En la Argentina, como en todo el mundo, la corrupción está enquistada en todo el sistema político y económico. En esas prácticas, a veces ilegales, siempre ilegítimas, hay connivencia entre el gran empresariado y todo el aparato del Estado, incluido el sistema judicial. Por eso para erradicar la coima y la corrupción hacen falta cambios institucionales y económicos profundos, que van contra los pilares del régimen y del propio sistema capitalista.
En ese camino, desde el MST proponemos varias medidas concretas, aplicables en forma inmediata o a corto plazo, para combatir a fondo la corrupción. Un hilo conductor de nuestras propuestas es el control social directo, con mecanismos participativos y democráticos para que el pueblo fiscalice las acciones de gobierno.

En el plano político

Ejercer un cargo público no debe ser para enriquecimiento personal, como suele suceder. Hay que terminar con todos los privilegios de los funcionarios políticos, de presidente a concejal: que ganen como una directora de escuela y sus mandatos sean revocables si están implicados en corrupción o incumplen sus promesas. Y si son condenados, ¡que devuelvan lo que se robaron!: embargo automático e incautación de sus bienes hasta restituir lo adeudado y se los inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos; lo mismo para los empresarios corruptos. La Oficina Anticorrupción y la Auditoría General no deben ser sucursales del gobierno de turno: que sus miembros se elijan por voto popular.

En el plano judicial

La figura del arrepentido ya rige para delitos de drogas y es ineficaz. Es reconocer que el Estado no investiga hacia arriba, pudiendo hacerlo. Lo que hace falta es otra cosa. Por ley, los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles: sin vencimiento. Pasar a retiro a los jueces federales puestos por la dictadura. Y lo principal: en vez del mecanismo tramposo de los Consejos de la Magistratura, atado a los pactos políticos con o sin servilleta, los jueces y fiscales deben ser electos o removidos por voto popular, en elecciones separadas de los cargos políticos. Si no, la justicia seguirá dependiendo de los vaivenes políticos. Hasta esa democratización judicial, ante causas que imputen al poder político -casos CFK y Macri-, formar comisiones investigadoras independientes integradas por personalidades intachables. También hay que implementar los juicios por jurados, con vecinos sorteados del padrón.

En el plano policial y de seguridad

No existe un solo delito económicamente organizado -como lavado de dinero, narcotráfico, redes de trata, tráfico de armas o piratería del asfalto- en donde no haya amparo o complicidad de la policía o fuerzas de «seguridad». Es necesario depurar por completo dichas fuerzas de todo aquel involucrado en hechos de corrupción o represión social. Elegir los comisarios y jefes por voto popular. Disponer el control social de las comisarías por comisiones de vecinos y organismos de derechos humanos. Abrir todos los archivos secretos, para sacar a luz las responsabilidades de corrupción y otros ilícitos. Y disolver la ex SIDE y demás aparatos de «inteligencia» policial y militar, que sólo sirven para espiar a opositores y luchadores pero son inútiles para prevenir y perseguir los grandes delitos.

En el plano económico

Basta de usar los bienes y dineros públicos para favorecer el negocio privado. Para poner fin a las coimas, curros y negociados, sobre toda obra o concesión pública significativa hay que establecer un estricto control social. A los servicios públicos, reestatizarlos bajo el control de comisiones de usuarios y trabajadores. Si una empresa es sospechosa de corrupción, abrir sus libros contables e investigar sus cuentas bancarias. Los Presupuestos estatales deben tener control popular, para que los fondos se apliquen como se debe. Ante esa tremenda corrupción y estafa que es la deuda externa, proponemos suspender todo pago y hacer una auditoría pública. Y para evitar la fuga de capitales y el lavado de dinero, anular el secreto bancario y nacionalizar la banca y el comercio exterior.