Ariana McGuire Villalta, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
Hay una situación grave de violación a los derechos humanos, que ha dejado un saldo de más de 440 personas asesinadas, por francotiradores y paramilitares en conjunto con la Policía Nacional. Más de 400 personas en este momento están reportadas como desaparecidas; 2.000 heridos o lesionados para toda la vida, producto de la represión; más de 160 presos políticos acusados de terroristas, de producir o financiar producción de armas de destrucción masiva, producto de la Ley Antiterrorismo aprobada y publicada el 20 de julio. También hay un éxodo, una migración enorme. Más de 50.000 personas tuvieron que salir del país; hay más de 30.000 peticiones de asilo político sólo en Costa Rica, donde hay una crisis humanitaria porque esta gente está viviendo en condiciones infrahumanas, recibiendo maltratos y xenofobia. Estamos en una tercera fase de represión. La primera fueron los ataques y asesinatos de manifestantes en las movilizaciones y estudiantes en las universidades tomadas. La segunda fue la «operación limpieza» en la que aparecen los grupos paramilitares y levantan todos los tranques, las barricadas de defensa en las comunidades. En la tercera fase, en la que estamos desde la Ley Antiterrorismo, hay una cacería de líderes sociales y estudiantiles, que están siendo secuestrados de sus casas.
Carolina Hernández Ramírez, Movimiento Nacional Frente a la Minería Industrial
La represión de Ortega y Murillo no nació el 18 de abril, sino mucho antes. Mi movimiento nació hace más de cuatro años, igual que el movimiento campesino. Nos han venido a imponer la megaminería y la ley canalera. Prácticamente, el gobierno ha entregado la soberanía a las transnacionales. Nuestras comunidades han sido militarizadas por oponernos a sus megaproyectos. No nos han dejado marchar libremente, se nos ha encarcelado, hay miembros de mi movimiento que fueron encarcelados en El Chipote, la cárcel que utilizó Somoza cuando la dictadura. Al líder del movimiento campesino Medardo Mairena lo tienen allí. Estábamos acostumbrados a que nos reprimieran, a que nos militarizaran, nos golpearan, pero no a que nos asesinaran. Debido a esta grave situación, los movimientos sociales nos hemos unificado para buscar una pronta salida. Y tenemos desmentir esa campaña de Ortega que dice que somos la derecha golpista. No somos eso: somos el pueblo de Nicaragua, que pide justicia y democracia.
Yander Parajón, hermano de Jimmy Parajón -asesinado en Managua el 11 de mayo- y representante de las Madres de Abril
El gobierno de Ortega-Murillo no sólo es asesino, sino que es un Estado fallido: está políticamente colapsado. Ya no cuenta con la mayoría del pueblo, sino con una minoría que está siendo manipulada. La mayoría de los asesinados tienen un patrón común, que es que fueron asesinados por especialistas en materia de armamentos de guerra. Son disparos certeros en la cabeza, el cuello o el tórax, sobre todo del lado izquierdo, lacerando el corazón y el pulmón, como en el caso de mi hermano. Por lo cual consideramos que no es simplemente la policía que está involucrada, sino también el ejército, no de manera formal, pero sólo ellos poseen ese armamento bélico y son especialistas en ello. Daniel Ortega se proclama de izquierda. No lo es. El gobierno de Ortega y Murillo, que se dice socialista, cristiano y solidario, es un Estado fallido, es un Estado genocida que ha cometido crímenes de lesa humanidad. Botamos una dinastía en 1979, y hoy Ortega se tiene que ir, y se va a ir. No vamos a soltar las calles: vamos a seguir para conseguir esa justicia que no se consiguió en aquella revolución, porque fueron secuestrados los ideales políticos y de justicia social por Ortega, Murillo y sus compinches.
