En la madrugada del 13 de abril, nuestra compañera Noelia Villarroel, de Alternativa estatal y el MST, discutió con su pareja, éste la violentó y llamó a la policía. Los policías, que se negaron a identificarse, se la llevaron detenida, la maltrataron duramente y la mantuvieron incomunicada por seis horas en la Comisaría 6º de Río Gallegos.
Frente a esta violencia de género institucional, desde Juntas y a la Izquierda y el MST de inmediato convocamos a los gremios y las organizaciones de mujeres a marchar en unidad hacia la Jefatura de Policía para exigir la destitución de sus cargos de los agentes involucrados y condena al violento, Rafael Castillo, ex secretario provincial de Cultura.
Además se debió recorrer distintas instituciones, como la Comisaría de la Mujer y otras, que se supone velan por el bienestar y protección de las víctimas de violencia machista. Pero solo se recibió inoperancia, largas horas de espera, cuestionamientos a la verdad de nuestra compañera afectada y ni siquiera una orden de restricción.
Esto demuestra una vez más la necesidad de que se apruebe una ley de emergencia en violencia de género, con presupuesto real para la asistencia integral a la mujer víctima y que todas las dependencias del Estado que trabajan en dicho tema reciban formación en perspectiva de género. ¡Basta de revictimizarnos!
Un triunfo: separaron a los policías
La policía, que no actuó frente a la situación de violencia que denunció Noelia, la detuvo e hizo abuso de autoridad. También salió por los medios con una campaña sucia y mentirosa que recargó con toda la culpa sobre ella, confirmando que esa institución represiva responde directamente al orden patriarcal y ampara a los violentos.
Por otro lado, Horacio Pietragalla, el secretario de Derechos Humanos, debido a la gravedad del caso tuvo que salir a dar declaraciones y comprometerse a realizar acciones concretas.
El estado público que tomó la denuncia y la presión de nuestra movilización logró que nos atendiera el secretario de Seguridad, Lisandro de la Torre, quien debió pasar a disponibilidad a todos los agentes policiales de la Comisaría 6ª que cumplían funciones esa madrugada y abrir un sumario para determinar las responsabilidades de los mismos.
Basta de machismo institucional
En esta oportunidad podemos decir que hemos logrado conquistar un avance. Hay que seguirlo de cerca para que se efectivice y sirve de antecedente a futuro para posibles situaciones similares. Pero la realidad en Santa Cruz continuamente nos muestra que la policía y el sistema judicial son cómplices, en un silencio e inacción que termina permitiendo nuestras muertes y no encontrar justicia después.
Una fuente oficial registró que en enero de este año se atendieron en la Comisaría de la Mujer de Río Gallegos 349 casos: 112 son denuncias penales y 237 son actas, exposiciones y asesoramientos. Eso arroja un promedio de 11 casos atendidos por día, de los cuales más de tres terminan en denuncias penales.
Si bien los números hablan por sí solos y son sumamente alarmantes, dicha Comisaría solo cuenta con cuatro telefonistas y una mujer que toma las denuncias en cada turno. Ellos mismos exponen que “terminan” en esa seccional casi a modo de castigo…
Por ejemplo, en noviembre de 2015, Mayra Fernández, de 17 años y madre de una beba de siete meses, fue a la Comisaría 2ª de Puerto San Julián a visitar a su pareja, que se encontraba detenida allí. Luego de una fuerte discusión él la estranguló hasta terminar con su vida, pero ningún policía dice haber visto ni escuchado nada. A la fecha, no hay condena.
Natalia Tolay, integrante de la fuerza policial de Río Turbio, es objeto de violencia de género por parte de su ex pareja y denuncia que la institución a la que pertenece, en vez de protegerla, la denigra. La policía hace oídos sordos a su pedido de auxilio y en las oportunidades en que ha manifestado ser amenazada, perseguida o agredida, la han esposado y encerrado.
Movilización y propuestas
Entre otras medidas de fondo, resulta urgente establecer la elección de los jueces, fiscales y comisarios mediante el voto popular, con control de las organizaciones sociales, para que ninguna mujer más tenga que atravesar esas situaciones de violencia institucional y revictimización.
Hoy las mujeres de los distintos espacios nos encontramos pegando juntas con el mismo puño contra la violencia machista e institucional. Entendemos que el caso de Noelia es el de miles de mujeres desamparadas frente a la ausencia de un Estado que no realiza un solo aporte, ni económico ni en políticas públicas para erradicar la violencia patriarcal, deja que los machos violentos anden libres y las mujeres terminemos criminalizadas.
¡Pero lo estamos combatiendo! Por eso te invitamos a organizarte con nosotras, que te sumes a Juntas y a la Izquierda y al MST en la lucha por todos nuestros derechos, para vivir nuestras vidas plenamente y libres de toda opresión.
Tanya García