Los tarifazos reabrieron el debate no sólo sobre dichos precios, sino también sobre la grave crisis de los servicios públicos. Mientras escribimos esta nota, por ejemplo, más de 92.000 usuarios de Capital y Gran Buenos Aires sufren un nuevo corte de luz. Si no es el calor es el frío, la herencia del gobierno anterior o el cambio climático, pero siempre el resultado para el pueblo es el mismo: tarifas de terror y servicios de pésima calidad. Ni que hablar del agua, que la cobran por metro cuadrado y no según el consumo real…
El gas, la electricidad, el agua y el transporte son derechos básicos y vitales. Por eso el Estado debe garantizar su acceso universal, o sea a todos sin excepción. Su provisión no puede estar sujeta a que el consumidor pueda pagar o no la tarifa arbitraria que asegure la ganancia capitalista. Salvo que pretendan que, en el siglo XXI, debamos elegir entre tomar agua y cocinar o entre viajar y tener luz. La angustia en tantos hogares y el cierre de muchos pequeños comercios por las tarifas impagables indican que no exageramos.
Además, la mayoría de los servicios sigue en manos privadas. La electricidad la generan empresas públicas y privadas, la transporta CAMMESA (mixta), operada por Transener (privada) y el 75% lo distribuyen Edenor, Edesur, Edelap (todas privadas). Metrogas tampoco es estatal: el 29% es privado y el 70% es de GASA, que a su vez es de YPF, que a su vez es «estatal» en un 51%. Así, sólo un 36% de Metrogas es del Estado. Los colectivos son todos privados, el subte lo tiene Metrovías y los trenes recién volvieron al área pública tras la masacre de Once y el desastre de las privatizadas. El agua la maneja la empresa pública AYSA, después del tendal que dejó la multinacional francesa Suez. Todas las privatizaciones son un fracaso completo.
Aparte de lo que embolsan por el cobro directo de boletas, las privatizadas reciben subsidios estatales, que también provienen de los impuestos que pagamos todos. Como un logro del Argentinazo de 2001, esos subsidios en general se mantuvieron para no golpear tanto el bolsillo familiar. Pero los entes reguladores tipo ENRE o ENARGAS no han cumplido su función y tampoco hubo un control efectivo del Estado sobre el uso de los subsidios, que en buena medida se debían destinar a inversiones para mejorar los servicios. Encima, Macri busca reducir la parte subsidiada para descargar los costos sobre los usuarios.
Por estas razones, la solución para tener servicios accesibles y eficientes es reestatizarlos. Y como sabemos que aun desde el Estado hay quienes trabajan para el sector privado, se debe reestatizar con la participación y el control democrático de comisiones de los usuarios y los trabajadores, los más interesados en que los servicios funcionen bien. En esto disentimos con sectores como el PO, que por ejemplo en su proyecto de ley bonaerense anti-tarifazos plantea «debatir la reconfiguración de las concesiones» pero no propone la reestatización con control social. En la lucha contra los tarifazos es preciso abrir el debate sobre la salida de fondo para tener verdaderos servicios públicos y no negocios privados.

Pablo Vasco