Como pasó con la reforma del Código Civil, con la excusa de algunos avances Cristina quiere hacer votar cambios que implican un retroceso en materia de derechos. En este caso, parece que la reforma se la escribió Sergio Berni…

Esta reforma presenta algunos puntos positivos. Por ejemplo busca darle mayor celeridad al proceso penal, pasando de un sistema mixto (inquisitivo-acusatorio) a otro netamente acusatorio. Pero en la Provincia de Buenos Aires ya rige desde hace varios años un sistema así y sin embargo sigue siendo el reino de la desidia judicial y de la criminalización de la pobreza y la protesta social.
Es que más allá del tipo de sistema procesal penal, el problema estructural es quiénes “imparten justicia” y cómo accedieron a sus cargos. Hoy los jueces y fiscales son electos a través de los Consejos de la Magistratura mediante pactos y canjes del poder político, que ve a la justicia como un gran tablero de TEG en donde colocar y mover sus piezas.
Por eso los jueces y los fiscales, así como los comisarios, deberían ser elegidos por el voto popular y con cargos revocables. Junto con establecer los juicios por jurados populares, que figuran en la Constitución Nacional desde 1853 pero casi no se aplican en ninguna provincia, la elección permitiría democratizar al único de los tres poderes del Estado cuyos miembros no son votados por el pueblo.

La mano dura no resuelve nada

Al analizar toda reforma penal o procesal penal como ahora pretende la presidenta, no debemos olvidar que en general las sanciones de la justicia de este sistema siempre recaen sobre los pobres y excluidos.
En cuanto a los extranjeros, el xenófobo Berni pretende expulsar del país por 15 años a los que delincan. Pero esto no resuelve la inseguridad porque los extranjeros son una clara minoría y su índice delictual es igual al de los nacionales. Los grandes delincuentes extranjeros son las corporaciones como Barrick, Chevrón o Monsanto, a las que el gobierno y toda la oposición tradicional les abren la puerta y les votan leyes a su medida.
A su vez, también es un retroceso aplicar la prisión preventiva en casos de reincidencia. Confirmaría el fracaso del Estado en recuperar al que ha delinquido y además sería juzgar dos veces por un mismo delito, lo cual es claramente inconstitucional. Lo mismo con la nueva y ambigua figura de conmoción social para evitar la excarcelación, figura que seguramente no será utilizada contra los funcionarios corruptos sino contra los sectores populares.

Un giro a la derecha

La llamada ley antiterrorista fue un antecedente. También el intento de ley antipiquetes. Esta reforma es parte de ese giro político del gobierno nacional hacia la derecha.
Con esta ley de reforma, Cristina intenta causar un efecto mediático sobre una problemática real y sentida como lo es la inseguridad. Pero aquí se trata de un código de procedimiento penal: no es para la prevención del delito, sino que regula el proceso judicial una vez que el delito ya se cometió. Por eso fracasaron aquellas famosas leyes Blumberg de endurecimiento de penas.
En vez de ir por más mano dura como insiste Berni, lo que haría falta es -por ejemplo- un plan de shock de inclusión educativa y laboral para el millón y medio de jóvenes “ni-ni” para evitar que terminen reclutados por las mafias organizadas. Otorgar derecho a la sindicalización policial. Y depurar todas las cúpulas de las policías y demás fuerzas de seguridad, que son parte activa del delito en Santa Fe, en Córdoba y en el país entero.

Pablo Vicente, abogado del CADHU