Tal como lo vienen informando varios diarios desde la semana pasada, el gobierno macrista y la cúpula de la Iglesia Católica han empezado a debatir “alternativas de financiamiento” de esta última institución. ¿Qué discuten? ¿De cuánto dinero público estamos hablando? ¿Qué otros privilegios tiene la Curia argentina?
Nuestro país no tiene ninguna religión oficial y hay libertad de cultos. O sea, se supone que el Estado nacional es laico. Pero según el artículo 2º de la Constitución Nacional, “el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Si bien ese texto no dispone ningún sostén económico, en base a esa formalidad que viene desde 1853 la Iglesia Católica recibe del Estado miles de millones de pesos cada año y goza también de prerrogativas legales.
Siendo respetuosos de todas las creencias religiosas, aunque no las compartimos porque no creemos en ningún dios y defendemos la ciencia y el ateísmo, vemos necesario terminar con dichos privilegios estatales hacia un culto determinado.
Cruz y espada, siempre aliadas
Siempre aliada al poder dominante, la cúpula de la Iglesia Católica bendijo a la dictadura militar genocida que devastó nuestro país desde 1976 a 1983. En esos negros años, Francisco Bergoglio, el actual Papa, desprotegió a curas jesuitas que fueron secuestrados. A cambio del favor político de defender a aquella “sociedad occidental y cristiana” que pregonaban los milicos, la dictadura benefició a la Iglesia con cinco decretos-ley1 que continúan hasta hoy, ya que ninguno de los gobiernos constitucionales posteriores los derogó.
De ese modo, con plata del pueblo salida de los impuestos que pagamos todxs, el gobierno banca mes tras mes los sueldos y las jubilaciones de 120 obispos y arzobispos y de 640 curas, así como las becas de 1.200 seminaristas de la Iglesia. ¿Por qué tenemos que seguir sosteniendo con dinero público a gente que no produce nada útil y que encima son fervientes militantes anti-derechos? Insistimos: que los curas se vayan a laburar y quien quiera un cura que se lo pague.
Además, por un acuerdo que impuso la dictadura militar de Juan Carlos Onganía en 1966, a la Curia todavía se le permite aplicar el derecho canónico -religioso- por encima de las leyes argentinas.
Privilegios económicos y jurídicos
Ante el descontento popular hacia la Iglesia y el propio Papa, que viene creciendo desde el debate sobre el aborto y los escándalos de pedofilia y encubrimiento, la Conferencia Episcopal Argentina y el gobierno macrista comienzan a abrir el paraguas. Por eso barajan variantes para reducir “gradualmente” los casi 180 millones de dinero del Presupuesto nacional que esa institución milenaria se embolsa año tras año para solventar sus sueldos y las obras en sus edificios.
No obstante, el principal monto que recibe la Iglesia Católica es otro: el de los subsidios a sus colegios privados, que pagan todas las provincias. Este año, esa plata supera los $ 32.000 millones. Y además, va a colegios en donde los curas niegan la Educación Sexual Integral y transmiten sus dogmas anticientíficos y en contra de las mujeres y las disidencias. Aun en minoría, también están subsidiadas las escuelas confesionales evangélicas, judías y musulmanas.
Nuestra propuesta es anular todos esos subsidios del Estado, incluidos los que recibe el resto de la educación privada, que es un negocio, y volcarlos a donde tanto hace falta: a la escuela pública. Sería un aumento inmediato del 20% del presupuesto educativo.
Además de los fondos directos que recibe, la Iglesia se beneficia por estar exenta de impuestos. ¡Ni siquiera paga el ABL de los más de 18.000 inmuebles que tiene en todo el país! Por las propiedades que le ha cedido el Estado tampoco paga alquileres y de algunos inclusive obtiene renta, como por ejemplo el estadio Luna Park, que pertenece a la Sociedad Salesiana San Juan Bosco y a Cáritas Argentina.
Aparte de plata, la Iglesia Católica cuenta con privilegios legales. Según el Código Civil y Comercial reformado bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se la considera persona jurídica pública como si fuera un Estado. Esto implica que sus bienes son inembargables. Y el proyecto macrista de ley de “libertad religiosa” (art. 16) pretende concederles el secreto ministerial2. O sea, que puedan encubrir por ejemplo a curas pedófilos.
Ni plata santa ni nada: ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!
Pablo Vasco
1. Nº 21.950, 22.950, 22.162, 22.430 y 21.540.
2. “Los ministros de culto están exentos de la obligación de declarar sobre hechos respecto de los cuales deban guardar secreto ministerial de acuerdo a lo que dispongan las normas de la propia entidad, y no podrán ser relevados de dicho secreto por ninguna autoridad administrativa o judicial.”
