Lo que empezó como una aparente maniobra político judicial destinada a cambiar el eje de la discusión de la grave crisis económica que atraviesa el país y la masiva pelea por el aborto legal, desatóuna suerte de Lava Jato (1) local, que tiene a Cristina en el centro pero que involucra a los empresarios más importantes de la Argentina y al mismo gobierno de Macri.
Primero fue el hallazgo de las fotocopias de Centeno, el chofer del ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. En ellos se detallaban las andanzas de este personaje hoy preso, uno de los principales recaudadores de coimas durante el gobierno de los Kirchner.
Una lista importante de empresarios fue directamente a la cárcel. Primero los más ligados al anterior gobierno K señalaron que lo que pagaban eran aportes de campaña coaccionados por los funcionarios de turno. Esto lo reconoció parcialmente el ex jefe de gabinete de Cristina, Abal Medina, que admitió haber recibido dinero de los empresarios con fondos no declarados.
Entre los empresarios que desfilaron por la justicia estuvo Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Macri, quien convenientemente se acogió a la figura del arrepentido y no paso ni un minuto por la cárcel. Ahora fue a declarar en la causa por las coimas en el soterramiento del Sarmiento que se denunciaron en el caso Odebrecht y desmintió cualquier ilícito… Los parientes del presi, no pueden ir presos.
Finalmente declaró Carlos Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción de la era K, pieza clave en el entramado de los retornos en la Obra Pública. En sus declaraciones Wagner, ex amigo de Julio De Vido, deschavó cómo era el mecanismo: se juntaban las empresas antes de cada licitación para acordar previamente quien la iba a ganar, luego con el primer adelanto de los pagos de la obra la costumbre era «retornarle» a los funcionarios del gobierno la totalidad del pago menos el 21% correspondiente al IVA, con que se comenzaban los trabajos. Los porcentajes de retorno oscilaban entre el 10 y 20% y se calcula a «grosso modo» que en los 12 años de gestión K el monto de sobornos fue de 36.000 millones de dólares.
Como comenta Carlos Pagni, en La Nación del 13 de agosto, lo que dijo Wagner abarca mucho más que lo sucedido en la administración K, un mecanismo de sobreprecios y compensaciones de lo que alguna vez se llamó «la patria contratista» por el cual se financian todos los gobiernos, incluido el actual gobierno de Macri. Como señaló en un programa reciente el ahora funcionario macrista Luis Juez, es la práctica habitual de los gobiernos provinciales del presente y el pasado. Están implicados en la causa los tres gigantes de la construcción de la Argentina Techint, Benito Roggio y Corporación América.
Una maniobra que surgió con el objetivo de desprestigiar a Cristina, empieza a poner a la luz pública la inmensa trama corrupta que abarca a toda la clase empresarial y la casta política del país.
Ahora se presentó y quedó preso Claudio Uberti, ex titular de OCCOVI, que fue el funcionario interviniente en la maniobra de las famosas valijas de Antonini Wilson. Uberti es el primer funcionario de la gestión kirchnerista que abre la boca e implica directamente a Néstor y Cristina. El miedo a ir presos augura una catarata de millonarios arrepentidos, con lo que la causa puede convertirse en una verdadera caja de pandora que destape muchos negociados.
El actual affaire de los cuadernos que se desarrolla en medio del pico de una nueva crisis e inestabilidad de la economía, refleja a su vez disputas interburguesas entre las que se mencionan el interés de la embajada yanqui por quitarle el negocio de las represas de Santa Cruz a los chinos. Suma, en medio del peor momento de Macri, otro elemento de inestabilidad a la ya complicada situación económica y la investigación puede salirse de madre, a partir de la crisis política en desarrollo, afectando los intereses del propio gobierno que la impulsó.
La corrupción y la decadencia capitalista
Las célebres coimas de Odebrecht, la mega empresa constructora brasilera, abarcan a 12 países de América Látina, entre ellos la Argentina. Por sus negociados hay presos y procesados presidentes, altos funcionarios y empresarios de grandes empresas.
