Economía en recesión, inflación imparable, dólar por las nubes, despidos y represión, universidades tomadas y el FMI que marca de cerca. Sobre esa realidad han montado un verdadero show mediático y judicial que, lejos de buscar justicia, apunta a producir un clima electoral favorable a los responsables del ajuste y sus cómplices. De todo menos justicia.
El juez Bonadío, uno de los jueces de la “servilleta de Corach”, impulsado por Menem, a su cargo y con numerosos vínculos con el senador Picheto, es el capitán de un show mediático y judicial que seguramente es comandado desde oficinas que no se encuentran en Comodoro Py.
Es evidente para quien quiera verlo, que no se trata de una casualidad ni del resultado casi mágico de una investigación. La aparición de las fotocopias de los cuadernos, el coro de “arrepentidos” y la ocupación total del espacio mediático con la línea “anti corrupción” responde a una necesidad del gobierno de Mauricio Macri, incluso compartida con algunos socios de la oposición, para reubicarse en medio de una crisis política que no logra cerrar.
Algún desprevenido podría confundir la cruzada de Bonadío como un avance en el camino de la justicia. Pero si pasamos el show por el tamiz de la realidad, nos encontramos con una cortina de humo para tapar los problemas o incluso explicarlos a partir de la corrupción K. Una nueva versión de la “pesada herencia” como justificación del desastre del gobierno de Cambiemos.
La jugada del macrismo, empalma con intereses de “opositores” como Picheto, que pretenden rearmar una alternativa peronista pero que saben que corren serios riesgos de perder una interna contra Cristina.
Por eso el juez excluye a Macri y su grupo empresario de la “investigación”, cuando están más que comprobados los vínculos de las principales empresas con el esquema de sobornos y coimas. Por eso La Nación tiene las fotos de los cuadernos aunque éstos no aparecen, y los allanamientos, se discuten largamente en los medios. Entonces, más allá de los caminos que siga la causa, no es justicia lo que encontrará al final del recorrido.
La defensa de Cristina con los pies en el plato
Mucho se habló en estos días del gran discurso de Cristina, de las frases picantes que tuvo para con Micheti. Incluso del supuesto cartel que le habría dejado a Bonadío en la heladera (humorada de los seguidores k). Lo que no se dice es que Cristina no propuso ni propone ninguna alternativa para romper el show mediático sino que acepta la instrucción del juez, los allanamientos y utiliza la exposición pública para fidelizar a su base social, luego de mantenerse al margen de los principales procesos de lucha real contra el ajuste, con un bloque político que no encontraba eje en la coyuntura y ensayaba como única respuesta la promesa del 2019. El show la vuelve a colocar en el centro de la escena y ella lejos de patear el tablero y exigir una investigación a fondo, proponiendo mecanismos democráticos para avanzar realmente contra la cartelización de la obra pública y el sistema permanente de coimas y retornos, se limita a aceptar las reglas del juego.
En el medio de esta disputa, el debate por la Ley de extinción de dominio, volvió a mostrar el rol reaccionario del Senado y a sumar argumentos para exigir su inmediata disolución. La corrupción es estructural y esta justicia es adicta al poder de turno. Hasta que los jueces y fiscales no sean electos por voto popular, la única propuesta coherente para combatir la corrupción político-empresarial es mediante una comisión investigadora independiente, al estilo de la CONADEP, integrada por personalidades incuestionables y sin limitaciones para sacar a luz todas las coimas y negociados.
Korrupción en clave nac&pop
Más allá del show macrista de los allanamientos, es evidente que durante el gobierno de los K, se mantuvo una estructura de negocios “lubricados” con cuantiosos retornos. Para ir hasta el final necesitamos una CONADEP de la corrupción.
Si bien el “kirchnerismo” se transformó en un fenómeno político reconocido nacionalmente a partir del 2003, la estructura de poder y los principales “administradores” del espacio vienen caminando juntos desde los tiempos de la intendencia de Río Gallegos y la Gobernación de Santa Cruz.
Desde su ubicación en distintos cargos políticos, tanto Néstor como Cristina Kirchner construyeron una estructura de negocios que los llevó a ser multimillonarios.
Más allá de la retórica y la mística, durante los gobiernos kirchneristas se mantuvo y se consolidó el esquema de cartelización de la obra pública y se fortalecieron algunos jugadores, entre ellos el grupo Macri, que más allá de las disputas y la pirotecnia verbal, siguió prendido a la teta del Estado.
Durante esos años estallaron una serie de casos emblemáticos que desnudaron las tramas de corrupción entre el gobierno y el empresariado, en algunos casos con consecuencias trágicas como la Tragedia de Once o el incendio de república Cromañón, las inundaciones en la plata, entre otras.
En todas ellas se exponían los mecanismos de coimas a funcionarios de distintos rangos para evitar controles o asignar fondos para obras que nunca se concretaban.
Otro caso que expuso la existencia de retornos, coimas y sobreprecios fue el de Skanka en el 2005, con acusaciones de sobreprecios del 152% y millonarios pagos a funcionarios ocultos con facturas apócrifas.
Al igual que los casos abiertos contra la familia Macri, la gran mayoría de las causas contra funcionarios, durante el gobierno, dormían en los despachos. Un despacho privilegiado para dormir era el de Norberto Oyarbide.
Jaime, De Vido y Boudou, entre otros, conforman el círculo construido alrededor de la familia K y, sin dudas están involucrados en el mismo sistema de “lubricación” de la adjudicación de contratos en la obra pública, subsidios e incluso negocios como el desarrollado con la imprenta Ciccone calcográfica.
Para llegar hasta el final, y no sólo conocer y juzgar todos los casos de corrupción, sino también recuperar lo robado, no sirve el circo judicial. Necesitamos una CONADEP de la corrupción.
Martín Carcione
