La pelea por el aborto legal debe atravesar la segunda etapa, más difícil, en el Senado. Aunque están parejos los números, esa es una cámara más conservadora. Cada provincia tiene tres senadores y ya en Diputados vimos que muchos del interior votaron en contra. Por eso estamos ante un gran desafío.
Gabriela Michetti, que preside el Senado, dio la nota de color negro. A las mujeres que no quieran seguir su embarazo las mandó al psicólogo y agregó: “No me parece que porque exista ese drama digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada…” Como bien dijo Vilma Ripoll, “merece estar en un museo paleontológico” porque ataca un derecho que las mujeres y demás cuerpos gestantes tenemos desde principios del siglo pasado.

Viejos y nuevos obstáculos

Una primera victoria del último pañuelazo federal fue que la ley no pase por la Comisión de Presupuesto, a cargo de Esteban Bullrich, activo militante anti-derechos y ridículo poeta de fetos. La ley pasará por Salud, Justicia y Asuntos Penales y Constitucionales, pero de nuevo habrá expositores. ¡Parece que no les alcanzaron las más de 700 exposiciones en Diputados! En realidad el único objetivo es dilatar la votación.
La Iglesia y los sectores reaccionarios motorizan nuevas trabas para frenar la legalización, sabiendo que todo cambio en el texto implica la vuelta a Diputados. Agregan proyectos que plantean sólo despenalizar u otros cambios sobre la adopción, mostrando que nos consideran meras incubadoras sin libertad de decidir sobre nuestros cuerpos.

Varias clínicas privadas plantean incluir la objeción de conciencia institucional. ¡Caraduras! Desde el mismo sector privado que lucra con los abortos clandestinos pretenden restringirnos el acceso a la salud y avasallar nuestro derecho a decidir.
Varios senadores argumentan que, como en sus provincias el sistema de salud es malo, legalizar el aborto costaría demasiado. ¡Otro verso de los mismos que aprueban presupuestos de ajuste! Las casi 60.000 internaciones por año por abortos infectados cuestan el doble de lo que saldría atender los abortos. Y además de evitar más de cien muertes anuales, si hubiera producción pública de misoprostol ahorraríamos el 70% del costo actual.
Otros anti-derechos afirman que la ley es inconstitucional. Falso también. Según la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, “la vida, en general, comienza desde la concepción”. Precisamente se puso en general porque el aborto es legal en más de 80 países que son firmantes, como la Argentina, de esos tratados internacionales1.

Camino al 8A para que sea ley

La Iglesia y el Papa siguen presionando para impedir el aborto legal. Mientras los obispos llaman por teléfono a los senadores, los “pro-vida” hostigan y amenazan a chicas jóvenes que llevan pañuelo verde. Hasta hicieron una movida ante el Senado en simultáneo con el martes verde, para provocar. Pero esta presión medieval la vamos a derrotar como lo hicimos hasta ahora: con la fuerza de la movilización.
Estas semanas necesitamos la mayor unidad en las calles para lograr el derecho por el que luchamos hace tanto tiempo. Es importante que la plenaria nacional de la Campaña que se hace este fin de semana en CABA tome un rol movilizador.
Desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST creemos que es posible ganar, si somos miles y miles. Vamos con cada martes verde y preparemos acciones hacia el día de la votación. Sumate a participar de nuestras reuniones feministas y disidentes para organizar pañuelazos en las plazas, escuelas y lugares de trabajo. ¡Hagamos crecer la marea verde para que el 8 de agosto, con una vigilia multitudinaria en Congreso y en todo el país, el aborto legal, seguro y gratuito sea ley!

1. La protección del derecho a la vida “no es absoluta, sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que la obligación del Estado de preservarla no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia Murillo, 2012)