La insurrección de abril de 2018 comenzó en respuesta a la reforma en seguridad social que pretendieron imponer Ortega-Murillo impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, Daniel y Rosario mostraron su cara más pro-imperialista en detrimento de la población nicaragüense, mostrando ser lo opuesto a un gobierno de izquierda.

Las manifestaciones rápidamente cambiaron de consignas, debido a la violenta represión gubernamental a través de la policía; se exigían la renuncia de Ortega y Murillo del poder, iniciar un proceso de aplicación de justicia para las víctimas, y la democratización profunda del Estado. La juventud nicaragüense fue la vanguardia de las protestas, con especial participación de estudiantes, que frente a las balas disparadas por la Policía Nacional se atrincheraron en diferentes centros universitarios, y levantaron barricadas junto a la población. El movimiento campesino anticanal que venía combatiendo la política entreguista del partido de gobierno desde 2013, levantó tranques en todo el territorio nacional. Para mayo pasado, lo sectores sociales en resistencia, juventudes y el campesinado junto a la población barrial y trabajadora habían paralizado un 85% del país. Desde abril, los crímenes de lesa humanidad de la dictadura ha dejado un saldo de más de 500 asesinados según la ANPDH (1). Al menos 780 personas son presas políticas según cifras del Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos; miles de personas heridas, un número indeterminado de desapariciones forzadas y más de 70 mil personas exiliadas.

El diálogo de la impunidad: nuestro rechazo

Dos intentos de diálogos nacionales se han configurado en este año de resistencia activa. El primero, de mayo a junio del 2018. En esa ocasión, pese a que Ortega estaba contra la pared y presionado por la masiva movilización popular; el resultado fue nefasto: se oxigenó la dictadura y se ejecutó la “Operación Limpieza” preparada por Ortega y Murillo. Un operativo a escala nacional entre la Policía Nacional y grupos paraestatales dirigidos por el partido FSLN, que a través de balas y terror aplastaron la movilización, las marchas masivas, tranques, barricadas y el atrincheramiento de las universidades y ciudades. A pesar de la clausura de esta mesa, las relaciones entre empresariado y dictadura se mantuvieron. Los grandes empresarios que cogobiernan con Ortega desde 2007, han sido el mayor obstáculo en la lucha popular contra la dictadura asesina. En febrero de 2019 se conocieron encuentros entre los más grandes empresarios y la dictadura, quienes anunciaron la reapertura del diálogo, esta vez a puertas cerradas, con mayoría empresarial, y la presencia del nuncio apostólico del Vaticano; un espacio opuesto a los sectores oprimidos. El objetivo en esta ocasión es preparar una transición pactada con los criminales del régimen, boicoteando la movilización popular y retrasando las presiones/sanciones internacionales. La empresa privada a través de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto al Vaticano quieren lavarle la cara al régimen por medio de la firma de acuerdos en papel mojado, donde la dictadura se compromete a respetar los derechos establecidos en la constitución nicaragüense; para intentar evitar que la población se vuelque masivamente a las calles y termine acabando con el régimen y los intereses de los poderosos. Las presas y presos políticos se han llevado la peor parte de la represión, pues un sinnúmero de denuncias de torturas inhumanas han salido de las cárceles del régimen. Pero ellas y ellos resisten, no les van a callar. Han organizado dentro de la prisión, acciones que se escabullen entre las rejas para recordarnos su compromiso, para que no claudiquemos, para que no negociemos sobre sus libertades, ni la sangre de nuestras hermanas y hermanos asesinados. Tal es el caso de las 8 presas políticas que realizaron una huelga de hambre del 27 de febrero al 13 de marzo de 2019. El motivo de esta acción radical fue denunciar que estaban siendo “usadas” como moneda de cambio en las negociaciones. Las presas políticas, ya lo habían dado todo, sólo les quedó su salud para ser escuchadas, para exigir su libertad inmediata y para denunciar el nuevo pacto en proceso, frente a nuestros ojos. También denunciaron al nuncio, quien pidió a las presas abandonar su huelga porque “interrumpió las negociaciones”.

Retomar la movilización y construir alternativa política

No hay diálogo posible con la dictadura y el sector empresarial para garantizar todas las libertades que la población nicaragüense demanda, así como la aplicación de justicia real e integral para las víctimas del terrorismo de Estado y el inicio de la refundación de Nicaragua. No queremos diálogo para salvar al régimen y preservar sus privilegios. La libertad de nuestras hermanas y hermanos prisioneros políticos no son ninguna moneda de cambio, ni punto de negociación. Tampoco las alcanzaremos a través de elecciones anticipadas para escoger un nuevo gobierno que administre la pobreza, la miseria y la injusticia capitalista en nuestro país. La transformación profunda de Nicaragua será posible a través de la movilización masiva de la población en las calles, con elecciones para una Asamblea Constituyente Libre, Soberana y Democrática. Un espacio deliberativo donde el pueblo discuta todo sobre nuevas bases económicas, sociales y políticas; sin pactos de cúpulas, con el pueblo movilizado y empoderado. Es urgente levantar un programa de ruptura con el FMI; que establezca condiciones reales de presupuesto para salarios, acceso a educación y salud de calidad, tierra para quien la trabaja con reforma agraria; apertura de los archivos de la dictadura; desmantelar su aparato represivo; implementar una reforma judicial y política; con funcionarios con mandato revocable y sin privilegios, dónde los jueces y cargos directivos sean electos por el pueblo; y separar Iglesia del Estado. La población en general, y en especial las víctimas primarias de los crímenes de lesa humanidad, como lo son las presas y presos políticos, y las y los asesinados, a sus familias, de las cuales muchas se encuentran organizadas en el Comité Pro Liberación y la Asociación Madres de Abril merecen acceder a una justicia real, por medio de cuatro pilares claves: Memoria, Verdad, Reparación Integral y No Repetición de crímenes de lesa humanidad ni terrorismo de Estado. Y por eso es imprescindible el juicio y castigo a Ortega y Murillo y demás criminales de lesa humanidad. Para toda esta agenda es fundamental una Constituyente y una salida de poder independiente de capitalistas, represores y el Vaticano. Nuestro propósito tiene que ser luchar por un gobierno de la población trabajadora, el campesinado y la juventud quienes pusieron el cuerpo y la vida en esta insurrección. Para eso, es imprescindible poner en pie una organización anticapitalista, feminista e internacionalista. En este sentido, llamamos a todo el activismo juvenil, a los movimientos sociales y territoriales en Nicaragua y el exilio a tomar todas estas medidas en sus manos. Nosotros jóvenes nicaragüenses, exiliados y militantes de Anticapitalistas en Red levantamos esta estrategia para Nicaragua, la región y el mundo.

Elmer Rosales / Ariana McGuire
Estudiantes nicaragüenses, militantes de Anticapitalistas en Red

1. Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.