La justicia actual es parte de esta trama corrupta y por lo tanto incapaz de llevar una investigación imparcial. Hace falta un organismo independiente del gobierno y esta justicia. Proponemos una «Conadep contra la corrupción» y otras medidas de fondo.

Debería conformarse con personalidades de los derechos humanos, sindicales y sociales, artistas e intelectuales cuya honestidad personal sean aceptados por la mayoría de la sociedad.
Debería ser aprobada por una ley del Congreso que le otorgue plenos poderes para investigar, meterse en cuanto nicho gubernamental o empresario exista, sin tener que depender de una orden judicial. Tener las finanzas y medios necesarios para tan importante tarea y todas las garantías para que sus integrantes o las familias de los mismos no puedan ser coaccionados en el presente o en el futuro.
Sus investigaciones deberían ser publicadas en forma inmediata. Los funcionarios o empresarios que se nieguen a colaborar deben ser penados civil y penalmente rápidamente.

Democratizar la Justicia

Hoy el Consejo de la Magistratura propone los jueces. Luego el Poder Ejecutivo negocia en el Senado su aprobación realizando acuerdos en la que se intercambian favores y negocios. El mismo Consejo de la Magistratura puede destituir a los jueces en un juicio político a tal fin. Los fiscales también son designados por el Poder Ejecutivo en una negociación con el Senado, a partir de una terna que le eleva la Procuraduría. Ambos son producto de una negociación en las alturas.
Basta de títulos de nobleza. Deben ser elegidos por el voto popular. Sus mandatos deben ser por un período limitado y tienen que poder ser revocables durante su mandato por los mismos electores que los designaron. Deben pagar impuestos como todo ciudadano. Deben ser una norma los juicios por «jurado popular» para no dejar en manos de un funcionario las condenas y fallos judiciales. Hay que echar a los jueces y fiscales que vienen de la dictadura o estén involucrados en actos represivos, de corrupción o parcialidad a favor del poder político de turno.

Terminar con la «patria contratista» y prohibir el financiamiento empresario de los partidos

Toda la obra y los servicios públicos deben estar a manos del Estado en forma completa. Así se van a terminar las coimas y retornos entre empresarios y gobernantes. Al contrario de la propuesta de Macri que pretende blanquear el aporte empresario, debe prohibirse. Los partidos políticos deben ser sostenidos por aportes igualitarios del Estado, suficientes para hacer sus campañas y asegurar su funcionamiento.

Embargo de los bienes e imprescriptibilidad de las causas

El Congreso está discutiendo una ley de extinción de dominio en medio de una negociación para diluir sus efectos concretos. Es necesario que funcionarios y empresarios sobre los que haya pruebas categóricas de corrupción sean embargados, sin que el poder de turno viole las garantías procesales arbitrariamente y para esto es necesario el control social de esta herramienta. Las causas de corrupción deben ser imprescriptibles.
Terminar con los privilegios de casta de los funcionarios políticos y judiciales, deben ganar como una directora de escuela, mandar a sus hijos a la escuela pública y atenderse con su familia en el hospital público. Y cuando su estilo de vida cotidiano, o denuncias debidamente fundadas, muestren claros signos de enriquecimiento, deben ser removidos inmediatamente hasta que puedan probar el origen de los fondos.
Deben anularse los fueros que protegen a los políticos contra las investigaciones por corrupción y realizar en paralelo una reforma judicial profunda, para que ésta no sea utilizada por el gobierno para proscribir a la oposición.

Control social

Debe suspenderse de manera inmediata el pago de la deuda externa y realizarse una auditoria que determine las responsabilidades de la clase dirigente argentina en este desfalco al pueblo argentino.
Todas las licitaciones del Estado deben ser controladas por los trabajadores y usuarios. Se deben abrir los libros de contabilidad de toda empresa sospechada de actos de corrupción. La ejecución de los presupuestos estatales debe tener control de los trabajadores estatales y el pueblo.
Finalmente, la lucha contra la corrupción debe estar ligada a una salida que cuestione las bases mismas de su origen: el régimen político y el sistema capitalista.