En la crisis profunda que atraviesa el sistema capitalista necesita nichos no tradicionales, se llamen productos financieros de riesgo, negocios mafiosos y todo tipo de acciones «no sanctas» para disputar parte de la plusvalía generada por la explotación de la clase trabajadora, dadas las inmensas masas de capital que no pueden revalorizarse en el circuito productivo normal.
La corrupción siempre existió, lo que ha aumentado es su volumen. Las crisis políticas,las luchas de los trabajadores y disputas interburguesas, la ponen sistemáticamente al descubierto. Se convierte así en un factor adicional de la crisis del sistema, cuando millones comprueban cómo las viejas formaciones políticas roban sin ningún escrúpulo el dinero del Estado que deberían invertirse en las condiciones sociales, salud y educación de todo el pueblo.
Una justicia al servicio de los corruptos
Los «cuadernos» que están en manos de Bonadío desde enero, son usados para armar esta megacausa justo ahora cuando Macri está atravesando el peor momento de su mandato. Los acompañan importantes efectos mediáticos como el allanamiento al edificio donde vive Cristina, etc., etc.
Van presos funcionarios y empresarios kirchneristas pero no va preso Calcaterra que tuvo importantes negocios con los K y a Franco Macri le intentan perdonar gran parte de los 4.000 millones de dólares que debe de la concesión del Correo en la era K en vez de meterlo preso.
¿Qué va a pasar con los empresarios que declararon que eran aportes de campaña y se acogieron a los regímenes de arrepentidos, cuando se está demostrando que no eran víctimas sino cómplices del circuito mafioso de la concesión de la Obra Pública? ¿Investigarán hasta el final el financiamiento ilegal del macrismo que saltó con los aportantes truchos de Vidal? La respuesta es sencilla.
La Justicia funciona al servicio del sector patronal que está en el poder, perdonando los ilícitos propios. Una verdadera mafia corporativa. El emblema de la Justicia K era el ahora arrepentido juez Oyarbide. Bonadío trabaja para los intereses del macrismo.
No podemos pedirle a esta Justicia que investigue quiénes fugaron los 12.000 millones de dólares al exterior de la última corrida cambiaria, o en el Panamá Papers de la familia Macri, o los negocios en los paraísos fiscales de Caputo y compañía. Son negocios «normales», según nos relatan los medios amigos, de un conjunto de empresarios ahora en funciones de gobierno, que protegen sus capitales ante la inestabilidad del país.
Y ni hablar de la mayor estafa al país, probada en la resolución del Juez Ballesteros sobre los ilícitos en la contratación de la deuda argentina en épocas de la Dictadura que denunció Alejandro Olmos.
Esta Justicia no va a investigar hasta el final ésta, considerada la trama de corrupción más grande de la historia argentina. Es una justicia al servicio de los intereses capitalistas y las mafias de turno en el poder. Es una justicia de clase al servicio de los negocios capitalistas.
Gustavo Giménez
(1) Lava Jato: mega operación judicial que en Brasil descubrió la enorme trama de corrupción entre la mayoría de la dirigencia política brasilera y el empresariado de ese país, por la cual se hayan muchos ex funcionarios y empresarios presos y procesados. Entre ellos y como parte de una maniobra política proscriptiva, el ex presidente Lula.
5 propuestas contra la corrupción
La corrupción es un aspecto estructural del sistema capitalista en el que vivimos. No se trata solamente de un problema moral de funcionarios y empresarios corruptos. Forma parte de la lógica de funcionamiento de las instituciones políticas y económicas. Por eso para combatirla es necesario avanzar con medidas de fondo que apunten hacia las raíces del problema, haciendo cambios que afecten los pilares del régimen y el sistema.
Una Conadep de la corrupción
Un aspecto central a señalar es que la justicia forma parte de los mecanismos de la corrupción. No se trata solamente de jueces notoriamente sospechados de corrupción y de vínculos con el Poder Ejecutivo o Legislativo como Oyarbide o Bonadío. El poder judicial completo está atravesado por sus relaciones con los demás poderes del Estado, a los cuales lo une una dependencia estructural. Se encuentra, además, atada por miles de lazos al poder económico. Ésta es la clave de la impunidad política y empresarial.
