La semana pasada, el caso De Vido estuvo en todas las teles, charlas de café y mesas familiares. Pasado ya el tema a un segundo plano, es importante sacar conclusiones sobre cómo actuó cada sector político.

El gobierno de Macri motorizó una campaña mediática y llamó a sesión especial de la Cámara de Diputados el 26 de julio con un doble fin político: sacar del centro de la escena el problema de los despidos, que preocupa a todo el pueblo trabajador, y al mismo tiempo poner como blanco a Julio De Vido con el objetivo electoralista de forzar la polarización.
Para montar su operación el macrismo se apoyó en un elemento real: el profuso prontuario del ex ministro de Planificación y actual diputado del FPV que lo involucra en graves hechos de corrupción.
Cambiemos no planteó sacarle a De Vido sus fueros parlamentarios, ya que eso requería de la petición previa de algún juez, que esta vez no hubo. Dicho sea de paso, esto confirma la total ineptitud de la justicia cuando se trata de investigar, juzgar y condenar a funcionarios políticos.
El pedido macrista de exclusión de De Vido se basó en su «inhabilidad moral». Así lo permite el artículo 66 de la Constitución nacional: «Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno…»

Una sesión-circo

Más de 10 horas de duración, argumento leguleyo va, chicana viene, la sesión del 26 fue un verdadero show. El FPV y una parte del PJ defendieron a De Vido, por momentos casi como si fuera un prócer nacional o un perseguido político.
El PRO sabía que no tenía los votos suficientes e igual convocó a la sesión. Tampoco le importó que el artículo 66 diga sobreviniente, o sea después de asumir el cargo, siendo que las causas de De Vido son de cuando fue ministro, antes de ser diputado. La única finalidad del macrismo era polarizar con el pejotismo para ganar votos y mostrarse como los abanderados de la lucha anti-corrupción…
¡Ellos, que aceptaron como senador al condenado Carlos Menem pero «se acordaron» de De Vido sólo unos días antes de la votación! ¡Ellos, cuyo presidente Mauricio se benefició de la estatización de deuda externa con la dictadura, fue procesado por contrabando en Sevel, asumió estando procesado por las escuchas ilegales, y además tuvo los Panamá Papers y otros escándalos!
Lo peor de la sesión no fue el sainete adentro, sino lo que pasó afuera: reprimieron con la policía y hasta le impidieron pasar a una delegación de trabajadorxs despedidxs de Pepsico, que junto a varias organizaciones populares habíamos marchado al Congreso para pedir que trate una ley para recuperar su fuente de trabajo. Nuestro compañero Alejandro Bodart y el MST acompañamos la movilización.
En resumen, más allá de su propósito electoralero, la sesión especial fue inocua para De Vido, totalmente ineficaz para combatir la corrupción y a la vez ajena por completo a los despidos y demás preocupaciones sociales.

El FIT actuó mal

Los diputados del FIT, a nuestro criterio, actuaron mal. Tras algunos vaivenes, tanto el PO como el PTS votaron en contra de la exclusión de De Vido sosteniendo que era una medida discrecional que algún parlamento podría aplicar contra diputados de izquierda.
En realidad no es que «podría» aplicarse, sino que ya se hace: en Mendoza el gobierno pidió el desafuero de dos legisladores del FIT por apoyar el paro general del 6 de abril, con quienes por supuesto nos hemos solidarizado. Pero si bien sus votos en el Congreso no eran definitorios y criticaron el show, opinamos que los diputados del FIT se equivocaron al votar junto al FPV y el PJ.
Tampoco les importó que desde febrero de 2012 vienen dando una denodada lucha los familiares de las víctimas de Once, bajo el lema «la corrupción mata», contra la impunidad de varios funcionarios políticos. El principal es De Vido, máximo responsable de la masacre.
Lamentablemente, en la sesión los diputados del FIT se pusieron a la defensiva, terminaron defendiendo el privilegio político que son los fueros y no presentaron ninguna alternativa diferenciada de Cambiemos y del pejotismo. Así, quedaron emblocados en la defensa del corrupto De Vido.

Nuestra posición

Expresada en varios reportajes y comunicados de prensa, nuestra postura ante el caso De Vido y la sesión-circo fue clara.
Ante la campaña mentirosa del PRO, nuestro dirigente Alejandro Bodart declaró: «Macri miente al mostrarse como el paladín anti-corrupción y acusar a la izquierda. Aunque el gobierno la planteó como una maniobra electoralista, si la exclusión de De Vido hubiese dependido de mi voto, por las víctimas de Once hubiera votado a favor. En igual sentido, hace pocos días impugnamos a Menem como candidato. Pero esa hipótesis nunca se dio: aun sabiendo que no tenía los votos, el gobierno de Cambiemos igual montó esa sesión-circo sólo para polarizar la elección y tapar los despidos y demás problemas sociales.»
Bodart agregó: «Nuestra propuesta para combatir realmente la corrupción de toda la casta política es anular todos los fueros parlamentarios y formar una suerte de CONADEP, una comisión con personalidades independientes e intachables, para investigar todos los ilícitos cometidos por el gobierno anterior y también por el actual.»

Fueros parlamentarios: un privilegio político

Los fueros nacieron en Europa en los siglos XVIII y XIX, en la transición de las monarquías a monarquías parlamentarias, para proteger la libre opinión de los diputados frente a los juicios que pudiera hacerles el rey. Pero contra el principio de igualdad ante la ley, son un privilegio.
Con el correr de los años, y sobre todo con la decadencia de la casta gobernante, en nuestro país los fueros parlamentarios se han transformado en un verdadero amparo de la impunidad del poder. Es decir, se constata su función de privilegio político. El caso más flagrante es el de Menem, condenado por la justicia por la venta ilegal de armas a Ecuador, pero libre y encima senador que vota leyes y cobra $ 320.000 por mes, mitad por ese cargo parlamentario y mitad por su jubilación como ex presidente…
Además en el caso De Vido no estaba en debate su desafuero, sino su exclusión. Pero como toda discrecionalidad parlamentaria, no depende de tal o cual «principio» sino de la relación de fuerzas entre las clases sociales y sus representantes políticos. No hay argucia ni voto legislativo por encima de esa relación estructural. Es más: las y los revolucionarios, con o sin fueros, siempre estamos expuestos a los ataques de la clase capitalista. Otra cosa muy distinta son los fueros sindicales, que protegen al delegado contra el abuso patronal y por eso no proponemos anularlos. Y aun así, también dependen de la relación de fuerzas.
Ya un error muy similar de defensa objetiva de la institucionalidad burguesa lo cometió el dirigente del PO Jorge Altamira cuando fue legislador porteño. Cuando en 2003 nuestra compañera Vilma Ripoll y otros dos diputados impugnaron que Elena Cruz asumiera como diputada por hacer campaña pública en apoyo al dictador Videla y el genocidio, Altamira votó a favor de ella junto a la derecha argumentando que «esto me lo pueden aplicar a mí».

Pablo Vasco