Inflación real. La inflación de marzo fue de 2,3%, acumulando un aumento de 6,7% en lo que va del año, proyectando que 2018 cerrará con una inflación por encima del 25%. Muy por encima del 15% que el gobierno fijó como meta inflacionaria y que fue la referencia acorde a la cual varios gremios grandes acordaron aumentos salariales. Según el Ministerio de Trabajo, el 75% de las paritarias cerraron en esa cifra, aunque quedan pendientes la UOM, Bancarios y Camioneros. De no modificarse la dinámica inflacionaria ni reabrirse negociaciones salariales, el año terminará con una notable pérdida de salario real de los trabajadores registrados.
Salario real menguante. La reducción del salario real para incrementar las ganancias capitalistas es un objetivo central de la agenda de Macri. Y es uno de los pocos objetivos que viene logrando. Un informe de Economía Política para la Argentina (EPPA) que publicó Cash el domingo 15 de abril, usa datos del Ministerio de Trabajo para mostrar que el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte cayó 8,5% en los últimos dos años; que el de los docentes cayó 8,2%, el de los petroleros 7,8%, el de los estatales 7,1% y el de los trabajadores de comercio 4,5%. A estas pérdidas del salario real, se les sumará este año la diferencia mencionada entre los aumentos salariales y la inflación prevista.
Consecuencias del tarifazo. Los aumentos de tarifas de servicios públicos no sólo impactan en el bolsillo de manera directa al aumentar los costos de vida de los trabajadores, y de manera indirecta al retroalimentar la inflación cuando las empresas trasladan a sus clientes sus propios aumentos. También alimenta la ola de despidos en curso y el proceso de precarización del trabajo en curso. Un estudio reciente del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo-Universidad Nacional de San Martín atribuye el ciclo de despidos colectivos a la «inviabilidad» de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria. Gran cantidad de pymes cierran la persiana, y grandes empresas aprovechan para reducir costos. El efecto es el retroceso del empleo privado formal y el avance del empleo precario, contratado, informal. Todo reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y suma a las ganancias patronales.
Siguen los despidos. En estas circunstancias se suman incontables despidos en pymes a casos más emblemáticos. Carrefour presentó un procedimiento preventivo de crisis con intensiones de despedir entre 1000 y 2500 trabajadores; la farmacéutica Abott redujo el personal de su planta de Florencio Varela en 20% con un plan de retiros voluntarios; La Campagnola, de Arcor, ha despedido a 300 trabajadores; la fábrica de alfajores Estancia El Rosario lleva dos meses sin pagar salarios y piensa cerrar. Y a esto se suman los despidos en el Estado, como en la fábrica militar Fanazul, el INTI o el Hospital Posadas. Todo esto es posible por la traición o pasividad de la dirigencia sindical y política del PJ en sus diversas variantes, todas comprometidas a la gobernabilidad y la competencia electoral del año que viene.
Las cajas de Caputo. Mientras el gobierno impone estos ajustes a los trabajadores, sus funcionarios ni se sonrojan al reconocer que son parte de ese puñado de capitalistas que se beneficia de las ganancias que nos exprimen. El ministro de Finanzas Luis Caputo fue interpelado en el Congreso por las cuentas offshore que omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción. Su respuesta indigna: «el tema de las offshore no es delito», son «como una caja de seguridad». Pretende que ignoremos que la única razón de ser de las cuentas en los «paraísos fiscales» es la evasión impositiva y el lavado de dinero. Caputo y todos los funcionarios y empresarios sospechados de corrupción, evasión y lavado deben ser investigados por una comisión investigadora independiente contra la corrupción.
Deuda agigantada. El otro tema que tuvo que responder Caputo es el de la deuda, que ha crecido exponencialmente estos dos años. Informó que la deuda bruta tomada desde 2015 subió 80 mil millones de dólares, mientras la neta creció casi 64 mil millones. Sólo este año se pagan 330 mil millones de pesos en concepto de intereses de la misma. Pero nos dio su palabra que esta vez no nos van a estafar: «entiendo que se preocupen porque el tema del financiamiento terminó muchas veces mal en el país, pero esta vez será distinto», aseguró. No es reaseguro la millonaria transferencia de riqueza hacia los sectores más concentrados de la economía que ha logrado la política impositiva macrista, con la quita de retenciones a las megamineras y las exportadoras de granos.
Otro plan económico. El sistema impositivo debe ser invertido para cobrarle fuertes impuestos a las ganancias capitalistas y garantizar los derechos de los trabajadores. Los despidos deben ser prohibidos por ley y las empresas que no cumplan, estatizadas bajo control de sus trabajadores. Los salarios deben fijarse al costo de vida real e indexarse a la inflación. Las horas de trabajo deben ser repartidas para que nadie quede desocupado. La inflación se debe frenar con controles de precios y la eliminación del IVA. Los tarifazos deben ser anulados y los servicios reestatizados bajo control social para garantizar calidad y accesibilidad. Todo esto implica implementar un plan económico contrapuesto al que aplica el gobierno y requiere construir una herramienta política para desalojar a Macri del poder y poder encarar esta orientación decididamente anticapitalista.
