El 3 de mayo la Corte Suprema, por tres a dos, declaró aplicable el beneficio del 2×1 a un genocida de la dictadura. Se basó en una ley ya derogada y lo aplicó a delitos de lesa humanidad. Aberrante por donde se lo mire.

El fallo se dictó para el caso de Luis Muiña, un represor que integró el “Grupo Swat” que durante la dictadura recorría los pasillos del Hospital Posadas. Fue condenado por secuestro, tortura y desaparición de trabajadores del hospital en “El Chalet”, el centro clandestino que funcionó allí durante aquellos años.
La decisión de la mayoría de la Corte se constituyó por los jueces Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti, que declararon aplicable la Ley 24.390, conocida como “2×1”. Esa ley, que rigió entre 1994 y 2001, reducía el cómputo de la prisión. Fue aprobada ante una situación especial: cárceles repletas de detenidos en forma preventiva por años y sin sentencia.
Pero aunque Muiña no estuvo preso durante esos años, los tres jueces tomaron el precedente “Arce”: para aplicar la ley penal más benigna consideraron si el delito se cometió durante su vigencia, siendo para ellos irrelevante si el imputado estuvo detenido o no en dicho lapso.
En disidencia con el fallo votaron los jueces Lorenzetti y Maqueda, señalando que el 2×1 no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, como los que cometió Muiña. Para esos delitos, cualitativamente más graves que los delitos comunes, no hay amnistía ni indulto, ni prescripción; es decir, no vencen.
El carácter permanente de un delito implica que si cuando se consumó rigieron dos leyes no es un caso de sucesión de leyes penales, donde se debe aplicar siempre la más benigna1, sino de coexistencia de leyes. Por ende se debe aplicar la ley vigente en el último tramo de la conducta punible. No había ningún “vacío legal”, como falsamente afirmó Macri para justificar el fallo.
Apenas se dictó el 2×1, decenas de represores solicitaron el mismo beneficio. O sea, íbamos a tener a torturadores, secuestradores, asesinos, apropiadores de bebés y demás genocidas compartiendo con nosotros las calles, los colectivos, las plazas…

La complicidad de Cambiemos y el PJ-FPV

Macri es un socio y defensor de la dictadura y su gobierno construye un relato negador del terrorismo de Estado con un doble objetivo. Por un lado, frenar el avance de causas y juicios contra los genocidas y sus cómplices civiles, que empiezan a afectar a algunos empresarios. Entre esos socios civiles está el Grupo Macri2. A la vez, con el olvido y la impunidad trata de recomponer el aparato represivo por si lo necesita para imponer el ajuste. El fallo es parte de esa estrategia.
Macri intentó poner a Rosatti y Rosenkrantz en la Corte por decreto. Como fracasó, tuvo que volver al mecanismo habitual: designarlos con acuerdo del Senado. Y allí están las complicidades, porque en esa cámara Cambiemos está en minoría y la mayoría es del PJ-Frente para la Victoria. Sin esos votos, los pliegos de ambos jueces no se hubieran aprobado (ver página 3). Highton de Nolasco asumió la propuesta de Néstor Kirchner en 2004. Con su voto al 2×1 le retribuye al gobierno su continuidad en la Corte cumplidos los 75 años. Quienes proponemos cambios de fondo en la justicia también debemos señalar esta complicidad política.

Vanesa Paola López, Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)

1. Hipótesis del artículo 2 del Código Penal.
2. Tenía 7 empresas al inicio de la dictadura y 47 al terminar, y se benefició de la estatización de deudas privadas resuelta por Cavallo.