Gustavo Giménez

El prontuario de Macri y su círculo. Los sospechosos de siempre

Excedería largamente la capacidad de estas páginas desarrollar la cantidad de negocios turbios, corruptelas y estafas que figuran en el frondoso prontuario de Macri y sus empresas familiares. Desde el crecimiento exponencial del grupo durante la dictadura militar y los últimos casos de las estafas a miles de personas que figuran como aportantes de campaña, y afiliadas sin serlo, por solo tomar algunos casos.
Como empresario, dirigente del fútbol y funcionario público, el actual presidente muestra una obstinada coherencia para la corrupción y el saqueo a lo público en beneficio propio y de su familia.

Apropiación privada de los recursos públicos

Desde sus orígenes, las empresas de la familia Macri crecieron al amparo de los negocios otorgados por el Estado en múltiples rubros. Durante el período de la última dictadura Civico Militar, el grupo Macri pasó de 7 empresas en 1973 a 47 en 1983, abarcando un amplio abanico de negocios que van desde la construcción hasta las adquisiciones de miles de hectáreas de tierras en diversos puntos del país.
Nadie en su sano juicio puede creer que ese crecimiento fue producto del trabajo y el esfuerzo, nada más lejano. Lo que se encuentra en la base del salto del grupo en los peores años de la represión, es una fenomenal estafa contra el patrimonio público que terminó de consumarse en 1982 cuando, de la mano de Domingo Cavallo, se estatizó la deuda privada de las empresas de los Macri (entre otros) pasando al conjunto de lxs trabajadores USD 170,6 millones, y como lo refiere MDZ online en una nota sobre el tema “Si ello parece escandaloso, más lo fue el hecho de que gran parte de la deuda estatizada se desvió a través de auto préstamos, es decir préstamos que se hacía la misma empresa con dinero que tenia ahorrado en bancos del exterior. El banco emisor del crédito era el testaferro de la empresa y el cómplice se esta estafa.”(1) Pero la relación se iba consolidando con el judicial, que en el 2000 terminaría absolviéndolos por esta estafa “originaria”.
Desde ese momento y hasta la actualidad, el grupo Macri y sus diversas sociedades han sido beneficiarios de miles de millones de dolares provenientes desde el Estado por distintas vías: estatización de deuda, regímenes de promoción industrial, condonación de deudas, etc., pero lejos de conformarse con esa actividad parasitaria sobre lo público, con esa obscena transferencia de recursos a unos pocos bolsillos, decidieron invertir algunos de ellos en el contrabando.
En 1994 se descubrió que la empresa SEVEL, propiedad de los Macri, exportaba autopartes a Uruguay beneficiado por un régimen de promoción industrial para luego reingresarlas al país como autos armados a través de dos empresas radicadas en el vecino país, también propiedad de los Macri. Mauricio ya ocupaba en aquellos años importantes puestos de dirección en el grupo.
Nuevamente en 2001, la Corte Suprema absolvió a los contrabandistas.
Represas, cloacas, autopistas, correos y cientos de casos más completan el rompecabezas decana en corruptelas.

Un funcionario coherente con el legado familiar

Como ya vimos, la actividad “privada” de Mauricio y su familia se basó escencialmente en robar de lo público y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en su rol de funcionario público se mantuvo coherente con ese legado.
En su desembarco a la función pública estuvo (y está) acompañado de sus fieles socios de negocios la mayoria de ellos familiares. Así los nombres de Caputto, Calcaterra, Puerta, Groso y tantos otros suenan fuerte en una enorme cantidad de licitaciones directas por parte del Estado, de CABA primero y después del Estado Nacional, sólo que esta vez de ambos lados del mostrador. La más resonante quizás es la obra de soterramiento del Sarmiento, entregada a la empresa IECSA dirigida por el “arrepentido” Calcaterra, testaferro y primo de Mauricio, quien junto con ODEBRTCH (famosa por el Lava Jato Brasilero) se hicieron de un jugoso negocio.
Con estos antecedentes no extraña para nada el reciente caso de los aportantes truchos, utilizados para lavar millonarias sumas para la campaña electoral o los escandalosos subsidios truchos que robaban punteros PRO del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La apuesta al circo mediático y judicial de Cambiemos, para tapar la penosa situación del país, se expone aún más frente a este verdadero prontuario.

Martín Carcione

(1) Los Macri y la estatización de sus deudas en 1982. MDZ Online, 10/01/2013.