Una delegación de la asamblea Jáchal no se toca, de San Juan, logró una audiencia con el Juez Federal Sebastián Casanello quien lleva adelante la investigación judicial por el derrame de cianuro ocurrido el 12 y 13 de septiembre del año pasado por la empresa canadiense Barrick Gold en la mina Veladero.
Gisella Carrizo, integrante de la asamblea, comentó su impresión luego del encuentro con el magistrado, que duró 45 minutos: “Le transmitimos nuestra preocupación porque jamás recibimos una visita de funcionarios nacionales ni provinciales, tampoco se hicieron eco los medios de comunicación de la provincia. Además le dimos un panorama de la preocupante situación que estamos viviendo”. Calificó como “conflictiva” la relación con las autoridades provinciales, responsabilizó a los gobiernos- el pasado y el actual- del desastre ambiental que se generó a partir del derrame. Espera que el rumbo de la causa en el fuero federal consiga lo que están persiguiendo desde hace casi 6 meses: cierre, remediación y prohibición de la actividad minera. “Espero que esta lucha sirva para que se castigue a todas las empresas que ocasionan desastres ambientales”, remarcó.
“Jáchal no se toca” visitará al acampe que realiza la asamblea El Algarrobo de Andalgalá, frente a Tribunales y participarán de una Jornada de acción popular el martes a las 10 hs. en Plaza Lavalle. El mismo día, los asambleístas intentarán reunirse con el Ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman.

La causa

Existe una causa penal en la provincia y otra en el fuero federal. Por ésta última, hay un funcionario imputado, el ex secretario de Minería nacional Jorge Mayoral, acusado junto al presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Bergé, el secretario ambiental provincial, Domingo Tello, y varios directivos de Barrick Gold.

La contaminación probada

Un peritaje de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina confirmó que se contaminaron los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, y se violó la ley 24.051 de residuos peligrosos. Se suma a los estudios de la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN de Mendoza que arrojaron resultados en el mismo sentido y a un análisis de sangre realizado a un niño de 5 años que constató la presencia de arsénico. Por ello los asambleístas piden el procesamiento de, al menos, nueve gerentes de la empresa.

Carla Simioni