Esta semana hicimos pañuelazos ante las catedrales en varias ciudades del país, como inicio de una campaña nacional por la separación definitiva del Estado y la Iglesia Católica.

La Iglesia viene en baja. Todas las encuestas muestran la disminución de sus fieles. A eso se suman los nuevos casos de curas pedófilos acá y en todo el mundo, la reciente denuncia de monjas abusadas y el escándalo el cura salteño “pro-vida” que le niega el apellido a su hija.
En esa misma Salta, donde hasta el año pasado daban religión en las escuelas públicas y miles de niñas y niños eran llevados de prepo a misa, a la primera visita a la Virgen del Milagro, en la Catedral, de 240 chiques de una escuela fueron sólo 24.
Pese a este declive, la Iglesia se ha puesto a la cabeza de la reacción anti-derechos. Como de costumbre, cada vez que avanzamos en la conquista de nuevos derechos, la Iglesia se opone. Desde las vacunas hace casi dos siglos atrás, al divorcio vincular, la responsabilidad parental compartida,el matrimonio igualitario y ni qué decir ante cada logro que vamos conquistando que cuestione el rol de las mujeres como un objeto de la producción y reproducción social del capitalismo.
Al igual que los cultos evangélicos, la Iglesia Católica siempre se posiciona en contra del progreso y se entromete en la vida pública con sus dogmas y prejuicios.

Ni en nuestro nombre ni con nuestra plata

La Iglesia goza de libertad y poder para desarrollar e imponer su dogma, gracias al sostén económico del Estado. Por leyes de la dictadura se le pagan sueldos y jubilaciones al clero y la suma más abultada que recibe son los subsidios a las escuelas religiosas. Este año la Iglesia recibirá más de 32 mil millones de pesos, que bancamos entre todes pero que van a una institución que no sólo no enseña Educación Sexual Integral, sino que, como lo vimos ahora en Córdoba, echa a docentes por pensar distinto.
Además de esos privilegios y la exención de todo impuesto, el macrismo quiere avanzar con una ley de “libertad religiosa”. Aparte de incluir la objeción de conciencia, legaliza el secreto ministerial1. La objeción le permitiría a una docente negarse a dar ESI por sus creencias o a un empleado público no casar a dos lesbianas, mientras que el secreto habilitaría, por ejemplo, a un cura a no denunciar abusos de menores.
La libertad de cultos merece respeto. Lo que no aceptamos es que con la plata de todes el Estado banque a un culto determinado, enemigo de todos nuestros derechos de género. Como bien dijo Ricky Martin en 2013, “Iglesia y Estado, asunto separado”. O como decimos ahora, ¡quien quiera un cura que se lo pague y que los curas se vayan a laburar!

¿“No es el momento”?

El debate por la separación Iglesia-Estado se perfila como la próxima batalla contra la injerencia oscurantista, dogmática y no científica en la política pública. No obstante, hay sectores del PJ, del kirchnerismo y de la centroizquierda que dicen “aborto legal sí, pero separación no”. Empiezan a recular en chancletas, planteando que “no es el momento”.
Para estos sectores, muchos de los cuales sostenían que el tema aborto era una cortina de humo de Macri para tapar el ajuste, ir por la separación de la Iglesia y el Estado es demasiado. Lo ven como un ataque al Papa Francisco, a quien consideran aliado en la defensa de “los pobres” y opositor al gobierno nacional.
Pero es un error. Más allá de algún chisporroteo coyuntural, el Vaticano, toda la jerarquía y el aparato de la Iglesia trabajan desde hace dos mil años por sostener el orden establecido. Anteayer, apoyaron la conquista española y el genocidio de nuestros pueblos originarios. Ayer, apoyaron a la dictadura militar genocida. Y hoy siguen al servicio de la “paz social”, o sea la conciliación de clases, y del sistema capitalista. Estado burgués e Iglesia tienen una relación de mutua conveniencia para mantener este orden social injusto.
No podemos perder, entonces, la dinámica que hemos generado en la lucha por el aborto legal: la marea verde debe ir también por el Estado laico.

Propuestas hacia un Estado laico

Total separación del Estado y la Iglesia Católica. Anular los subsidios estatales a la Iglesia para los sueldos y jubilaciones de sus obispos, curas y hasta las becas de sus seminaristas, derogando las leyes 21.950, 21.540, 22.162, 22.950, 22.430. Derogar todas sus exenciones fiscales y también la Ley 17.032 del Acuerdo Vaticano-República Argentina.
Anular los subsidios provinciales a la enseñanza religiosa y privada, y volcar esa plata a la escuela pública. Poner fin a la instrucción religiosa, rezos y demás acciones confesionales en las escuelas públicas de Tucumán, la única provincia del país donde aún subsiste esa práctica y contra la cual hemos presentado un amparo. La educación debe ser estatal, laica, científica, moderna, gratuita y obligatoria. Aplicación efectiva de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, con perspectiva de género y disidencia.
Reformar el Código Civil y Comercial nacional para considerar a la Iglesia persona jurídica privada, igual que los otros credos, y para eliminar el artículo 19 según el cual “la vida empieza desde la concepción”. Restituir al Estado los inmuebles traspasados a la Iglesia y/o a sus entidades y cobrarle alquiler por el uso de aquellos cedidos en forma gratuita. Retiro de las imágenes y símbolos religiosos de todos los establecimientos públicos.
Juicio y castigo a los curas pedófilos y abusadores. Prohibición a los obispos y curas de todo tipo de contacto a solas con niñas y niños. No al proyecto de ley de “libertad religiosa”, que entre otros perjuicios autoriza el secreto clerical sobre delitos.
1. Artículo 16 inciso a: “Los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial.”

Celeste Fierro