altos salarios. Básicamente, son intocables.
Vayamos a los datos:
Ricardo Lorenzetti, actual presidente de la Corte asumió el 1 de enero de 2007, propuesto por Néstor Kirchner. Tiene 58 años. Su mandato finalizaría en 2030. Elena Highton de Nolasco, también designada por Kirchner, en 2004, tiene 71 años y debería dejar de ser jueza en 2017. Juan Carlos Maqueda, fue propuesto por Duhalde desde fines de 2002, tiene 63 años y su mandato finalizaría en 2024.
Pero incluso esa eternidad puede ser mayor. Carlos Fayt, está desde 1983, cuando fue propuesto por el presidente Raúl Alfonsín. Tiene 96 años y se mantiene en el cargo ya que la propia Corte, en una acordada interna, dejó sin efecto aquel inciso de la Carta Magna que dispone la remoción automática de los jueces federales.
Y, más allá de alguna excepción en tal o cual fallo logrado por la presión popular, lo real es que siempre juegan para el poder. Desde la Corte hasta el último tribunal, todos son garantes de este sistema. Por eso se paga la deuda externa ilegítima, sigue vigente la flexibilización laboral, el crimen organizado sigue en pie, los máximos corruptos nunca pagan, los genocidas no fueron a la cárcel común, y un largo, larguísimo, etcétera.

Propuestas para cambiar la justicia

Lo primero que tiene que terminarse son los puestos eternos, y el nombramiento por parte del poder político. Los jueces de todo el país, incluyendo a los ministros de la Corte, tienen que elegirse por el voto directo y popular. Y tener un mandato a término, como un diputado. Tiene que haber referéndums revocatorios o mecanismos democráticos para que la población pueda remover a los que sean responsables de corrupción o fallos aberrantes, como se ha visto en los casos de violencia de género, trata, etc.
Otra cosa que hay que impulsar es la participación popular en la administración de justicia. Hay que implementar los juicios por jurado, que están en la constitución desde hace décadas, pero sólo se aplican para algunas cosas menores en algunas provincias.
Por último, se deben terminar los escandalosos privilegios en los sueldos. Los jueces tendrían que ganar como los trabajadores judiciales y sufrir los mismos descuentos, también tener que atenderse en hospitales públicos y mandar a sus hijos a escuelas públicas. Para que vivan como vivimos todos y sufran las consecuencias que sus acciones generan.
Por este camino, podremos avanzar hacia una justicia que esté al servicio de las mayorías y no del poder.

Ignacio Tedesco