Primero fue retocar el anteproyecto de Ley de Semillas incorporando algo de declamación pro agricultura familiar. Rechazo y falta de licencia social. Más tarde la sorpresa apareció con un cambio de táctica: intempestivo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Otra vez las críticas desde el movimiento socioambiental. Ahora por boca siempre de Aníbal Fernández, la amenaza se desplaza otra vez al Congreso. Monsanto presiona, China presiona. Toda la política tradicional acata.
En medio de la polvareda electoral, sigue su curso la arremetida del agronegocio en el país. La asignatura pendiente tiene que ver con el andamiaje de legalidad que les permita a las semilleras patentar sus eventos transgénicos y así poder capitalizar regalías, y digitar la producción alimentaria global de Argentina. Cuentan con una ventaja estratégica. Todos los candidatos “presidenciables” no tienen ni matices en relación a la orientación sojadependiente. Es más: la línea de llevar al Congreso la nueva Ley de Patentamiento de Semillas es una estratagema oficialista para comprometer políticamente a toda la oposición con el aval a la legalización del despojo definitivo de nuestra soberanía alimentaria. Por eso, el movimiento socioambiental tiene que mantenerse en alerta para responder ante nuevos intentos de avanzar por parte del lobby sojero y sus gerentes políticos. Ahora, gravita una pregunta frente a todo esto:¿cómo funciona el sistema de producción de comida en el siglo XXI?
La comida: de derecho social a mercantilización capitalista
El imaginario colectivo supone que todos y todas elegimos lo que comemos. Que definitivamente ante la góndola del supermercado tenemos libertad plena, solamente limitada por las condiciones económicas de ingreso de cada uno. Pero, que en todo caso existe libertad para decidir. Tenemos una muy mala noticia: hace tiempo ya y de manera casi absoluta, esa libertad para decidir lo que comemos nos fue arrebatada. Lo queremos explicar. El circuito de la alimentación tiene un punto de partida que son las semillas. Vale decir: qué se siembra, qué se cosecha y por lo tanto qué se ofrece en el mercado como alimento. Repasemos entonces el cuadro de situación del mercado mundial de semillas, plaguicidas y fertilizantes.
Tres compañías manejan más de la mitad del mercado mundial de semillas, seis empresas de plaguicidas dominan las tres cuartas partes de ese negocio y diez corporaciones controlan el 40 por ciento de los fertilizantes.
Para dar más detalles precisamos:
Monsanto 26 %
DuPont Pioneer 18,2 %
Syngenta 9,2 %
La suma de estas tres corporaciones factura 18.000 millones de dólares anuales. En el ranking “top ten” de las transnacionales con más peso en el sector aparecen: la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Otra vez hagamos cuentas: entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas. Y facturan 26.000 millones de dólares anuales.
Entonces, para volver al principio tenemos que afirmar que lejos de la libertad de decidir qué comemos lo que ocurre es que estas empresas mandan decidiendo efectivamente qué se produce y termina transitando el circuito que va del campo al plato.
Somos lo que comemos. Hay vida después del agronegocio
Finalmente queremos marcar dos conclusiones importantes: la resistencia a este modelo que despoja y envenena por lo que comemos, no para de crecer. A escala planetaria el retroceso de Monsanto es claro en Europa, cuestionado en otros continentes y resistido –desigualmente-en el nuestro. En Argentina hay emblemas: las Madres de Ituzaingó –con Sofía Gatica a la cabeza-, la Asamblea de Malvinas que tiene paralizada la planta de Monsanto en esa localidad cordobesa, decenas de organizaciones ambientales en el país, científicos e intelectuales de distintas disciplinas que se pliegan al campo del cuestionamiento de este modelo configuran un cuadro estimulante. Y al mismo tiempo, como tarea pendiente está en el movimiento socioambiental lograr unificar la pelea, integrar derechos sociales y ambientales para tender puentes hacia los trabajadores y trabajadoras, definir un programa alternativo en el campo de la producción alimentaria y una estrategia de construcción organizada de voluntarios multiplicadores de esta causa y de esa propuesta de salida. La Red Ecosocialista que construimos en todo el país se propone esos objetivos y milita con esa perspectiva. Por eso, planteamos:
Prohibir los transgénicos, el glifosato y sustituir la agricultura sin agricultores por un modelo opuesto.
Declarar el latifundio como propiedad estatal de utilidad social sujeta a expropiación y diseñar un plan nacional de repoblamiento del campo.
Implementar una transición basada en los principios de la soberanía alimentaria, la agroecología y la agricultura de proximidad.
Planificar la producción en base al cálculo social de necesidades nutricionales de la población que trabaja. Ese proceso tiene que anclar en la participación mayoritaria, activa y democrática del conjunto de trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad
Comercialización estatal de la comida en ferias públicas a precio accesible para todos y todas.
Iniciar un proceso transicional de reemplazo de la matriz energética hidrocarburífera por otra alimentada por energías limpias y renovables como la solar o eólica.
Mariano Rosa, coordinador de la Red Ecosocialista
