Con la renuncia de Raúl Zaffaroni hace un par de meses, de los cinco jueces que integran la Corte han quedado cuatro. Cristina ahora propone nombrar a Roberto Carlés, un joven K que por haber exagerado y mentido en su magro currículum fue impugnado por el Colegio Público de Abogados porteño. Pero el principal problema de la Corte y de todo el sistema judicial no es Carlés sí o Carlés no, sino cómo se designan los jueces y los fiscales. El gobierno K y la oposición tradicional discuten por tal o cual nombre, obviamente para poner a un amigo, pero ninguno de ellos cuestiona los mecanismos.
Para designar un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo propone al candidato y necesita el acuerdo de dos tercios del Senado. Para los jueces federales, el Ejecutivo elige uno de una terna que le propone el Consejo de la Magistratura, un organismo integrado por 13 miembros: 3 representantes de los senadores, 3 de los diputados, 3 de los jueces, 2 de los abogados, uno del Ejecutivo y uno de las Universidades. En las provincias, los Consejos suelen tener 9 miembros, sin los dos últimos.
Como resulta obvio por esa composición, todos los Consejos de la Magistratura son ámbito de negociaciones y pactos políticos: “Poneme este juez”, “Te nombro dos fiscales” y todo así. Por esa razón de fondo la justicia está atada al poder político y a los viejos partidos, a cuyos intereses de clase luego responde. Además, los jueces son vitalicios, ganan sueldos de privilegio y no pagan Ganancias. Por eso es una justicia que perdona para arriba y castiga para abajo.
Como bien dijo nuestro diputado Alejandro Bodart: “No va más seguir nombrando jueces y fiscales a dedo: si queremos tener una justicia que realmente sea independiente del poder político hay que elegirlos por voto popular, en una votación separada de las elecciones a cargos políticos. A su vez, el cargo de juez o fiscal debe tener una duración determinada y no recibir ningún privilegio.”
“La otra medida básica para democratizar el sistema judicial -agregó Bodart- es implementar los juicios por jurados populares, elegidos por sorteo del padrón electoral. Así lo dispone la Constitución Nacional desde 1853, hace 162 años, pero salvo contadísimas excepciones no se pone en práctica. Si no se aplican estas medidas de participación social, la justicia va a seguir condicionada a las presiones y pactos del poder de turno, como sucede hasta ahora.”
Pablo Vasco
