En los talleres del Encuentro y a raíz del caso Paola surgieron algunos debates con la agrupación Pan y Rosas-PTS.
Uno es que ante los casos de femicidio ellas están en contra de eliminar del Código Penal los atenuantes porque “eso aumentaría el poder punitivo del Estado burgués”. Si bien siempre rechazamos las políticas de “mano dura”, igualar un femicidio a cualquier otro asesinato es un criterio mecanicista que invisibiliza la violencia y la opresión específicas que sufrimos las mujeres.
Si en las condenas a los genocidas exigimos perpetua y cárcel común en vez de prisión domiciliaria, ¿por qué no sería legítimo aplicar figuras penales diferenciales con los femicidas, así no sean parte del aparato represivo estatal?
Las mujeres no sólo somos un sector oprimido sino que la realidad actual y concreta es que la justicia machista de este sistema siempre es indulgente con los femicidas, los violadores y los violentos. Ejemplos sobran: Silvina Córdoba fue asesinada por su pareja, quien antes había matado a otra mujer y sólo estuvo dos meses preso; en el caso Taddei al asesino le dieron una pena baja con la excusa de la emoción violenta y sólo la lucha de los padres de Wanda y la presión popular logró la perpetua.
Pan y Rosas también se opone a nuestra exigencia de una ley de emergencia en violencia de género, con presupuesto para abrir refugios, asistencia psicológica, legal y subsidios para las mujeres víctimas y sus hijos. Según ellas, apenas son “paliativos que no resuelven el problema de fondo”.
Es otro error. Todos los socialistas revolucionarios sostenemos que la opresión y la violencia de género sólo acabarán a partir de que logremos derrotar al capitalismo que las genera e iniciar la construcción de una sociedad socialista e igualitaria. Pero hasta entonces sería irresponsable no tener propuestas transicionales para actuar y lograr avances concretos. Porque hay vidas en juego. Si en nuestro país cada 30 horas se mata a una mujer por el solo hecho de serlo, ¿qué proponemos ahora para cambiar esa situación? Pan y Rosas no tiene respuesta.
Desde ya, sólo con lograr leyes no alcanza. La Ley 26.485 contra la violencia de género aún no está reglamentada y no se le asignan fondos, como venimos denunciando. Pero su aprobación fue un avance y con la movilización debemos obligar al poder político a ir más allá. Nuestras propuestas son parte de un programa integral, con puntos como el control de las organizaciones de mujeres en la aplicación de los programas sobre violencia de género y una profunda reforma judicial y policial que incluye elegir por voto popular los jueces, fiscales y comisarios.
Con la línea propagandista y abstracta de Pan y Rosas-PTS, lejos de fortalecer la lucha contra los femicidios se termina debilitándola.

Luciana Echevarría