Para ir contra esta estructura de encubrimiento, favores cruzados e impunidad proponemos formar una Conadep de la corrupción. Se trata de poner en pie una comisión de investigación independiente de los poderes del Estado, que tenga plenos atributos legales que le permitan desarrollar una investigación a fondo e imparcial. La misma puede ser creada por ley, integrada por personalidades independientes, y dotada de los poderes para investigar sin restricciones y hacer públicos sus resultados.
Elección directa de jueces y fiscales
Un aspecto central para dar una respuesta integral al problema de la corrupción es avanzar hacia una transformación radical de la justicia. Hoy los jueces son seleccionados a través del Consejo de la Magistratura que propone los candidatos que luego son designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura también tiene a su cargo el control del poder judicial y fundamentalmente el mecanismo de remoción de los jueces por jurado de enjuiciamiento.
Este entramado institucional da lugar a la formación de una verdadera casta judicial que se autorregula y que además está subordinada al Poder Ejecutivo y Legislativo dando lugar a todo tipo de acuerdos políticos que garantizan la impunidad. Proponemos democratizar la justicia avanzando hacia la elección directa de jueces y fiscales. Que sea el pueblo el que los designe mediante el voto en elecciones separadas de los cargos políticos, y que también sea el pueblo el que los pueda revocar a traves del voto. Esto debe ir vinculado a la eliminación de todos los privilegios de casta. Que cobren como un director de escuela y que paguen impuestos como todos los ciudadanos. Además hay que pasar a retiro inmediato a todos los jueces federales designados por la dictadura.
Imprescriptibilidad y embargo
La casta política también rebalsa de privilegios con los que hay que terminar. La función pública no debe ser un espacio para el enriquecimiento personal ni para favorecer a grupos empresariales propios o amigos.
Sostenemos que los delitos de corrupción deben ser imprescriptibles, sin vencimiento, para que el tiempo no garantice la impunidad. Los funcionarios condenados por corrupción deben devolver lo que se robaron: embargo automático e incautación de sus bienes hasta restituir lo adeudado. Lo mismo vale para los empresarios corruptos. Deben cobrar como un docente, ser revocables en todo momento y es necesario eliminar los fueros. También deben mandar a sus hijos a la escuela pública y atenderse en el hospital público, ellos y sus familias.
Prohibir los aportes empresariales
Tanto el caso de los cuadernos como el de los aportantes truchos revelan un mecanismo de financiamiento de la política a través de aportes empresariales. Los partidos del régimen reciben millones de los empresarios, y estos millones son devueltos otorgando contratos de obra pública, entregando patrimonio público a precio de remate, legislación favorable, etc. La casta política gobierna para los empresarios que la financian, no para el pueblo que los vota. Estas prácticas alimentan las «cajas negras» del régimen político que se han transformado en un mecanismo de financiamiento de los partidos tradicionales que escapa a toda forma de regulación.
Frente a esto el macrismo propone blanquear los aportes empresariales. Esta respuesta busca mantener intacto el problema central del retorno de aportes por favores entre los empresarios y la casta política, lo legaliza. Nosotros proponemos prohibir todo aporte de empresarios. Las campañas deben ser financiadas de manera equitativa y austera por el Estado, garantizando el reparto democrático de los espacios de radio, televisión y el acceso a imprenta para que se escuchen todas las voces.
Control social
La burguesía argentina ha transformado el saqueo de lo público en un verdadero modelo de acumulación. El presupuesto y los bienes públicos no pueden continuar siendo la base sobre la cual engordan los capitales privados.
Para ello es necesario avanzar con el control social. En primer lugar, de todas las licitaciones y contratos del Estado. No pueden seguir desarrollándose a puertas cerradas, y frecuentemente con los mismos personajes (o sus testaferros) de uno y otro lado del mostrador. Si una empresa es sospechada de corrupción, hay que abrir sus libros contables e investigar sus cuentas bancarias. Los prespuestos estatales deben tener un estricto control social. Toda la obra pública debe ser realizada de manera directa por el Estado y se deben estatizar los servicios públicos, todo bajo control democrático de lxs trabajadorxs y usuarixs.
Las cinco propuestas anteriores deben articularse como parte de una salida anticapitalista, que da respuesta al nucleo del problema de la corrupción: el régimen político y el sistema capitalista.
Luis Meiners
